ALBOX.- Alcalde niega que “su ánimo” fuese conculcar derechos y dice que PP pretendía obstaculizar
El alcalde electo de Albox (Almería), Rogelio Mena (PSOE), ha indicado que “nunca estuvo en su ánimo conculcar” ningún derecho “ni mucho menos el control y fiscalización” de la gestión municipal y ha apuntado que las “ingentes” peticiones de información por parte de la oposición ejercida por el portavoz del PP, Juan Pedro Pérez, a lo largo del año 2013 “pretendían la obstrucción de la acción de gobierno”.
“Eso es otra cosa”, ha manifestado en sala para, a continuación, asegurar que no repartió “instrucciones” para que no se diese acceso a expedientes y facturas a Pérez Quiles, “sino todo lo contrario”. Lo ha hecho en respuesta a la interpelación del fiscal con respecto a una diligencia de la Secretaría que obra en la causa en la que “se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía” y a un acta notarial que “corroboraría” la versión del denunciante.
“Este alcalde, si algo tiene, es que es profundamente demócrata y mi disposición ha sido facilitar siempre toda la transparencia y la participación de cualquier concejal. Esas han sido mis directrices y órdenes a todos los servicios técnicos de la corporación”, ha apuntillado no sin antes arrogarse haber marcado “un punto de inflexión” en estas prácticas con su llegada a la Presidencia del Ayuntamiento de Albox.
Mena, quien ha aprovechado su derecho a la última palabra en el acto de juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería para trasladar que desea “que se haga justicia” ya que su familia se ha visto afectada por una situación “moral de indefensión y de condena de banquillo”, ha recurrido en varias ocasiones a su condición de “político”, que no de “técnico” y a que las condiciones de acceso a la información y de respuesta a estos requerimientos están reglados en virtud de dos resoluciones de 2009 que él amplió fijando días y horas específicos para consulta cuando accedió a la Alcaldía.
“Soy alcalde presidente en el marco de una elección política, no técnica ni administrativa. Cuento con personal técnico propio y externo que da respuesta en el marco de la legalidad vigente” ha afirmado a preguntas del Ministerio Público, que ha elevado a definitivo su escrito de acusación por el interesa la pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra los derechos cívicos.
En concreto, le imputa el haber “impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición” al denegar al portavoz del PP, Juan Pedro Pérez, “de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él” e impedirle el acceso cuando se personaba en las dependencias del Consistorio. En concreto, se trataba del acceso a los expedientes de contratación y facturas relativas, algunas acogidas al Plan de Proveedores, de las empresas ‘Planta de Reciclaje Albox SL’, ‘Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL’ y ‘Alcaina Estudio de Ingeniería’.
Sobre si tenía conocimiento de las sucesivas resoluciones que le denegaban el acceso a la información al portavoz de la oposición, el alcalde electo ha argumentado que consideró “prioritario” frente a lo que ha calificado de “dinámica normal y procedimiento lógico de una administración”, el estar dedicado “exclusivamente a resolver la cantidad de problemas” por los que pasaba el municipio. Más tarde, ha matizado que a él “le preocupa absolutamente todo y que se ha visto avalado por las urnas con mayoría absoluta por que he resuelto esos problemas”.
“Asumí la Alcaldía en un marco socioeconómico adverso, con problemas ingentes de recortes de ingresos del Estado del 50 por ciento y también de impagos. No estaban aprobados los presupuestos y había cortes de energía eléctrica, además de serias dificultades por la salubridad del agua. Ante este escenario dramático en todos los sentidos, mi objetivo era centrarme en la resolución de estos graves problemas y no la de obstaculizar ya que los órganos administrativos eran los que respondían en base a procedimientos reglados”, ha indicado.
“LOS TÉCNICOS HAN TENIDO QUE ESTAR BUCEANDO EN LOS ARCHIVOS”
Al tiempo, ha insistido en que los expedientes solicitados pertenecían a un mandato anterior, en concreto al periodo 2007-2011, siendo alcalde su antecesor, el socialista José García, al que el abogado de Mena ha hecho alusión diciendo que en “algunos aspectos su gestión había sido un desastre” y ha justificado el hecho de que se le dijese al PP que no estaban preparados “en que había que buscarlos en los archivos”, en que el de Albox es “un Ayuntamiento grande” y en que los requerimientos obligaban a “un trabajo permanente y absoluto de investigación por parte de los técnicos, que han tenido que estar buceando en los archivos”.
Tras confirmar que esas resoluciones las elaborada un servicio jurídico externo al Ayuntamiento, lo que ha llamado la atención del titular del Juzgado de lo Penal 1, el magistrado Luis Columna, quien, por otro lado, se ha visto obligados en varias ocasiones a reconducir el debate a los hechos objeto de enjuiciamiento, Mena, muy expresivo una vez terminada su declaración, ha reprochado el hecho de que Pérez Quiles no acudiese a la vía contencioso-administrativa y sí a la penal.
Otra de sus líneas de defensa, la más repetida ha sido la de que él se dedicaba a gestionar y los servicios técnicos a emitir resoluciones “que desde la confianza que me merecen, yo firmaba”, ha girado en torno el portavoz municipal del PP pedía no sólo el acceso sino también copia de la documentación, lo que estaría desaconsejado en un informe de la Agencia de Protección de Datos, a la que el Ayuntamiento de Albox realizó consulta expresa.
“Nos dijo este organismo que esa documentación podía mirarla pero no tener copia y yo soy escrupulosamente legal”, ha explicado para concluir que “ante cualquier atisbo de duda por una presumible irregularidad o defecto en los expedientes de interés del PP”, en diciembre de 2013 “este alcalde los puso a disposición de la Fiscalía, que archivo”.
“INFORMACIÓN DE VITAL IMPORTANCIA”
Por su parte, el denunciante, que se ha ratificado en todos los términos y en la versión mantenida a lo largo de la instrucción de la causa, ha considerado de “vital importancia” el acceso a esos documentos para ejercer su “legítima” labor de oposición y ha asegurado que “cuando me dijeron que copias no, me hubiera conformado con simplemente poder verlos y estudiarlos”.
En el trámite de informes del juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que todas las partes han elevado a definitivos sus escritos, el fiscal ha trasladado que ha quedado “acreditada” la comisión de delito por parte de Mena pese a la “contradicción existente” en la versión de denunciante y denunciado dado el peso como prueba de cargo de la “prueba documental”.
En concreto, ha hecho referencia a los escritos de Pérez Quiles y a las “consiguientes resoluciones que demuestran que no se le ha facilitado el acceso” y ha remarcado que existen “varios elementos” que ponen en “cuestión” las testificales que ha prestado tanto el interventor municipal como el secretario accidental en el momento en que se produjeron los hechos, quienes han sostenido que sí se le dio acceso.
El Ministerio Público ha señalado una diligencia de noviembre de 2013 “en la que se hace expresa remisión a la falta de autorización por parte de Alcaldía” y a un acta notarial que “avala la versión” de Pérez Quiles “en lo que se refieren a que le mandaban a hablar con uno y con otro sin darle respuesta al final”. También ha remarcado que los requerimientos hacían alusión siempre a examinar expedientes y no a obtener copia.
