Arenas se compromete a modernizar y agilizar la Justicia para adaptarla a las necesidades sociales, económicas y demográficas

El presidente del Partido Popular andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, se ha comprometido a modernizar, agilizar, hacer más eficiente y especializada la administración judicial, mediante un pacto cuyo objetivo común sea adaptarla a las necesidades sociales, económicas y demográficas de la Comunidad.
Tras participar en el Foro de Justicia, organizado por el PP andaluz en la localidad granadina de Loja y en el que participaron diversos colectivos de este ámbito, el candidato popular afirmó que hay caminos que, por su complejidad, requieren esfuerzos de todos y diálogo, además de un diagnóstico realista de la situación y así dar solución a las carencias de la Administración.
“En 1997 Andalucía recibió las competencias de Justicia en medios materiales y personales, pero el balance no ha sido positivo para los ciudadanos”, lamentó Javier Arenas, quien añadió que “no podíamos imaginar que iba a suponer un paso atrás en la calidad de este servicio fundamental”. En este sentido, defendió el estado de las autonomías, si bien criticó que en Andalucía “no ha fallado la autonomía, han fallado las políticas que deberían haber redoblado la calidad del servicio”, puntualizó.
En este sentido, se mostró partidario de abrir un debate sobre los actuales modelos judiciales y de nombrar una comisión de expertos de prestigio para hacer un balance autocrítico sobre su estado y el de las autonomías.
Para el presidente del PP andaluz, la administración de Justicia es una prioridad estructural y coyuntural porque, a su juicio, es “el pilar del sistema democrático, en el que recae nada más y nada menos que la protección de los derechos y libertades”.
Por todo lo anteriormente reseñado, el candidato del PP andaluz se comprometió a impulsar y promover un paquete de medidas recogidas en el ‘Pacto por la Justicia’ con garantías económicas y con un nuevo esquema de las necesidades de la administración judicial, entre las que destacó:
– La realización de un mapa de necesidades de la administración de Justicia.
– Desplegar Oficina Judicial.
– Un Plan de Choque para reducir los asuntos pendientes y las sentencias sin ejecutar, en colaboración con el TSJA, el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial.
– Instar a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para un reparto más equilibrado del trabajo.
– Establecer un calendario fiable para las Ciudades de la Justicia, que están prometidas desde el año 1990.
– Acometer la necesaria transformación tecnológica.
– Poner en marcha medidas que compatibilicen los sistemas informáticos y la interconexión de los juzgados, con una base de datos única
– Mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita y garantizar la misma.
– Extender la cobertura del Sistema Andaluz de Salud a los abogados y procuradores.
– Potenciar la mediación y el arbitraje.
– Mejorar el funcionamiento y acceso a los Puntos de Encuentro Familiar.
– Apoyar una nueva regulación de la ley de Responsabilidad del Menor.
– Reforma del sistema de penas del Código Penal, para endurecer las penas en los delitos cometidos contra menores y contra personas especialmente vulnerables.
Colapso de la Justicia en Andalucía
Sobre el colapso que sufre la administración judicial en Andalucía, Arenas lamentó que sea “la más colapsada de España”, que tenga “el mayor volumen de asuntos pendientes”, y “el mayor número de sentencias sin ejecutar”. Según informó, desde que se inició la VIII Legislatura, los asuntos pendientes aumentaron más de un 40 por ciento y se acumularon más de 152 diarios.
Respecto a las ejecutorias, consideró escandaloso que el aumento de las mismas alcance casi un 62%, pasando de de las 274.329 a las 443.662, lo que supone 143 más cada día.
Además, también indicó que en Andalucía a penas se ha avanzado en la puesta en marcha de la Oficina Judicial; las carencias en infraestructuras judiciales son muy significativas; y en la digitalización de los procedimientos judiciales no se ha avanzado.
“El proyecto de cambio es un cambio a mejor, un cambio al servicio de las personas, que no busca el aplauso de los que menos sufren, sino ayudar a los que más sufren”, concluyó.
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