El año 2011 deja una España azul, con enorme poder del PP y una situación económica muy grave
Superadas dos elecciones perdidas y líos internos de todo pelaje, Mariano Rajoy ha cumplido, siete años después, el objetivo para el que le ungió José María Aznar: será presidente de la mejor manera posible, tras una rotunda victoria en las urnas, pero quizá en el peor momento. Sus gestos cuando ganó las elecciones, el 20N, reflejaban esa contrariedad, e incluso el discurso que ofreció a los medios de comunicación nada más confirmarse la victoria estaba plagado de referencias a la gravedad de la situación económica.
Y es que Rajoy llega al Gobierno para gestionar una economía con cinco millones de parados que derrocha dinero en los intereses para la propia financiación y cuyos ingresos siguen en caída libre, hasta el punto de que el superávit de la Seguridad Social empieza a peligrar. Tendrá que remodelar el funcionamiento de la administración pública, lo que podría crear más paro, y estudiar qué hace con las coberturas sociales, entre ellas la del desempleo.
Vistas las cosas así, no es de extrañar que el próximo presidente del Gobierno, en el balcón de Génova nada más ganar las elecciones, en medio de la euforia, se limitara a dar un bote como única licencia a la satisfacción. Su victoria se veía venir y este 2011 no ha sido más que un largo y paulatino acceso del PP al poder; primero municipal y autonómico, y finalmente al gobierno central con una mayoría absoluta que puede facilitarle la toma de decisiones.
Lo que venga está por ver, pero a Rajoy hay méritos que nadie le puede quitar ya: el Partido Popular gobierna en 11 comunidades autónomas, en Ceuta y en Melilla, en cerca del 90 por ciento de las capitales de provincia, además de la mayoría absoluta en las dos cámaras.
Ya desde el comienzo del año, el PP empezó a prepararse y su Convención Nacional de Sevilla cerró anteriores tensiones internas y sirvió para ofrecer la imagen de un partido dispuesto a gobernar en cualquier momento. La presión para el adelanto electoral crecía más en el entorno del PP que en el propio partido, donde Rajoy recurría a este mensaje con cierta prudencia a pesar de que en la formación era general la sensación de que Zapatero estaba más debilitado que nunca.
En febrero el partido se adentró en un proceso formal de proclamación de candidatos para las comunidades autónomas que se prometía tranquilo, pero nuevamente a Rajoy le terminaron salpicando algunas zozobras. Así, en Asturias los populares no supieron que hacer con Francisco Álvarez Cascos hasta el último momento, cuando el líder del PP se decantó por Isabel Pérez Espinosa. Cascos entonces se enfadó, se dio de baja del PP, creó Foro Asturias y ganó las elecciones en el Principado.
También fue proclamado Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, aunque el cerco sobre él por el caso Gürtel se iba estrechando. Después de presentarse a las elecciones y ganarlas aún con más margen sobre el PSOE que cuatro años atrás, Camps se envalentonó todavía más para asombro de los populares. El expresidente valenciano se veía con el respaldo del líder del PP, quien en plena campaña de las autonómicas compartió con él el escenario de la plaza de toros de Valencia, y se mostraba convencido de que el Gürtel, al final, no le afectaría. Se equivocó. A mediados de julio la instrucción le vio culpable en la causa de los trajes y le abocó a un proceso con jurado popular, así que todo el PP se puso manos a la obra para obligarle a dimitir.
Fue muy complicado: el 20 de julio la insistencia de Federico Trillo puso una piedra, la desolación familiar puso otra y Rajoy colocó la restante: le dio un ultimátum vía telefónica. Al margen de la jaqueca del caso Gürtel con un coste político que ha terminado en cero, Mariano Rajoy se ha entregado todo el año a la economía, tanto en su despacho recibiendo a personalidades de las finanzas, como en almuerzos privados o en las comparecencias públicas en el Congreso.
Han sido muchos sus duelos con José Luis Rodríguez Zapatero sobre la dirección de la gestión económica, que a Rajoy siempre le ha parecido la errónea, pero quizá el que más resonó fue el del debate sobre el estado de la nación de finales de junio. Allí el líder del PP se mostró como el presidente que puede sacar a España de la crisis y apuntaló la teoría del fin del ciclo socialista.
