Los Graduados Sociales presentan el informe sobre el impacto del absentismo laboral en España
Rafael Leopoldo Aguilera
Desde hace varios años, el absentismo laboral es uno de los grandes problemas de España, una de las lacras de la economía nacional. Las bajas por incapacidad temporal han crecido más de un 60% en la última década a nivel nacional, generando un debate abierto en distintos sectores sobre cómo frenar esta tendencia. De hecho, aunque la industria es la más afectada por esta problemática, casi todos los sectores están afectados por ello.
En Almería, por ejemplo, su principal sector económico, la agroalimentación, tiene una cifra muy alta de bajas laborales a diario, rondando el 10 o 12% en distintas cooperativas o comercializadoras de la provincia. De hecho, los empresario del agro almerienses ya han mostrado en distintas ocasiones su preocupación ante las IT y su cronificación, puesto que merma de forma severa su capacidad productiva, lo que lleva al sector en conjunto a perder competitividad
Para afrontar este problema estructural que no pone de acuerdo a partidos políticos, patronal y sindicatos, el Colegio de Graduados Sociales de Almería presentó en la mañana de este jueves, 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, el informe elaborado por la Fundación Justicia Social Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad. Precisamente, ese efecto dominó que se produce en las plantillas, con sobrecarga de trabajo en la mayoría de los casos, reduce la eficiencia global, traduciéndose en un aumento de costes operativos y en una inevitable pérdida de productividad.
El estudio presentado en Almería en el salón de actos de la sede social del Colegio Profesional sito en la calle Poeta Paco Aquino, por María del Mar Ayala Andújar, presidenta de esta Corporación de Derecho Público, y Miguel Ángel Tortosa López, tesorero de la misma, propone un cambio radical en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) ante un fenómeno que ya es estructural. De hecho, la tasa equivalente del absentismo alcanzó el 5,51% en el año 2025 en España, con más de 1,24 millones de procesos activos al cierre del año. Este preocupante impulso está provocado más por el número de bajas que por su duración.
Este último aspecto tiene una perfecta traducción en cifras, al observarse que el incremento de la incidencia subió a 40,89 procesos por cada mil trabajadores en el pasado año a nivel nacional. Detrás de estos preocupantes datos destacan el envejecimiento de la población activa y la saturación de la atención primaria, que retrasa el seguimiento médico con esperas medias de 17,5 días. De hecho, es interesante prestar atención al hecho de que las patologías osteomusculares y de salud mental concentran más del 65% de los procesos de incapacidad temporal.
El impacto económico que tiene el absentismo laboral en el sistema es crítico. De hecho, según el informe del Colegio de Graduados Sociales el gasto en IT alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, mientras que el Tribunal de Cuentas constata un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social superior a los 106.000 millones. Frente a ello, la entidad almeriense urge a implantar un modelo de retorno progresivo y voluntario tras bajas de larga duración para proteger la sostenibilidad del sistema. “El absentismo no se resuelve con sospecha, sino con prevención, coordinación y buena gestión”, indica el informe, instando a las administraciones a reforzar la atención primaria y a las empresas a liderar los retornos con empatía y datos.
El debate que existe entre patronal y sindicatos prosigue estancado en un punto de no retorno, ante el que la Fundación Justicia Social propone un plan de cinco ejes operativos para mejorar la gestión sin mermar la protección social:
Reincorporación progresiva: Modelo gradual y voluntario para trabajadores recuperados tras bajas superiores a 180 días. Incluye escalado de jornada y adaptación de funciones.
Coordinación institucional: Ventanilla digital única entre el INSS, servicios de salud, mutuas y empresas con actualizaciones en 72 horas. Establece un calendario estricto de hitos de revisión a los 7, 30 y 90 días.
Prevención por edad: Planes de envejecimiento activo obligatorios en empresas de más de 50 empleados. Prioriza sectores con alta carga física como industria, logística, limpieza y sanidad.
Foco en salud mental: Evaluaciones psicosociales anuales obligatorias, formación contra el burnout y circuitos confidenciales de apoyo psicológico temprano.
Negociación colectiva: Vincular la mejora de los complementos de IT a planes de prevención reales y pactar incentivos positivos a la asistencia.
El plan elaborado por la Fundación Justicia Social responde a una reclamación planteada hace algunos meses por la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, para frenar uno de los principales factores que condicionan la competitividad de las empresas almerienses. Aunque la provincia presenta una incidencia de casos inferior a la media, en el año 2024 destacó negativamente por la extensión de los procesos: 67,60 días de media, el valor más elevado de Andalucía. De hecho, en la comunidad la media es de 50,36 días, mientras que en España es de 42,53 días.
En este difícil contexto, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) elaboró un Informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes (2018–2024), que estima en 388,67 millones de euros, el impacto económico del absentismo por ITCC en la economía almeriense, coste que incluye el esfuerzo directo de las empresas, las mutuas y la Seguridad Social, y que 19.126 trabajadores no acudieron ningún día a su puesto durante el año 2024.
