Agricultores reciben el acuerdo de la PAC con alivio y pendiente de su aplicación
El acuerdo político alcanzado sobre la Política Agraria Común (PAC) ha supuesto cierto alivio en el sector agrario andaluz respecto a las perspectivas quen presentaban anteriores propuestas de la Comisión Europea. De momento, se sabe que España recibirá 47.000 millones de euros en ayudas agrarias (incluídas las de desarrollo rural) desde Bruselas para el periodo 2014-2020, una cifra similar a la que se viene percibiendo actualmente.
También se ha conseguido mantener el número de hectáreas elegibles, 22 millones, alejando la amenaza de aumentarlas teniendo que repartir entre más superficie la misma cantidad de ayudas. Además, en las negociaciones previas a este acuerdo tras la reunión del Consejo de Ministros en Luxemburgo se planteaba el cobro de una tasa plana por hectárea que rechazaban tanto los agricultores españoles como el Ministro Arias Cañete y el consejero Luis Planas, una imposición que finalmente ha desaparecido. Otro de los riesgos de esta reforma, el llamado ‘greening’ o pago verde se ha minimizado al conseguir que los cultivos permanentes como olivar, frutales o viñedo se consideren inclñuidos y que el cómputo del 30% obligatorio se calcule por explotación, no por áreas ni países.
De la euforia a los recelos
No todo el sector ha reaccionado igual ante la nueva PAC. A la euforia del ministro se suma la satisfacción del consejero, moderada por la prudencia que impone el saber que queda por delante un proceso de meses hasta conformar definitivamente el reparto interno de los fondos para España.
Entre las organizaciones agrarias Asaja ha mostrado también una clara satisfacción, mientras Upa y Coag, asociaciones que se mostraban dispuestas a sacar los tractores a la calle, presentan más reservas y quedan a la espera de conocer más detalles. Estas dos organizaciones pretenden que se avance en la definición de agricultores profesionales, con preferencia a la hora de cobrar las ayudas, una vez que la Comisión ya ha vetado el acceso a las mismas de receptores actuales como aeropuertos o campos de golf.
Respecto a la forma de reparto interno aún queda mucho por definir. Para empezar en España se van a delimitar 40 comarcas según características homogéneas agronómicas, económicas y sociales para evitar grandes desigualdades entre productores de cultivos y costes de explotación similares. De este modo se evita una ‘guerra’ entre comunidades autónomas como se había temido inicialmente y regiones como Andalucía, con una producción agraria tan variada, podrá aplicar la PAC con menores desequilibrios entre sus beneficiarios a pesar de los objetivos de convergencia, esto es, de uniformidad que pretendía Bruselas.
Ester acuerdo político de la PAC también supone un respiro para el olivar andaluz, que era uno de los cultivos más en riesgo. Además se espera recobrar los precios mínimos para que se apliquen los mecanismos de intervención en momentos de crisis.