Un mes después, a finales de julio, el jefe del Gobierno anunció el adelanto de las elecciones al 20 de noviembre. El líder del PP tenía lo que quería. Desde entonces, una larga campaña que ha culminado con la victoria anhelada por Rajoy: mayoría absoluta y veredicto irrefutable de la ciudadanía. Sólo que el panorama económico ha supuesto que su triunfo soñado se ha producido en mitad de una pesadilla.
El hundimiento del PSOE
El PSOE cierra el año 2011 prácticamente privado de poder y huérfano de liderazgo, después de encadenar dos batacazos electorales que le han llevado a perder el control del Gobierno y de la mayor parte de las comunidades y ayuntamientos mientras busca una nueva dirección con la que enderezar el rumbo.
Las generales del 20 de noviembre han culminado una decadencia electoral que comenzó a hacerse evidente en los comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo, cuando perdió casi todos sus feudos territoriales en juego, entre ellos comunidades tan emblemáticas como Castilla-La Mancha y Extremadura. Sólo mantiene los gobiernos de País Vasco y Andalucía, y en este último caso con la espada de Damocles de las elecciones autonómicas del próximo año, para las que todas las encuestas pronostican una nueva derrota socialista.
Las dos derrotas electorales consecutivas y la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirarse han dejado al PSOE “abierto en canal”, sin apenas poder territorial y sin un liderazgo definido. Con este escenario llegará a su 38 congreso federal, previsto para el primer fin de semana de febrero en Sevilla, en el que los socialistas tienen que elegir a un nuevo secretario general en sustitución de Zapatero.
Para ello suenan los nombres del candidato electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de la ministra de Defensa en funciones, Carme Chacón, pero ninguno de los dos se ha atrevido todavía a formalizar su candidatura, a la espera, al menos, de que pase el debate de investidura de Mariano Rajoy.
El año ya había comenzado con las dudas sobre si Zapatero iba a optar de nuevo a la presidencia del Gobierno, que él mismo alimentó en Navidad en una conversación informal con periodistas, y las cábalas sobre su futuro se sucedieron hasta que el 2 de abril comunicó ante el Comité Federal del PSOE su decisión de no repetir.
Para entonces ya se habían desatado las luchas larvadas entre Rubalcaba y Chacón, que se acrecentaron con el revés de los comicios autonómicos y municipales, hasta el punto de que sólo cuatro días después del 22M la ministra anunció en una declaración sin preguntas ante los medios que abandonaba la carrera sucesoria.
Dio a entender que no lo hacía con gusto, sino presionada, para evitar más daños a la imagen del partido y a la del propio Zapatero con una batalla cainita que buena parte de los dirigentes socialistas creían inoportuna en ese momento. Rubalcaba recibió las bendiciones de todos los “barones” territoriales y de la dirección del partido, fue proclamado candidato sin más contratiempos y renunció a sus cargos en el Gobierno para dedicarse en cuerpo y alma a la campaña electoral.
Una campaña que ha dirigido la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, después de que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, fuera nombrado nuevo portavoz del Gobierno en los ajustes realizados por Zapatero tras la marcha de Rubalcaba.
Ni el clarísimo giro a la izquierda plasmado tanto en el programa electoral como en las declaraciones del candidato, ni el anuncio de la banda terrorista Eta de abandonar definitivamente la violencia han servido de nada al PSOE para evitar el descalabro. Tampoco parece haber influido la entrega a la causa del ex presidente Felipe González, que ha multiplicado su presencia en mítines pese a que hace unos pocos meses había confesado que cada vez se sentía menos simpatizante del PSOE.
El aluvión de datos económicos negativos, la reforma exprés de la Constitución o las informaciones periodísticas sobre la supuesta implicación de José Blanco en un caso de corrupción han golpeado a los socialistas en la recta final para las elecciones generales, en las que han taladrado su suelo electoral hasta situarse sólo en 110 diputados en el Congreso.
Por el camino se han quedado históricos como José Bono, que no ha querido repetir como diputado, el propio Zapatero, que se volverá a León, o José Blanco, quien piensa desaparecer de la primera línea tras el congreso de febrero. Ahora falta por ver si el PSOE será capaz de recorre esta nueva travesía del desierto a la que se enfrenta prácticamente sin aprovisionamientos y con unas bases rebeladas, que quieren tener voz y voto en las decisiones sobre el futuro del partido.
La economía no mejoró
La economía española cierra 2011 con cinco millones de parados y al borde de la recesión, después de un año en el que las perspectivas de mejora se han evaporado ante el hostigamiento de unos mercados que forzaron en buena medida el adelanto de las elecciones generales.
