El Gobierno se queda solo frente a la reforma laboral

Dos no negocian si uno no quiere, y la CEOE ha dicho que hasta aquí llega. El vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández, ha dicho continuar con la negociación es “marear la perdiz”. Y le ha pedido al Gobierno que legisle cuanto antes para mejorar la situación de un sistema laboral que deja fuera a 5,3 millones de trabajadores, según parece que indicará la próxima EPA.

Pero ¿cuán alejadas están las posturas de patronal y sindicatos? ¿En qué han alcanzado un acuerdo y qué les queda para la armonía perfecta entre ambas? Los acuerdos hacen referencia a la solución extrajudicial de los conflictos, la renovación del sistema de bonificaciones a los EREs que introdujo el anterior gobierno, la racionalización de los festivos al lunes más cercano, el control del absentismo laboral por parte de las mutuas y la renovación de la formación profesional.

A partir de ahí, comienzan las diferencias. En primer lugar, sobre la llamada flexibilidad interna. Es decir, que la empresa pueda reubicar a sus trabajadores en puestos distintos, o con horarios diferentes, a los inicialmente pactados. El objetivo de las empresas es poder adaptarse a circunstancias cambiantes con sus propios trabajadores, sin tener que contratar más, o sin tener que despedir a un trabajador para hacerle hueco a otro. Los empresarios no quieren que el trabajador acabe haciendo labores en un horario o con unas funciones, distintas a las que le convinieron en un primer momento.

Otro de los puntos de desacuerdo son las condiciones de contratación y despido. Los empresarios quieren 20 días por año. La mayoría de los contratos tiene 45 días, aunque proliferan los contratos con 33 días. El cambio de contrato, de aprobarse en una nueva reforma laboral, sólo afectaría, como es normal, a los nuevos contratos celebrados.

También han quedado sin acuerdo en torno a los salarios. Hace meses llegaron a un acuerdo. Pero las circunstancias han cambiado. Nos espera una recesión en 2012 y los empresarios han pedido, al menos, que se congelen los salarios. Y los sindicatos, al menos, que suban un uno por ciento, en línea con la inflación prevista.

Pero el premio gordo son los convenios colectivos. El Gobierno está decidido a que tengan prevalencia los convenios de empresa sobre los sectoriales o los regionales. Y los sindicatos, sencillamente, no pueden pasar por eso. Sería acabar, en gran medida, con su poder. Los convenios colectivos se firman según las condiciones que pueden asumir las grandes empresas, donde hay mayor presencia sindical. El problema es que esas condiciones son más difícilmente asumibles para las medianas y pequeñas, que de este modo limitan su contratación. Y eso que son estas las que emplean en torno al 80 por ciento de los trabajadores.

Un cambio en este sentido podría crear más empleo. Pero a cambio de menores sueldos. Según Comisiones Obreras, que ha facilitado esos datos para reforzar su posición en la negociación, los sueldos de los convenios provinciales han crecido un 2,6 por ciento, mientras que los que son únicamente de empresa lo han hecho un 1,8 por ciento.

Ahora el Gobierno tendrá que decidir sobre los grandes temas. De lo que haga dependerá la medida de la recuperación y, con ella, toda la legislatura. Puede que dos legislaturas, pues esta dura y larga crisis española continuará, aunque ya con alguna recuperación, hasta 2015.