La Junta de Andalucía en suspensión de pagos ordena dejar de pagar facturas hasta nueva orden
La Junta de Andalucía está en suspensión de pagos a dos meses de las elecciones autonómicas. El Ejecutivo de José Antonio Griñan ha enviado un correo eléctrónico a todas las consejerías, según publica ABC en su edición digital, ordenando de manera explícita que no se contabilice ninguna nueva propuesta con cargo a 2012 hasta que no culminen las operaciones de traspaso masivo. Así , el presidente de la Junta trasladará este gasto, que no está en los presupuestos, al, sin duda, nuevo Gobierno popular que rija Andalucía desde el 25 de marzo.
¿Qué significa esto?
Evita que la enorme cantidad de facturas emitidas en el mes de diciembre sean abonadas a los proveedores. Con esta estratagema Griñán podrá seguir señalando su austeridad como máxima premisa a lo largo del último año.
Detención o suspensión de pagos total
Dicho de otra manera: estos expedientes que están en el punto administrativo previo a su pago quedan almacenados en las oficinas de las distintas intervenciones, ya que no se pueden contabilizar hasta nuevo aviso de la Intervención General. Las fuentes consultadas ratifican con contundencia que actualmente la situación es de «detención o suspensión de pagos total», sin que haya fecha establecida para su reanudación.
Documentos devueltos
Pero hay más. El sistema que utiliza la Junta, el «Júpiter», borra automáticamente aquellas facturas insertadas en el apartado «Obligación Pago» si en el plazo de unas semanas la Intervención correspondiente no valida el abono. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se produce su baja en el sistema contable, los documentos son devueltos a la oficina que los remitió y comienza de nuevo el proceso. Pero los proveedores ya tienen comunicación de la Junta de que sus expedientes están aprobados y pendientes del ingreso en el banco.
¿Qué puede llevar a la Junta, por tanto, a dar esta polémica consigna? Cuando dejan de meterse en la contabilidad las facturas y desaparecen del programa informático no se computan como compromisos de pago. Es decir, se oculta un déficit que corresponde al ejercicio 2011 para insertarlo dentro de unos meses —los procesos administrativos tienen su duración—, en 2012. Y todo esto a dos meses de las elecciones autonómicas.
Según las mismas fuentes, la ocultación de esas obligaciones de pago es una práctica ilegal, pero la orden de no contabilizar ningún nuevo documento en 2012 se produce porque la Intervención no es capaz todavía de cifrar la cantidad pendiente de pago que se arrastra de 2011.
No obstante, en la orden de la Intervención General se especifican varias excepciones, de manera que sí hay permiso para abonar los salarios, los activos financieros, los créditos bancarios, las ejecuciones de sentencias, las subvenciones nominativas, los anticipos de caja, las «prórrogas contractuales necesarias para el normal funcionamiento de los servicios» o las «subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces». Pero a los proveedores, cero.
El malestar entre los funcionarios de la Administración andaluza es cada día más acentuado en tanto que se sienten usados en esta artimaña política. Y es que los proveedores cuyas facturas están apiladas en los despachos tienen en muchos casos comunicación de pago por parte de la Administración. Y tarde o temprano, cuando comprueben que no hay movimientos en su cuenta, acudirán a la Junta a reclamar lo que les corresponde.