La delicada situación económica obligó también al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pactar en verano una reforma apresurada con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria y regular por ley el máximo déficit público en el que pueden incurrir las administraciones.
La medida apenas calmó a los mercados, empeñados en poner en cuestión la capacidad de España para satisfacer su deuda, lo que se ha visto reflejado en un incremento de la prima de riesgo -tecnicismo que ha pasado a formar parte del vocabulario de los españoles- hasta niveles considerados la antesala de un rescate.
La crisis de la deuda soberana, que se ha extendido a casi todos los países del euro, trajo consigo un derrumbe de la confianza que ha tenido efectos negativos sobre la economía real al dinamitar las expectativas de que 2011 fuera el año de la recuperación.
Las previsiones gubernamentales fijaban un avance del PIB para este año del 1,3 %, que sería posible por la mejoría del consumo de los hogares, el aumento de la inversión privada y la fortaleza de la demanda exterior, y a pesar de los ajustes presupuestarios para mantener a raya el déficit público.
Sin embargo, el Gobierno reconoció en noviembre que el crecimiento económico no superaría el 0,8 %, después de que el contexto de incertidumbre y desconfianza llevara al estancamiento de la economía en el verano e hiciera pensar a analistas y expertos internacionales en una nueva recesión a principios de 2012.
Inicialmente también se esperaba que a finales de año la economía tuviese ya vigor suficiente para empezar a generar empleo neto, aunque no tanto como para disminuir significativamente la tasa de desempleo, que sólo caería del 20,1 al 19,8 %. Lejos de esas expectativas, a estas alturas del año el número total de desempleados previsiblemente ya habrá sobrepasado los cinco millones, después de que el último dato conocido situara en septiembre el total de parados en 4.978.300, el 21,5 % de la población activa, la tasa más alta desde 1996.
El número de personas registradas en los servicios públicos de empleo también ha ido aumentando casi todos los meses, salvo entre abril y julio por el inicio de la temporada turística, hasta alcanzar un total de 4.420.462 millones en noviembre.
No han ayudado a corregir las cifras de paro los cambios acometidos por el Gobierno en el ámbito laboral, entre los que se encuentran las bonificaciones a la contratación a tiempo parcial, la extensión del contrato de aprendizaje hasta los 30 años o la frustrada reforma de la negociación colectiva, de la que los agentes sociales no han hecho uso alguno.
La desfavorable evolución del mercado de trabajo, unida a la falta de crédito y la caída del poder adquisitivo son los responsables de que las familias no gasten y las empresas no inviertan, mientras que el sector de la construcción ha acentuado su caída sin que haya surtido efecto la rebaja temporal del IVA adoptada en agosto para incentivar la compra de vivienda.
Así las cosas, el único sostenimiento de la economía lo constituyen las exportaciones, que aumentan a un ritmo del 8 % interanual, y el turismo, con cifras récord tanto en la entrada de extranjeros como en el dinero que se gastan en el país, aunque en un escenario de desaceleración económica internacional estos indicadores también podrían verse afectados.
De momento sólo parece posible que se pueda cumplir la meta de reducir el déficit público al 6 % del PIB, si bien algunos analistas creen que ese objetivo podría desviarse alguna décima al alza por culpa de las comunidades autónomas.
Para contar con un mayor margen fiscal, el Gobierno adoptó medidas adicionales que incluyen la reducción del gasto farmacéutico y el aumento de los pagos que las grandes empresas adelantan a cuenta del impuesto de sociedades. Además, decidió recuperar de forma transitoria el impuesto sobre patrimonio para las fortunas superiores a 700.000 euros, pero su efecto sobre la recaudación no se notará hasta 2012 y dependerá de que las comunidades autónomas -que tienen transferida su gestión- decidan reactivarlo.
También con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas se abordó a principios de año la reforma del sistema de pensiones, la única consensuada con la patronal y los sindicatos, por la que se elevará gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años y se aumentará de 15 a 25 años el periodo de vida laboral para calcular el importe de la pensión.
Eta deja la violencia y los abertzales llegan al Congreso
El 20 de octubre de 2011 pasará a la historia como el día en que Eta anunció su renuncia definitiva a la violencia. Justo un mes más tarde, en las elecciones generales del 20N, la izquierda abertzale, reencarnada en la coalición Amaiur, regresó al Congreso de los Diputados después de 15 años de ausencia.
