Ayuntamiento abrirá un nuevo expediente para resolver el contrato con Telvent que incorpora daños y perjuicios
El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que trasladará a la próxima junta de gobierno una nueva propuesta de expediente de resolución del contrato de concesión de los servicios de diseño, construcción y explotación del centro de servicios digitales avanzados de El Toyo y la Ciudad Digital que se adjudicó a la entidad UTE Telvent-Inabensa en el que se incorporará una valoración de daños y perjuicios que tasarán los técnicos municipales.
Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a los periodistas la concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías de Almería, Ana Martínez Labella (PP), después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera un informe desfavorable al rescate de la concesión, al considerar que “no resulta procedente” efectuar un rescate ya que “con carácter previo” existe “otra causa de resolución, como es el incumplimiento del contratista”.
En este sentido, Martínez Labella ha asegurado que el dictamen del CCA “viene a reforzar la posición del gobierno municipal” que seguirá “actuando contra la empresa” para recuperar la concesión. Así, ha explicado que se pese a que el dictamen “no es vinculante” se va a seguir sus recomendaciones, por lo que el nuevo expediente de resolución seguirá prácticamente las pautas del expediente de rescate, que está “bien conformado”.
La edil ‘popular’ ha estimado que el nuevo expediente “no se va a demorar demasiado” porque “prácticamente todo el trabajo lo tenemos hecho”, de forma que habrá que incluir la valoración municipal sobre los daños y perjuicios causados por la falta de prestación del servicio por parte de la UTE, si bien ha recordado que ya se había estimado una quita de entre dos y tres millones de euros por servicios no prestados y que había asumido el Consistorio.
El dictamen del CCA señala que “carece de sentido acudir a la figura del rescate, que presupone una adecuada prestación de la concesión por parte del concesionario, cuando, en realidad, lo que ha ocurrido en el presente caso es que se ha producido una inadecuada prestación de la concesión por parte del adjudicatario”, por lo que apunta a la necesidad de acometer el fin de la relación mediante otro tipo de procedimiento.
El consejo ahonda en este sentido y expone que en un supuesto rescate la administración local tendría que “indemnizar a la concesionaria por los daños y perjuicios que se le irroguen” a raíz de los beneficios futuros que deje de percibir, entre otros aspectos; mientras que para el supuesto de incumplimiento por parte del concesionario, se establece que la fianza le será “incautada” y “deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada”.
De esta forma, el documento estima que procede que por la Administración se instruya un nuevo procedimiento de resolución por la causa prevista en el artículo 264.j del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que señala como causa de la resolución “el abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales”.
El equipo de gobierno remitió en agosto el expediente después de que la concesionaria presentara un recurso que fue estimado parcialmente por defectos de forma y que dio lugar a reiniciar el procedimiento a finales de mayo, tal y como se aprobó en junta de gobierno. Mientras tanto, el mantenimiento y conservación de instalaciones semafóricas así como la sala de control se encuentra en manos de la empresa Acisa, que cobra mensualmente por el servicio unos 17.900 euros.
