EL CONFIDENCIAL.- El Gobierno acabará con las duplicidades en la Administración
El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan de estabilidad y reformas. Incluye las medidas para alcanzar los objetivos de déficit, reformas en la administración para eliminar duplicidades, y un plan contra el fraude a la Seguridad Social.
El texto se remitirá inmediatamente a Bruselas. Un plan de estabilidad y reformas diseñado en torno a un cuadro macroeconómico con previsiones hasta 2015 bajo la premisa de reducir el déficit hasta el 3% en 2013.
El plan nacional de reformas explica de qué manera el Gobierno tratará de conseguirlo. La principal novedad que incluye es la lucha contra la duplicidad en las Administraciones Públicas. El Estado decididirá qué competencias asume cada ente cuando entren en conflicto sus funciones.
Por otra parte, se intensifica la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Un equipo de inspectores del Ministerio de Empleo tendrán como objetivo prioritario investigar en las empresas si todos los trabajadores están de alta en la Seguridad Social o casos de cobro irregular de las prestaciones por desempleo, además de controlar a especialmente a los sectores con más propensión a defraudar.
Los sindicatos se quejan de que este último plan se centre en los perceptores de prestaciones públicas. Por su parte, la Asociación de Asesores Fiscales asegura que el plan castiga a las pymes. El Gobierno espera el visto bueno de Bruselas para ganarse la confianza de sus socios europeos.
El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social incluye controles masivos sobre los sectores más susceptibles de fraude.
El documento precisa que para llevar a cabo estas actuaciones “extensivas” e “intensivas”, Empleo prevé la incorporación “inmediata” de hasta un centenar de efectivos en la Inspección de Trabajo con “dedicación prioritaria” a la lucha contra el fraude.
Concretamente prevé un incremento de 25 inspectores y 30 subinspectores en un primer momento y, entre finales de 2012 y principios de 2013, otros 44 inspectores y los subinspectores que superen el proceso selectivo actualmente en curso.
El plan arrancará con un plan de choque de actuaciones que se pondrán en marcha “de forma inminente”. Además, incorporará una mejora de los sistemas de inspección y una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos autónomos.
Según concreta, cuatro son los supuestos irregulares a perseguir. Por parte del trabajador, compatibilizar de forma indebida el cobro de prestaciones con el trabajo, especialmente en el caso del paro, y el acceso indebido a la prestación por desempleo. Del lado de los empresarios, emplear a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social y utilizar a extranjeros sin permiso de trabajo.
Controlar que los parados van a las oficinas de Empleo
Para ello, el plan contempla medidas en el ámbito del Servicio Público Estatal (SPEE) para controlar la presencia de los parados ante las oficinas de empleo y el cumplimiento de sus compromisos de actividad, así como para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación por desempleo.
Al mismo tiempo, se acometerán las modificaciones legislativas “que resulten necesarias” para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora y se cita el régimen sancionador penal y administrativo y la modificación de procedimientos administrativos.
Asimismo, el Gobierno prevé “intensificar” por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las actuaciones de control en materia de derivación de responsabilidades o de investigación de empresas ficticias, contrataciones y altas fraudulentas en el sistema.
Colaboraciones entre Administraciones
El plan también estrechará la colaboración entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como con las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión de las políticas activas de empleo.
Por último, Empleo considera necesario iniciar una campaña de concienciación social, que implique a los agentes sociales, para cambiar la percepción social sobre “este grave problema”.
El Ministerio de Empleo remarca en este documento previo que todas estas actuaciones contra el fraude en el empleo y la Seguridad Social se pretenden abordar “con el mayor consenso social”.
