PP-A presenta enmiendas “efectivas” al plan de ajuste de la Junta que “evitarían” recortar sueldos de funcionarios
El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado en la Cámara su paquete de enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, procedente del Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio, cuya aplicación, según las estimaciones de este grupo, haría “innecesarios” los recortes aprobados en dicha norma para las retribuciones de los empleados públicos.
Así lo ha defendido este viernes el portavoz de Función Pública del Grupo Popular, Rafael Ruiz, quien, en rueda de prensa en Sevilla ha definido como “asumibles, coherentes y efectivas” las enmiendas propuestas por su formación y registradas en el Parlamento andaluz este miércoles, que, además, “no merman los intereses de los andaluces”.
Con sus propuestas, los ‘populares’ buscan también, según ha explicado Ruiz, que Andalucía pueda “cumplir con los compromisos adquiridos por las administraciones públicas de todo el territorio español en el Consejo de Política Fiscal y Financiera” (CPFF), que considera “la única fórmula existente para alcanzar la reducción del déficit público y el objetivo de estabilidad presupuestaria”.
En concreto, el PP-A plantea en su paquete de enmiendas suprimir las subidas del IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio –que “aumentan la carga tributaria de los andaluces en comparación a otras comunidades autónomas”– y los actos jurídicos documentados, “la segunda que se produce en este impuesto en menos de ocho meses”, a la vez que propone la “gratuidad en la participación de los procesos selectivos para las personas que estén en situación legal de desempleo”, lo que “ya existe en otras comunidades autónomas”.
MEDIDAS EN EL SECTOR PÚBLICO
En relación a los empleados públicos, el PP-A propone “eliminar” los recortes salariales aprobados para los empleados del sector público andaluz –también el recorte del diez por ciento de la jornada y sueldos de los trabajadores interinos previsto para los años 2012 y 2013– y la reducción del complemento de productividad.
Además, los ‘populares’, que abogan por que la reducción a los salarios de los empleados públicos “se limite a la fijada a nivel estatal”, y la Junta no aplique recortes en ese concepto en el año 2013, proponen fijar por ley una garantía de “retribución mínima” de 1.000 euros netos para funcionarios.
Los “recortes”, a juicio de Ruiz, deben centrarse en los altos cargos, de ahí que su grupo plantee la reducción de “al menos un 50 por ciento” de su número, así como la “suspensión” de sus productividades y la “eliminación de las cesantías” de “exaltos cargos y asimilados”.
MEDIDAS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA Y OTRAS ALTERNATIVAS
En materia de Hacienda pública, el PP-A propone la creación de una Oficina de Control Presupuestario, el establecimiento de un calendario de pago a proveedores y la implantación de controles sobre la gestión de los entes instrumentales.
Además, apuesta por un “plan de contención y reducción del gasto operativo y corriente” que incluiría la “reducción de las asignaciones a partidos políticos y de las transferencias corrientes en materia de concertación a sindicatos y organizaciones empresariales”, así como la reducción del gasto de atención protocolaria, la eliminación de, “como mínimo, el 70 por ciento” de la flota de coches oficiales; ajustar “al menos el 50 por ciento” el gasto en cooperación exterior, la reducción de las partidas dirigidas a sufragar gastos de intereses por demora y de las “encomiendas de gestión y los encargos de ejecución a entidades instrumentales”.
En la misma línea se enmarcan las propuestas de “adecuar y ajustar” la red de oficinas en el exterior de la Junta, la “supresión” de la Delegación de la Junta en Madrid, la “reducción del gasto en concepto de asistencia a órganos colegiados”, la disminución en un 80 por ciento de la partida de “gastos indeterminados”, la elevación en un 70 por ciento de la reducción en publicidad institucional y divulgación ya fijada en el plan de ajuste, la puesta en marcha de un plan de reordenación de sedes, un plan de ahorro energético y un plan de reordenación y racionalización de entes del sector público para reducirlo “al menos un 40 por ciento”, y la disminución de “un 50 por ciento” de puestos de “alta dirección y asimilados de entes instrumentales”.
CRÍTICAS A LAS ENMIENDAS DE PSOE-A E IULV-CA
Por último, el portavoz de Función Pública del Grupo Popular en el Parlamento ha criticado las enmiendas presentadas a este plan por los dos grupos que sustentan el Gobierno andaluz –PSOE-A e IULV-CA–, que contemplan, según ha explicado, “la creación de un impuesto sobre el aprovechamiento cinegético en Andalucía, la eliminación del Plan de Calidad Educativa y del Plan de Cultura Emprendedora”, así como la suspensión de dos obras “anunciadas en proceso electoral”; en concreto, las obras en la autovía A-308 de Iznalloz-Darro (Granada), y en la de la autovía de Almanzora entre Purchena (Almería) y la A-7.
