Condenado a cinco años de cárcel el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, por el desfalco de Elsur
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado cinco años y tres meses de prisión al exalcalde de El Ejido Juan Enciso por el “desfalco” de más de 58,8 millones de euros de dinero público del Ayuntamiento ejidense entre los años 2002 y 2009 a traves de un “entramado empresarial” de subcontratas en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), cuyo socio privado era Abengoa.
Indica la sentencia, hecha pública este viernes y de la que es ponente el magistrado Jesús Martínez Abad, que cometió una malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad en concurso con un delito falsedad continuada en documento mercantil. Le absuelve de los delito de cohecho pasivo, prevaricación, delito societario y los delitos contra la Hacienda Pública.
El tribunal de la Sección Tercera condena, asimismo, al ex interventor municipal José Alemán a penas que suman siete años y seis meses de prisión y al pago de una multa total de 2,6 millones de euros por malversación y “claro” cohecho pasivo continuado. Le condena, asimismo, a 19 años de inhabilitación. En todos los casos estima que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que supone la rebaja de las penas en un grado.
Junto a Enciso, está el “origen” de trama corrupta por un “afán desmedido de dinero y de goce de poder”, aunque los magistrados le atribuyen papel más relevante en la trama corrupta y estiman probado que percibió ‘mordidas” de cerca de 7,5 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la investigación que explotó policialmente en octubre de 2009 con la intervención del Ayuntamiento y una veintena de detenciones, interesó para Enciso y para Alemán en sus conclusiones definitivas penas que ascendían e 40 años de cárcel, y multas por un importe total de 23,2 millones de euros.
Según recoge el fallo, que condena a 32 de las 47 personas que llegaron a juicio, la empresa mixta Elsur, público-privada, sirvió, desde su constitución de “parapeto” para “esquilmar” las arcas municipales “favoreciendo los intereses de varios grupos empresariales ajenos al interés público exigido legalmente”.
Indica que el modus operandi era la “subcontratación a precios desorbitados” con una veintena de mercantiles, de modo que el canon cobrado por la empresa mixta Elsur al Ayuntamiento ejidense fue “siempre abusivo” respecto “a los servicios prestados para conservación del pavimento, alcantarillado, distribución de agua y su depuración, alumbrado, o conservación de parques, jardines y zonas verdes”, pasando de los 47,9 que se presupuestaban inicialmente a más de 171 millones de euros.
La sentencia precisa para señalar la “magnitud” de la malversación de caudales públicos que la empresa mixta entre 2002 y 2008 facturó al consistorio 141.225.800 euros, sin incluir IVA, por lo que, según remarca, la cantidad “desviada a manos privadas”, un total de 58.851.790,50 euros, “representa nada menos que el 41’67 por ciento” y representa un “indudable daño al servicio público” en áreas “tan esenciales para la ciudadanía.
Los magistrados consideran probado que “todas estas actividades ilícitas fueron consentidas” tanto por el ex alcalde Juan Enciso y por el ex interventor municipal José Alemán, quienes hicieron “caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control” de los fondos públicos siendo además presidente y consejero delegado de Elsur.
“A sabiendas, el interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado, y el alcalde, por su parte, autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente”, explican al tiempo que subrayan la “indispensable connivencia” de ambos, sin quienes “no hubiera sido posible” ejecutar el desfalco.
La sentencia recoge que Enciso “era perfecto conocedor y consentidor de las actividades ilícitas” de la empresa mixta y del “lucro ilícito” obtenido por el socio privado por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades en concepto de ‘fee’ y ‘extra-fee’ y concluye que hizo “caso omiso” junto a ex interventor de sus “obligaciones de control y fiscalización de los fondos públicos del municipio”.
NO HUBO “ENRIQUECIMIENTO PERSONAL” DEL EXALCALDE
En el caso del alcalde, no obstante, el tribunal no estima acreditado que los ingresos cifrados en 671.000 euros obtenidos a través de una sociedad constituida junto a su esposa, a quien absuelve, “encubriesen donaciones o comisiones ilícitas” y apunta que no ha prueba “suficiente”, tal y como sostuvieron los peritos de la AEAT en sala, de obtuviese un “enriquecimiento personal” mediante prácticas corruptas.
Descarta que se “prevaliera” de su cargo o de la presidencia del Consejo de Administración de Elsur para “conseguir en favor de familiares o allegados, puestos de trabajo en Elsur o en las empresas que contrataban con la misma o con el ayuntamiento”, que “ejerciera presiones para lograr ventajas en beneficio de personas o mercantiles de su entorno” o que ejecutara las obras en un cortijo-bodega de su propiedad “con recursos propios de Elsur como trabajadores, maquinarias o materiales”.
