Abad afirma que el Ayuntamiento ha elegido un camino para reducir los valores catastrales “mucho más ágil y a coste cero” que el del PSOE
La concejala de Hacienda, Rafaela Abad, afirma que solicitar a la Dirección General del Catastro que el Ayuntamiento pueda acogerse a los coeficientes que la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2014 va a publicar a tal fin, de forma que el valor catastral de los bienes del término municipal se adecuen a la situación actual de mercado y que se atenúe así la presión fiscal que los elevados valores catastrales causa a los ciudadanos, “es un procedimiento mucho más ágil y a coste cero para las arcas municipales que la iniciativa que presentó el PSOE en Pleno, obteniendo, sin embargo, los mismos beneficios para los ciudadanos”.
“Si alguien en el Partido socialista hubiese estudiado el expediente como debiera habría visto que el Catastro no tiene que elaborar ponencia de valores alguna, sino que en base a los valores catastrales en vigor y en referencia a la reciente evolución de los valores de mercado a la baja, va a fijar unos coeficientes de reducción a aplicar al término municipal que entrarán en vigor el año 2014”, señala Abad.
A su juicio, la edil socialista Clara Inés Rodríguez “debería conocer la diferencia existente entre el inicio de un procedimiento de revisión catastral, moción que presentó el PSOE a cuenta de la aprobación de la ampliación de un convenio de colaboración con el Catastro, con la posibilidad que nos brinda en la actualidad el Gobierno de Mariano Rajoy de solicitar la aplicación a los valores catastrales actuales de un coeficiente reductor a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que serán de aplicación para el año 2014”.
La responsable municipal de Hacienda explica que “un procedimiento de revisión catastral a instancias del Ayuntamiento no solo hubiera supuesto un mayor coste económico y administrativo para el municipio, sino que no hubiese entrado en vigor, con mucha suerte, antes de enero de 2015, todo ello suponiendo que hubiese sido aprobado por los órganos correspondientes del Catastro, que se hubiese contemplado la correspondiente consignación presupuestaria y que dicha ponencia de valores no hubiese sido objeto de impugnación en el periodo de exposición pública. A ello habría que añadir que una nueva ponencia de valores tiene un coste aproximado de un millón de euros que saldría del bolsillo de todos los almerienses”.
Sin embargo, la opción a la que se ha acogido el Ayuntamiento “no sólo es más rápida, sino que no tiene coste para los almerienses y los beneficios son los mismos. La señora Rodríguez debería ser más responsable para no hacer declaraciones tan a la ligera”.
