El director general imputado al que defiende Griñán concedió ayudas con el procedimiento del ‘fondo de reptiles’
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto se ha preguntado este martes por qué el presidente de la Junta, José Antonio Griñán “se esfuerza tanto” en amparar y defender al actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, imputado por la jueza en el caso de los ERE. Soto no se explica la insistencia del gobierno en defender “en tromba” al alto cargo toda vez que, como ha demostrado la dirigente popular, Rivera “utilizó, sin tener competencias, el mismo procedimiento de dudosa legalidad, exactamente el mismo que el fondo de reptiles”.
Soto ha mostrado un documento en el que Rivera firma en el año 2010 una orden de pago de ayudas a la empresa Springer Arteferro, con cargo al ‘fondo de reptiles’. Según la portavoz popular, existen también órdenes de pago a las empresas Calderinox, Acyco y Surcolor, con cargo también a la partida 31L y que no pasaron por el Consejo de Gobierno, “ni por el consejero de Empleo”.
Para Rosario Soto, la “única obsesión” del Ejecutivo regional es “tapar la verdad” y “mentir sistemáticamente” en el asunto de los ERE, y aunque, a su juicio, el PSOE “intente cada vez más apretar la tapadera del escándalo de los ERE, esa tapadera cada vez salta más alto y apunta más alto”. Soto ha mencionado también “las mentiras” vertidas por los consejeros de Empleo y de Hacienda y Administraciones Públicas, Manuel Recio y Carmen Martínez Aguayo, respectivamente, en el Parlamento andaluz.
La portavoz del PP andaluz hizo referencia a las noticias que han trascendido de la declaración del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero a la Guardia Civil, en la que afirma que desde la Consejería de Empleo se ordenó destruir, a principios de 2011, documentación que pudiera aportar pruebas a la investigación judicial de los ERE.
Ha resaltado que en esas declaraciones también se informó de que “posiblemente se estuvieron elaborando nuevos documentos”, por lo que ha concluido que “no solamente se destruye sino que se trata de elaborar nuevos documentos para tapar el escándalo”, algo que lleva al PP a hablar de “obstrucción a la justicia permanente”.
Además, ha anunciado que el PP pedirá por la vía judicial las actas de los ‘consejillos’, –reunión previa al Consejo de Gobierno de la Junta entre los viceconsejeros del Gobierno andaluz y el consejero o consejera de la Presidencia–, que estuvieron dirigidos por el exvicepresidente del Gobierno andaluz y exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, por considerarlos “importantes para esclarecer la verdad” en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La petición se produce después de que Francisco Javier Guerrero, durante su declaración ante la Guardia Civil, hiciera referencia a ellos como el lugar donde se rechazaron y retiraron hasta ocho modificaciones de normas en relación con el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis, ante el conocimiento por parte del Gobierno andaluz de que el procedimiento utilizado era “irregular”.
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