La “trama de corrupción” de Interior también sirvió para espiar la sede del PP en Génova
El Mundo destapa este lunes, 6 de agosto, otro capítulo de la trama de corrupción que habría afectado a altos cargos del Ministerio del Interior cuando éste era dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. Si este domingo sabíamos que altos cargos habrían amañado concursos públicos para hacerse con sustanciosos contratos, el periódico de Unidad Editorial cuenta este lunes que la misma empresa tapadera habría sido usada para espiar al PP en su propia sede de Génova.
“La banda de Interligare”, tal y como al parece se la conoce ya en ámbitos policiales, alquiló dos pisos en la calle Génova, uno de ellos en el número 15, a sólo 12 metros de la sede nacional del PP. Desde allí, siempre según los informes de la policía judicial que cita El Mundo, y con maletines de procedencia israelí que podrían haber sido prestados por la propia Policía, se habrían realizado sin problemas las escuchas telefónicas.
Tal y como recuerda la propia información de El Mundo en agosto del 2009 la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció públicamente que altos cargos de su partido estaban siendo sometidos a escuchas ilegales.
Aquella denuncia no tuvo mayores consecuencias legales y Cospedal fue duramente criticada por ella, pero sólo unos meses después y dentro de una acalora discusión el propio Rubalcaba se dirigió al popular Carlos Floriano espetándole la amenazadora frase “ten cuidado porque veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices”. En aquel momento, como ahora, Floriano tenía un despacho en Génova 13.
En aquél momento, la actual presidenta de Castilla La Mancha aventuró la posibilidad de que estas escuchas se estuvieran llevando a cabo a través del sistema Sitel, cuya existencia se descubría en aquellas fechas. Pero Cospedal desconocía que es casi imposible interceptar ilegalemente comunicaciones a través de este sistema, porque se requiere un número profesional de agente, lo que dejaría una huella “rastreable”.
Según los informes de la Policía judicial que cita El Mundo, la banda Interligare lo llevó a cabo con maletines móviles de última generación, llamados GI2 que es “lo mejor que hay en el mercado para ejecutar operaciones encubiertas y sin autorización judicial”, según se cita en esos informes. Estos maletines cuestan en torno al millón de euros y en España cuentan con ellos la Policía -La Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)- la Guardia Civil y el CNI. Estos permiten escuchar las conversaciones en un radio de 500 metros.
Entre uno de los pisos alquilados por Interligare y la sede de los populares apenas hay 12 metros, distancia más que suficiente para pinchar los teléfonos con estos sofisticados maletines.
La trama Interligare
Fue en los informes oficiales elaborados por la Brigada de Delincuencia Económica, donde se investigaba la trama de corrupción de Interligare donde apareció la información sobre el posible espionaje. Según El Mundo, durante esta investigación se descubireron dos pisos, cuya cercanía a las sedes del Partido Popular hizo sonar todas las alarmas.
Cobijados bajo el paraguas de una empresa tapadera -“consultora de inteligencia y seguridad” llamada “Interligare”, los altos cargos de Interior amañaron pliegos de condiciones para la concesión de proyectos y subvenciones que podrían haber ascendido a los 2,4 millones de euros, según la Policía Judicial y los informes de la Brigada de Delincuencia Económica.
Sindicatos policiales piden que el caso Interligare no quede “impune como el Faisán”
Los representantes de dos de los principales sindicatos policiales, SUP y SIPE, critican con dureza en esRadio el escándalo de corrupción en Interior.
El escándalo de corrupción en el ministerio Interior no puede ser, según los representantes de dos de los principales sindicatos policiales en España, “otra trama oculta en la que todo quede impune”.
Así, Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de Policía de Española (SIPE), ha hablado con dureza del caso destapado por El Mundo en los últimos días: “Las pruebas son claras, contundentes”, ha asegurado, “esperemos que haya un juez que se limite a aplicar la ley, porque aquí la ley es igual para todos”.
Para Perdiguero está claro que “no podemos dejar impune a aquellos que dentro del ministerio cometan estas irregularidades, no es policialmente aceptable y menos socialmente”.
Además de aseverar que “es vergonzoso que se monten tramas” dentro del ministerio de Interior como las aparecidas en los informes policiales, Perdiguero ha advertido que “veremos quién paga judicialmente en este caso” y se ha señalado que espera que el nuevo escándalo no se convierta “en otro faisán, otra trama oculta en la que todo quede impune”. Por el contrario, el portavoz del SIPE espera que “haya por fin una sanción ejemplar”.
“Muy serio”
Por su parte, el portavoz del SUP, Lorenzo Nebrera, ha asegurado en los micrófonos de esRadio que el caso “no debe caer en saco roto”, ya que hay “unas diligencias de informe de la policía judicial” en las que “se describen irregularidades que se podrán comprobar”.
Para Nebrera el caso “es serio, muy serio, claramente es un escándalo de interior” y, por lo demás, ha admitido que en su sindicato “estamos expectantes” ante los nuevos datos que puedan aparecer alrededor de la corrupción en Interior.