Garzón pidió el acta de defunción de Franco porque “era el único medio” para saber que estaba muerto
El juez suspendido, Baltasar Garzón, volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los desaparecidos durante el franquismo. Garzón recibió un jarro de agua fría cuando el tribunal le comunicó, en audiencia pública, que no admitía las cuestiones previas alegadas por “no tener la entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones”.
Con respecto a la falta de legitimación de la acusación popular Manos Limpias y la Asociación Civil Libertad e Identidad, el acuerdo de la Sala Penal resalta que está legitimada porque “los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal objeto de la acusación son de naturaleza pública”. Ahora bien, los argumentos finales se plasmarán en la sentencia final que dicte el tribunal.
Como en las ocasiones anteriores Garzón declaró en el banquillo sin la toga con puñetas. De esta manera, el interrogatorio comenzó con las preguntas de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. Durante la hora que duró la declaración Garzón justificó y defendió que tenía competencia para investigar los crímenes del franquismo, las ejecuciones y las detenciones ilegales que se produjeron durante la Guerra Civil. El imputado explicó que “pidió el acta de defunción de Francisco Franco y otros líderes del régimen porque era la única forma legal y formal de certificar su fallecimiento”. Donde quería llegar el juez era a aplicar los artículos 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para justificar que los delitos podían haber prescrito. En este sentido, el imputado negó que vulnerara la Ley de Amnistía de 1977.
Y los nazis…
En este punto, el fiscal Luis Navajas le preguntó si no había medios alternativos para conocer este suceso. Garzón contestó: “No existen tales alternativas porque el acta es la que produce consecuencias jurídicas más allá de la chanza que pudiera causar su decisión”. Luego añadió que en el caso de algunos dirigentes de Falange, también fallecidos, hubo que acreditar la muerte mediante esquelas publicadas en periódicos porque los certificados de muerte no aparecían.
El hilo conductor de las argumentaciones del juez acusado fue acudir una y otra vez a las normas internacionales para justificar su competencia en el caso de la Memoria Histórica. De hecho, citó numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso sí, reconoció que en su actuación no contó con el apoyo del Ministerio Fiscal. Además, Garzón puso como ejemplo de su actuación el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional “estaba o sigue tramitando” unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 en campos de concentración presuntamente cometidos por “criminales de guerra nazis” a petición del Ministerio Fiscal. “Incluso creo que una persona ha sido recientemente condenada por complicidad con el genocidio”, apostilló.
En otro momento del interrogatorio, Garzón recordó que la causa la inició por “las miles de denuncias particulares que llegaron a su juzgado sobre asesinatos, ejecuciones y detenciones ilegales, secuestro de menores, que a día de hoy siguen desaparecidos durante y después de la Guerra Civil española”. Por ello, el proceso de ratificación y comprobación de las denuncias fue largo. De esta manera contestaba las preguntas de Martínez-Fresneda en clara alusión a la acusación de Varela de mantener la instrucción parada durante 11 meses sin solicitar el preceptivo informe al Ministerio Fiscal.
En cualquier caso, el imputado destacó que “desde el punto de vista del instructor era una obligación determinar la competencia o no. Es más, a su juicio, los hechos tienen un contenido prácticamente idéntico, en el sentido de que correspondían a un “plan sistemático de eliminación de miles de personas, de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales”.
Sin ideología
Desde el banquillo de los acusados, Garzón también dejó muy claro que en sus decisiones sobre la Memoria Histórica no han influido su ideología. “Mi obligación era abrir un procedimiento penal atendiendo fundamentalmente a las peticiones de las víctimas. Por tanto, “hice lo que creía que tenía que hacer sin atender a ideologías”, enfatizó. “Los jueces no estamos para ideologías. Cada uno tendrá la suya pero aquí no había ideologías; había cientos de miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”, destacó. Asimismo, el juez suspendido reconoció ante el tribunal, compuesto por siete magistrados, que hay distintas interpretaciones sobre las normas que apliqué y que “me pude equivocar” al respecto.
El interrogatorio del fiscal Navajas fue muy parecido a la exposición que hizo la semana pasada al plantear las cuestiones previas. Un ataque al auto del instructor Luciano Varela. Al fiscal le contestó que siempre ha respetado las normas nacionales e internacionales.
También alegó que tres de los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional discreparon del resto de sus compañeros cuando le declararon incompetentes para investigar la causa. Esas mismas razones fueron las aducidas por juzgados territoriales, como el de Granada y el de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) para rechazar la investigación de las fosas. El asunto sigue aún pendiente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Respecto a los crímenes de Paracuellos, el imputado contestó que no era competente porque “no había delitos contra altos organismos de la Nación y forma de Gobierno”. Este testimonio no se ajusta al auto que dice que dictó, pues del mismo se desprende que rechazó de plano la querella sin hacer alusión a dichos delitos. Es más, le dijo al querellante que actuó “de mala fe” y cuestionó su deontología.
El juez se negó a responder a todas las preguntas de la acusación Manos Limpias
Baltasar Garzón volvió ayer a demostrar su punto de soberbia ante la Sala. Cumplo, pero no acato se puede concluir cuando se negó a contestar a las preguntas de la acusación Manos Limpias y de la Asociación Civil Libertad e identidad porque “no tenía legitimación para ello”. Minutos antes el tribunal había dicho que sí la tenía. En ese momento el abogado Ruiz Infante procedió a leer más de 50 preguntas ante la mirada ausente del imputado.
Antes de que comenzara la vista oral sonó en la calle la misma música que precede la entrada y salida de Garzón del Supremo. Representantes de las asociaciones de Memoria Histórica, con banderas republicanas, fotografías en blanco y negro de fusilados y pancartas en las que podían leerse los lemas “Contra la impunidad. Solidaridad con las víctimas del franquismo”, “No a políticos y jueces filofascistas, o “No hay justicia para estos crímenes”.