La sentencia absuelve, asimismo, al cuñado de Enciso y hermano de su esposa, Francisco Javier Aguilera del delito de tráfico de influencias, al no constar que la contratación por parte del Ayuntamiento de él o su mercantil, que supuso ingresos de “5,5 millones de euros” entre 2002 y 2009, “se hiciera con el objetivo de favorecer al familiar del alcalde” ni que los contratos se hicieran de forma irregular o “incluyesen precios muy ventajosos para este y perjudiciales” para el consistorio.
EL EXINTERVENTOR RECIBIÓ “GRANDES PREBENDAS ECONÓMICAS”
Distinta es la valoración de los practicado en juicio que hacen los magistrados del rol de José Alemán para “posibilitar la acción delictiva” de la trama y de cómo se benefició de esta. “No solo hizo dejación de funciones, sino que permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”, subrayan.
Detalla que constituyó, directamente o por medio de familiares, empresas con las que “lucrarse ilícitamente y así obtener fuertes ingresos” que cuantifica en 7,5 millones y que, posteriormente, “invirtió en crear un importante patrimonio inmobiliario, adquirir vehículos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo”.
La sentencia indica que su “principal mecanismo” de obtención de ingresos era la empresa que tilda de instrumental, Sistemas de Dirección SL, con la creo un “montaje ficticio de facturación” con el que “simulaba el pago de servicios prestados” por parte de las empresas de la trama que subcontrataban con Elsur. Añade que Alemán “simuló” retribuciones de personal de esta mercantil para “efectuar pagos a familiares”.
La Audiencia Provincial condena también a su esposa, Isabel Carrasco, por malversación de caudales públicos a una pena de tres años y tres meses de prisión y nueve de inhabilitación y a otros cinco meses de prisión y al pago de una multa de 431.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.
Absuelve, sin embargo, al que fuera interventor municipal accidental durante décadas del Ayuntamiento ejidense de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, delito societario y cohecho activo. No ve prevaricación porque en las acusaciones “falta el presupuesto esencial del delito, que es la perfecta identificación de las resoluciones que son hipotéticamente arbitrarias e injustas”.
Con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y societarios acuerda absolución para el exalcalde y el exinterventor, entre otros, “porque no procedía su enjuiciamiento, ni menos aún pueden ser condenados sin incurrir en vulneración ya que no declararon en sede judicial durante la instrucción sobre los hechos configuradores de estos delitos”.
Caso Poniente: nueve años de investigación, 18 meses de juicio y 626 días hasta la sentencia.
El caso ‘Poniente’, la macrocausa de mayor envergadura instruida en la provincia de Almería vinculada a una trama de corrupción empresarial y política ligada al Ayuntamiento de El Ejido (Almería), cuenta con su primera sentencia judicial 16 años después de que comenzaran las investigaciones en 2007, con la primera denuncia ante la Fiscalía.
La instrucción se prolongó durante nueve años antes de iniciarse una vista oral en 2020 que se extendió durante 18 meses en dos escenarios distintos a causa de la crisis del covid-19 y tras la que ha habido que aguardar 626 días hasta contar con un fallo aún susceptible de recurso.
La operación estalló el martes 20 de octubre de 2009 con el registro por parte de la Policía Nacional y funcionarios de la AEAT, bajo orden de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, en el Ayuntamiento de El Ejido y en la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), así como en una decena sedes relacionadas con la mercantil, cuyo socio privado era Abengoa, y en viviendas de los investigados, lo que extendió la trama a Sevilla y Madrid.
La actuación policial se saldó en la primera fase con una veintena de detenciones, entre ellas la del exalcalde de El Ejido Juan Enciso, quien entonces gobernaba bajo las siglas del PAL –cuya sede también fue registrada–, la del ex interventor municipal José Alemán, administradores de algunas subcontratas de Elsur y varios de sus familiares.
La trama, por la que llegaron a estar imputadas más de 80 personas en algún momento de la instrucción, se había iniciado meses antes con el minucioso seguimiento de las conversaciones telefónicas de los principales actores y sus movimientos bancarios y patrimoniales. No en vano, la Fiscalía acreditó que, entre 2002 y 2009, se podrían haber detraído hasta 71,5 millones de euros de las arcas municipales.
