Aprobado el Proyecto de Ley de Montes deAndalucía, que modernizará la gestión forestal

El texto actualiza la normativa de 1992 e incorpora medidas de bioeconomía, digitalización y simplificación administrativa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía
(LEMA), cuya tramitación administrativa continuará a partir de ahora en el Parlamento
de Andalucía. La principal novedad de la futura ley radica en que prepara al sector
forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios
sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas.
La nueva Ley de Montes sustituirá a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992,
anterior incluso a la estatal de 2003. Esta diferencia temporal ha generado a lo largo de
los años vacíos y duplicidades que era necesario corregir. La actualización responde
también al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente
subraya la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz. El
objetivo es construir una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión
sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente,
ha impulsado este texto tras un proceso participativo en el que han intervenido
administraciones, entidades locales, asociaciones, colectivos profesionales y
ciudadanía. Además de los trámites oficiales de consulta e información pública, se ha
presentado en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde el sector forestal y los
actores implicados valoraron tanto el contenido como el espíritu de consenso del texto.
Su elaboración ha sido un proceso largo y minucioso, que ha contado con informes de
todos los organismos preceptivos, entre ellos el Consejo Económico y Social de
Andalucía, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo Andaluz de
Biodiversidad, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica, el Consejo
Consultivo y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Estas aportaciones, junto
con las de la ciudadanía y el propio sector, han sido incorporadas en una gran
proporción, reforzando la calidad técnica y el consenso del texto.
La futura Ley de Montes se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Su organización responde
a un esquema claro que aborda las disposiciones generales, la clasificación y régimen
jurídico de los montes, la información y estadística forestal, la gestión forestal sostenible,

la conservación y protección, el fomento forestal y el régimen de responsabilidad. Este
enfoque permite articular de manera coherente los diferentes ámbitos que integran la
política forestal andaluza, reforzando su conexión con la normativa estatal y europea.
Entre las principales novedades del texto se encuentra la modernización de la
colaboración entre administraciones. La norma consolida los convenios de cooperación
entre la administración forestal autonómica y las entidades locales, garantizando la
autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad
local. En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política
Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad.
Este nuevo órgano amplía sus funciones y se adapta a las exigencias actuales de
planificación, gestión y conservación, sirviendo como foro de encuentro entre
administraciones, sector forestal y sociedad civil.
Protección reforzada
El texto corrige además la peculiaridad introducida en 1992 con la creación del Catálogo
de Montes de Andalucía, que ahora pasa a denominarse Registro de Montes Públicos
de Andalucía. La nueva denominación evita confusiones y establece una distinción clara
entre los montes de carácter demanial y los patrimoniales, cada uno con su régimen
jurídico propio. También se unifica el sistema de usos y aprovechamientos, así como
las normas de deslinde y recuperación posesoria, y se determina que todos los montes
de titularidad autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y
garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los andaluces.
La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, en
consonancia con la legislación básica estatal. Este reconocimiento permite incentivar la
conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus
titulares, fomentando una gestión más sostenible. En materia de información forestal, la
norma incorpora por primera vez un título completo dedicado a la recopilación de datos,
estadística y extensión forestal, consciente de que la planificación moderna requiere
disponer de información actualizada y precisa.
El texto aborda, igualmente, la recuperación del Fondo de Mejoras, una figura histórica
que había sido obviada por la ley forestal del 92 y crucial para la gestión de montes
públicos catalogados. Con anterioridad, se intentó regular mediante un decreto, pero se
decidió concentrar la normativa para facilitar su aplicación. La nueva ley regula el fondo
dentro del marco legislativo básico, destacando su importancia para el desarrollo de
planes de mejora en los montes públicos.
La futura ley reconoce el papel fundamental de las ciencias forestales como base del
conocimiento y de la gestión sostenible. Se promueve la investigación, la

experimentación y la transferencia tecnológica, incorporando el uso de nuevas técnicas
vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial en la conservación y
administración de los montes.
En esta línea, se prevé la creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y
privados que sirvan de ejemplo de gestión sostenible, y el desarrollo de un Programa
de Divulgación Forestal que acerque este conocimiento a la sociedad. La formación y la
educación forestal también adquieren protagonismo, impulsando la red de centros de
capacitación y experimentación como espacios para la formación de profesionales del
sector y la actualización de conocimientos técnicos. Asimismo, la estrategia territorial se
actualiza con una nueva delimitación de las comarcas forestales, lo que permitirá una
administración más eficiente y cercana al territorio.
En materia de gestión forestal sostenible, la LEMA abre la puerta a nuevos modelos tipo
de planificación y fomenta la certificación forestal, e incorpora un mecanismo innovador
para que los productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de
mejora computen en el presupuesto de la intervención, reduciendo el gasto público y
poniendo en valor los recursos del monte como motor de bioeconomía rural.
La simplificación administrativa es otro de los pilares del texto. Muchos procedimientos
de autorización se sustituyen por declaraciones responsables, lo que agiliza las
operaciones forestales y facilita la gestión de los propietarios. El texto refuerza además
el apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de
los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios. Este enfoque integral
contribuye al equilibrio entre aprovechamiento económico, protección ambiental y
fijación de población en el medio rural.
La gestión forestal sostenible se contempla también como una herramienta esencial en
la lucha contra el cambio climático. La ley considera las actuaciones de repoblación,
restauración y selvicultura activa como proyectos de absorción de emisiones, en línea
con la normativa climática andaluza y estatal. Junto a ello, se regula por primera vez el
concepto de servicios ambientales, estableciendo las bases para un sistema justo de
compensación a los titulares de terrenos forestales por los beneficios que sus montes
aportan a la sociedad, como la captura de carbono, la protección del suelo o la
regulación hídrica.
Fomento, innovación y colaboración público-privada
El texto dedica especial atención a la prevención y restauración frente a los incendios
forestales, reforzando el marco normativo que ya establece la Ley de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales de 1999. En el ámbito del fomento forestal, se
incentiva la actividad de empresas, industrias y cooperativas que cuenten con personal

cualificado y se crea el Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas
Forestales.
El apoyo a la modernización del sector es otra de las líneas estratégicas del texto. La
ley promueve ayudas específicas para la renovación del parque de maquinaria forestal,
el desarrollo de la innovación y la digitalización, y la mejora de la competitividad de las
industrias andaluzas vinculadas a la madera, el corcho y otros productos forestales. La
LEMA también impulsa la colaboración público-privada mediante la creación de
entidades selvícolas de colaboración. Estas entidades facilitarán la ejecución de
actuaciones de gestión forestal sostenible por cuenta de la administración o de los
titulares de los montes, mejorando los plazos de resolución y optimizando resultados.
Finalmente, el texto establece un régimen de responsabilidades proporcionado y
equilibrado, orientado a prevenir, minimizar o restaurar los daños que puedan
producirse, reforzando la defensa de la integridad de los montes andaluces.