El 2011 comenzó con un comunicado de la banda que, el 10 de enero, declaró un alto el fuego “de carácter general”, anuncio al que siguieron otros nueve pronunciamientos hasta el del “cese definitivo” de su actividad armada.
La banda decía adiós a 51 años de historia terrorista, en los que ha asesinado a 858 personas, entre víctimas de atentados de la propia Eta y de otros grupos escindidos de la organización terrorista, como los Comandos Autónomos Anticapitalistas.
El final de la violencia ha llegado en un año marcado por la extrema debilidad de los terroristas, asfixiados por la presión de las fuerzas de seguridad que en los últimos años han descabezado hasta en seis ocasiones sus cúpulas dirigentes, sin olvidar que la banda tiene a más de 700 de sus miembros en prisión. Solo en 2011 han sido detenidos medio centenar de personas por su presunta relación con Eta.
Sin una dirección clara en sus aparatos militar y político -Ekin, su estructura política, se disolvió en septiembre-, Eta ha perdido progresivamente su capacidad para atentar a consecuencia de los golpes policiales a sus arsenales, el último el descubrimiento la semana pasada de un zulo en Vizcaya donde la Ertzaintza halló 40 kilos de material para fabricar bombas.
A esta merma en sus capacidades se unió la pérdida de una de sus mayores fuentes de ingresos, el denominado “impuesto revolucionario”, que dejó de recaudar en abril.
En paralelo, este año también ha sido el de la irrupción de la izquierda abertzale en el escenario político, al que vuelve con fuerza con las marcas de Bildu y Amaiur. La primera coalición, integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes, logró convertirse en la fuerza política con más concejales en el País Vasco, después de que el Tribunal Constitucional revocara la prohibición del Supremo de que participara en los comicios municipales de mayo.
Un apoyo electoral que precedió a la victoria histórica que el pasado 20N consiguió Amaiur un mes después del anuncio de Eta. La formación de la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar logró 7 escaños, seis en Euskadi y uno en Navarra.
La coalición soberanista volverá así al Congreso después de quince años, ya que los dos diputados que logró Herri Batasuna en 1996 no llegaron a tomar posesión de sus cargos. Inmersa en la batalla política durante este año, la izquierda abertzale también ha marcado el paso a Eta y ha culminado su estrategia de imponer el cese de la lucha armada, un camino iniciado en 2009 con la declaración de Alsasua, en la que por primera vez habló del final de la violencia.
Dos años después, la escenificación de esta apuesta por el uso de las vías políticas tuvo lugar en San Sebastián el 17 de octubre en una conferencia que reunió a exmandatarios internacionales y cuya declaración final pidió a Eta lo mismo que 72 horas después comunicarían tres encapuchados: el cese definitivo de la violencia.
En este tiempo, y especialmente en 2011, los abertzales han exigido cada vez de forma más clara que Eta desaparezca y hasta el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi llegó a decir en julio que la estrategia militar “sobra y estorba”. Precisamente, el colectivo de presos etarras ha sido una de las piezas claves para llegar a la situación actual y sus perspectivas centrarán el nuevo tiempo.
Ya en enero, con el alto el fuego, los reclusos iniciaron un debate interno, no exento de discrepancias, que dio como resultado su adhesión en septiembre al Acuerdo de Gernika, suscrito por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, y que reafirmaba su apuesta por un final de la violencia.
Un 90 por ciento de los casi 800 reclusos del colectivo de presos de Eta (EPPK) se sumó al documento, que pedía el reconocimiento “de forma inmediata y sin contrapartidas” de los derechos de los internos, algo que incluso llegó a plantear el lehendakari Patxi López al proponer en septiembre un “acuerdo para la concordia”.
A esta petición han seguido en noviembre la demanda de beneficios penitenciarios individuales de un pequeño número de reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena y la solicitud de “acercamiento” al País Vasco y Navarra que el EPPK en bloque formuló el pasado sábado.
Será el PP el que tenga que gestionar estas exigencias, sobre las que el futuro presidente, Mariano Rajoy, ya ha asegurado que no aceptará concesión alguna a Eta para que se disuelva y entregue las armas, un paso que la banda afirma tener en su agenda pero hacia el que todavía no ha dado el paso definitivo. Quizá por ello todavía la mitad de los españoles, según la última encuesta del CIS, no acaba de creerse que estemos ante el verdadero final del terrorismo.