11 millones y medio de españoles, en riesgo de pobreza y exclusión social
Más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid.
La Red utiliza el indicador europeo AROPE (según el riesgo de Pobreza o Exclusión, por sus siglas en inglés) para medir el grado de pobreza y exclusión en España. Concluye que en 2010, más de 11,5 millones de personas en España, un 25,5% de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.
“La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir”, explica EAPN Madrid. Además incide en que “este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía”.
Por comunidades autónomas, Extremadura es la que registra una tasa más alta, con un 41,5% de sus ciudadanos al borde de la pobreza y un incremento del 3% entre 2009 y 2010. Le sigue Canarias, cuyo riesgo es del 35,3%, y Melilla, donde el 37.3% está en esta situación. Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (23,3%), Asturias (18,4%)y Cantabria (17%.
La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo un aumento precisamente de un millón de personas.
Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer “una profunda transformación de las políticas sociales en España” para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una estrategia “que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades autónomas”.