La juez instructora Montserrat Peña, quien mantuvo el secreto de las actuaciones prácticamente en su totalidad hasta enero de 2011 –más de 15 meses después de la intervención policial–, decretó el ingreso en prisión de Enciso y de otras siete personas que, con el pago de las fianzas que se les impusieron, consiguieron eludir la privación de libertad.
En el caso del exalcalde, no fue hasta el 15 de junio de 2010 cuando pudo abandonar la cárcel de Albolote (Granada) tras abonar 300.000 euros. Apenas dos semanas después lo haría también Alemán, con una fianza que se duplicó hasta los 600.000 euros para poder abandonar el centro penitenciario de ‘El Acebuche’.
65 PROCESADOS TRAS LA INVESTIGACIÓN
La instrucción en la que se produjeron nuevos arrestos ante el aumento de las ramificaciones se cerró el 20 de junio de 2016, cuando la juez ordenó el procesamiento de 65 personas y acordó el sobreseimiento respecto a 13 de los investigados, cuatro de ellos a causa de su fallecimiento.
El informe pericial solicitado a la Agencia Tributaria fue uno de los principales elementos que dilató las actuaciones durante la compleja fase de investigación, ya que esta prueba no fue entregada hasta febrero de 2014. De otro lado, la avalancha de recursos impulsados ante el auto de procesamiento también dilató la fase intermedia del procedimiento, de tal modo que la Fiscalía no dio a conocer su escrito de acusación hasta noviembre de 2017, cuando ya habían pasado ocho años desde las primeras detenciones.
Al tiempo que se avanzaba en la preparación del juicio surgieron nuevas necesidades a las que había que responder para acoger la vista oral debido al alto número de investigados. La Junta de Andalucía efectuó a mediados de 2019 unas obras de adaptación y remodelación en el Palacio de Justicia de Almería, con una inversión de unos 30.000 euros, que entre otros aspectos permitieron articular una sala para dar cabida a todas las partes del juicio.
No obstante, no fue hasta el 10 de enero de 2020, más de una década después de la intervención en el Ayuntamiento, cuando arrancó la vista oral con cuestiones previas y un total de 49 acusados, cinco de los cuales abandonaron la sala de la Sección Tercera a los pocos minutos, ya que fueron absueltos porque sus delitos habían prescrito.
Las cuestiones previas planteadas ante el tribunal presidido por Társila Martínez junto a los magistrados Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad, este último como ponente, llevaron a la primera de las seis modificaciones del calendario de sesiones, ya que la Fiscalía Anticorrupción pidió “más tiempo” para dar respuesta a las defensas de los 44 acusados.
Finalmente retiró los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos de entre 2002 y 2005 por prescripción y rebajó sus peticiones en las penas de prisión, en algunos casos, hasta la mitad. Con ello, se fijó la primera sesión para la declaración de los investigados el 30 de marzo de 2020; una fecha truncada ante la declaración del estado de alarma a causa del covid-19.
EL JUICIO SE TRASLADA 14 KILÓMETROS
La irrupción de la pandemia prolongó el juicio de la macrocausa durante 18 meses desde su inicio, con continuos cambios en el calendario ante las restricciones derivadas del coronavirus. La necesidad de mantener la distancia interpersonal llevó a la presidenta del tribunal a dictar una providencia en junio de 2020 en la que apuntaba que el Palacio de Justicia, el cual había sido objeto de obras de adaptación, no reunía las condiciones para seguir celebrando el juicio.
Así, la Junta de Andalucía estableció como nueva sede para continuar el acto el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, a casi 14 kilómetros de la Audiencia Provincial y fuera del término municipal de la capital, lo que conllevó una inversión adicional de 44.000 euros.
El caso hacía honor a su nombre al discurrir ya hasta su finalización en la comarca del Poniente almeriense. Las sesiones se retomaron el 16 de febrero de 2021 con los primeros interrogatorios ya que, si bien la reanudación del juicio se había programado para un mes antes, en concreto, el 12 de enero, el positivo en covid-19 de siete acusados y dos abogados conllevó la suspensión.
Los interrogatorios comenzaron con José María Marañón, consejero delegado de Elsur y entonces presidente no ejecutivo de Agua y Gestión de Servicios, mercantil vinculada al denominado Grupo Abengoa. No fue hasta el 2 de marzo de 2021 cuando el exalcalde ejidense habló públicamente dentro del proceso para negar que hubiese recibido “prebendas” en el marco de la trama ni facilitara la sustracción de dinero público.
