Economistas y abogados analizan todos los recursos legales que permitan la viabilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo
El Colegio de Economistas de Almería y el Colegio de Abogados celebran estos durante dos días la decimosexta edición de sus Jornadas de Derecho Concursal y Societario
La decana, Ana Moreno, subraya la imprescindible labor de ambos colectivos y pide a las empresas “que prevean anticipadamente las situaciones de insolvencia para evitar entrar en concurso y la posible liquidación, en aras de evitar cierres y pérdidas de empleo”.
Como cada año, y ya van dieciséis, los mejores expertos en Derecho Concursal y Societario se reúnen este jueves y viernes, 19 y 20 de octubre, en torno a las Jornadas que coorganizan los Colegios Profesionales almerienses de Economistas y Abogados con el único propósito de actualizar conocimientos en todo lo que hace referencia a las herramientas e instrumentos que permitan evitar el cierre y liquidación de empresas, con lo que eso representa para el global de la economía de toda la provincia, la actividad económica y el empleo.
Así lo ha destacado en la inauguración la decana de los Economistas, Ana María Moreno Artés, que ha subrayado “la importancia de la formación en estas materias para el buen fin de estos procedimientos, tanto preconcursales como el Plan de Reestructuración, como concursales. Asimismo, en estas jornadas se pone en valor la gran labor profesional de economistas, abogados y auditores de cuentas en su papel de administradores concursales y expertos en reestructuración, sin olvidar que, en cualquier caso, lo importante es que las empresas prevean anticipadamente las situaciones de insolvencia, para evitar entrar en concurso y la posible liquidación, lo que supondría el cierre de empresas, pérdidas de empleo y actividad económica”. Algo que resulta vital, más si cabe en tiempos de incertidumbre por numerosos factores como el aumento de costes, la inflación o la coyuntura en todo el mundo.
En representación del Colegio de Abogados, el acto inaugural ha contado con la presencia del socio director de Lealtadis Abogados, José Ramón Parra Bautista, que ha reforzado el mismo mensaje al asegurar que “acciones como ésta nos permiten ser técnicamente mejores para dotar a las empresas de herramientas para que el tejido y el empleo se mantenga, y que si que hay que recurrir a una liquidación se haga bien”.
En la inauguración ha estado presente también la nueva delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de Almería, Rebeca Gómez, colegiada además en ambos colectivos profesionales. Gómez ha apuntado que “es fundamental conocer todas las vías y tener el mayor respaldo de la legalidad que marca las reglas del juego” y ha indicado nuevos objetivos como “la apuesta por la digitalización sin duda va a mejorar el proceso judicial, así como también la implantación de nuevos juzgados que permitan reducir los tiempos procesales y apoyando igualmente la resolución extrajudicial de conflictos”.
Ponencias del primer día
Cinco expertos han desarrollados los primeros bloques temáticos de unas jornadas que se desarrollan durante todo el jueves, día 19, y el viernes, día 20. Unas jornadas que este año están dedicadas casi en exclusividad al nuevo texto refundido de la Ley Concursal.
La primera de ellas ha corrido a cargo de la magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Almería, Marta Aragón Arriola, que ha hablado de los instrumentos de defensa frente al Plan de Reestructuración. La magistrada ha mostrado en primer lugar su sorpresa porque “se pensaba que la herramienta del Plan de Reestructuración iba a tener un uso residual y sin embargo se está usando de forma mayoritaria, con el objetivo final siempre de sacar adelante la empresa”. Aragón ha puntualizado que “la homologación de un Plan de Reestructuración no es una declaración de solvencia de la empresa, pero sí apunta a cómo va a ser solvente a corto o medio plazo en función de las disposiciones apuntadas”. En este sentido, se abre un conflicto en torno a la posibilidad de que las clases que tienen que votar el plan puedan votar de manera disidente, reduciéndose además el plazo de impugnación a quince días hábiles.
La abogada y economista Encarnita Hervías López ha cogido el testigo para situar el foco en otro punto espinoso de esta reciente herramienta de los planes de reestructuración y que gira en torno a si un empresario o personal natural con actividad empresarial pero que no tiene masa puede acogerse o no a ella. “Los planes estaban ideados para las empresas pero al final están siendo muchas personas físicas y no micropymes las que lo están solicitando”, ya sea como deudor o como acreedores, generando un intenso debate entre los presentes. Entre las obligaciones, Hervías ha hecho hincapié en que “es necesario comunicar a la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social que se ha tramitado la solicitud en un plazo de 72 horas, ya que tiene incidencia a posible quitas y esperas”.
El economista delegado de Activos Concursales en Andalucía, Germán Mellado Peña, ha considerado que “cada vez se hace más necesario que exista una regulación de entidades especializadas a la hora de elaborar planes de reestructuración, que permitan concluir un trabajo de recopilación de datos que sea creíble y veraz de cara a los acreedores o los posibles compradores”. Ese estudio pormenorizado debe tener en cuenta la valoración de activos y el funcionamiento de la empresa, la estructura de costes, evolución, riesgo comercial con los clientes, tasaciones sobre los activos, estudio de actividad y mercado del sector al que pertenece y, finalmente, los cálculos de rentabilidad derivados de todos esos datos recogidos y analizados previamente. Incluyendo la posibilidad de un prepack concursal que supervise todas las operaciones de venta de la unidad productiva que pueda hacer el deudor antes de la declaración de concurso.
La última sesión de la sesión de mañana ha corrido a cargo del magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Luis Show Morcillo, que ha desarrollado su ponencia con las claves y aspectos fundamentales a tener en cuenta, a partir de la legislación y de la jurisprudencia, en la exoneración del pasivo insatisfecho y crédito público. Un hecho que “ha provocado una avalancha de concursos de personas físicas” ya que ahora “no es un beneficio sino un derecho de todo deudor de buena fe”, que se presupone. Los requisitos o los elementos que impiden otorgar esas exoneraciones o la idoneidad de incluir o no los créditos públicos según el caso han sido fuente de debate y análisis hasta llegar al punto final en el que se puede caer en ‘el mito de Sísifo’ si se exoneran algunas deudas por insolvencia pero sin embargo se mantienen las de la Hacienda Pública.
Para terminar el socio director de Lealtadis Abogados, José Ramón Parra Bautista, ha versado en torno al procedimiento de la formación de clases en los planes de reestructuración a la luz de las primeras resoluciones de los juzgados mercantiles y audiencias provinciales, y ha abogado por “hacer un mayor esfuerzo para salvar a las microempresas, que son las que más a mano deberían tener todos los recursos y herramientas posibles para llegar a acuerdos con acreedores y tomar todas las medidas preconcursales posibles que den viabilidad a la compañía antes de llegar a un concurso ineficiente”.