El desarrollo de la vista oral se vio ensombrecido el 24 de marzo de 2021 ante el fallecimiento del teniente fiscal de Almería y delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, quien lideró durante casi 14 años la investigación y se empleó hasta el final en la causa hasta que fue relevado por Jesús Juan Cruz. Su memoria fue honrada por los miembros del tribunal y las partes en la sesión del día siguiente con un minuto de silencio.
Tras casi seis meses de sesiones en el Palacio de Congresos y un año y medio de juicio en total, el caso quedó visto para sentencia; un fallo que se ha hecho esperar durante 626 días con constantes apremios especialmente durante los últimos seis meses, en los que el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha ofrecido distintas previsiones e incluso llegó a pedir “perdón” públicamente por la tardanza.
La demora llevó en diciembre de 2022 al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, a urgir al tribunal el dictado de su sentencia; un tema sobre el que también se interesó el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la visita que turnó el pasado mes de febrero ante las importantes dilaciones que han hecho que el caso Poniente sea uno de los más vastos del país.
Alcalde de El Ejido dice que “intentarán recuperar” los 58,8 millones malversados como “únicos perjudicados”.
El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, ha indicado este viernes que el Ayuntamiento, personado como acusación particular, “intentará recuperar en la medida de lo posible” la “mayor parte” de los 58,8 millones de euros que la Audiencia Provincial considera que detrajo de las arcas públicas ejidenses entre 2002 y 2009 bajo mandato de Juan Enciso.
Asimismo, ha tildado de “muy graves” las dilaciones indebidas que ha arrastrado el caso ‘Poniente’, y ha llevado la rebaja de las penas a los 32 condenados en un grado al aplicarse como atenuante muy cualificada.
A preguntas de los periodistas tras hacerse pública la sentencia casi dos años después de que se concluyese la vista oral, Góngora ha señalado que el paso de “más de 13 años” desde que explotase la operación policial con la detención de una veintena de personas, entre ellas el exregidor, hasta el fallo en primera instancia “debería ser considerado por la administración de Justicia ya que es “mucho tiempo”.
El alcalde ejidense ha remarcado que, a la espera de analizar el contenido de la resolución de la Sección Tercera, el tribunal concluye que trama en torno a la empresa mixta Elsur, con Abengoa como socio privado, “esquilmó” 58,8 millones de euros, pero que el Ayuntamiento entiende, como expuso en la vista oral, que se habrían malversado “del orden de 84 millones de euros”, y la Fiscalía, un total de 71,5 millones de euros.
“Aún así, son cantidades multimillonarias, muchos recursos públicos que se tenían que haber destinado al mantenimiento de los servicios, a pagar a proveedores”, ha remarcado para añadir que “se falsearon las cuentas públicas para seguir endeudando el ayuntamiento y para seguir, en parte, malversando”.
Góngora ha trasladado que lo que “más importa” es que el Ayuntamiento y los ejidenses “tenemos derechos a resarcir esos 58,8 millones de euros” ya que, al haber desaparecido los delitos contra la Hacienda Pública, “está claro que es el único organismo perjudicado al que se le han detraído los fondos públicos”, frente a la Agencia Tributaria.
“Vamos a intentar, en la medida de lo posible, recuperar la mayor parte de toda esa cantidad muy, muy, muy abultada y vamos a intentar afianzar la garantía que hay prestada; Ese es el principal objetivo”, ha asegurado en referencia a las fianzas civiles depositadas, entre ellas la de Abengoa.
Fernández-Pacheco tras la sentencia del caso ‘Poniente’: “La mejor noticia es que es cosa del pasado”.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado que la “mejor noticia” que deja la sentencia hecha pública este viernes respecto al caso ‘Poniente’ por corrupción es que es “cosa del pasado” y ha remarcado que “hoy” El Ejido es una ciudad que “pujante” con una “alcalde magnífico al frente”.
A preguntas de los periodistas tras presentar en Almería el proyecto para recuperar el ‘Parque del Boticario’, Fernández-Pacheco ha afirmado que la macrocausa, que explotó policialmente en 2009, “se ha alargado, quizá, demasiado en el tiempo” y ha lamentado la imagen que, entonces, trasladó del municipio.
“Al final, la mejor noticia es que este caso, que puso a El Ejido y a la provincia de Almería en todas las portadas nacionales por la peor cara de la política, es cosa del pasado”, ha asegurado.
El consejero ha subrayado que el municipio del Poniente almeriense “hoy crece económica y socialmente” y ha reivindicado el “trabajo ejemplar” del regidor, Francisco Góngora (PP), para “volver a poner” a El Ejido “en el lugar donde nunca debió dejar de estar”.