Convocadas subvenciones para dinamizar la economía de las zonas rurales de Andalucía

Las ayudas respaldan iniciativas de entidades y agentes locales que no están constituidos como grupos de desarrollo rural

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de ayudas de 2026
para personas o entidades que, sin estar constituidas como grupos de desarrollo rural
(GDR), llevan a cabo actuaciones que contribuyen a alcanzar los objetivos de las
Estrategias de Desarrollo Rural (Leader) de estas asociaciones. Las subvenciones
tienen un presupuesto, cofinanciado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que supera los 97
millones de euros para el periodo 2023-2027 y se conceden tanto a iniciativas ya
realizadas como a acciones planificadas para este marco temporal.
Estos incentivos son una herramienta clave para el desarrollo sostenible, la cohesión
territorial y la modernización del medio rural andaluz al suponer un aporte económico
para realizar actuaciones que no podrían materializarse en otro caso. Además, el diseño
de las estrategias por parte de los propios agentes locales de cada área incrementa la
eficacia e impacto de las medidas subvencionadas sobre el tejido socioeconómico. Esta
convocatoria alberga tres líneas de ayudas centradas en impulsar el desarrollo del
sector agrario y forestal; en fomentar la diversificación de la economía rural; y en
respaldar actuaciones encaminadas a potenciar la conservación del medio rural, mejorar
la calidad de vida de los habitantes de estas áreas y fijar su población.
En cuanto a los posibles beneficiarios, la bases contemplan tanto a emprendedores
como a empresas y entidades públicas o sin ánimo de lucro, entre los que se pueden
encontrar autónomos, pymes, cooperativas, asociaciones, consejos reguladores de
denominaciones de calidad o instituciones locales que impulsen iniciativas con
capacidad para generar empleo, actividad económica o servicios de proximidad. El nexo
común de estas personas o entidades es su papel esencial en la dinamización de los
territorios rurales de Andalucía, al actuar como agentes económicos o sociales
vinculados directamente con la realidad local de cada área a la que se asocian.
Actualmente, en Andalucía está reconocidos 48 grupos de Desarrollo Rural que cubren
la totalidad de la región. Por provincias, Almería cuenta con cuatro GDR (AlpujarraSierra Nevada Almeriense, Filabres-Alhamilla, Levante Almeriense y del Almanzora, y
Los Vélez); Cádiz, con tres grupos (Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, Litoral
de la Janda y Los Alcornocales y Sierra de Cádiz); Córdoba, con siete (Campiña Sur de Córdoba, Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, Medio Guadalquivir, Los Pedroches,
Sierra Morena Cordobesa, Subbética Cordobesa y Valle del Alto Guadiato); y Granada,
con ocho (Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, Altiplano de Granada, Arco Noroeste
de la Vega de Granada, Comarca de Guadix, Los Montes de Granada, Poniente
Granadino, Valle de Lecrín, el Temple y la Costa, y Vega-Sierra Elvira).
Por su parte, en Huelva están reconocidos cinco GDR (Andévalo Occidental, Condado
de Huelva, Costa Occidental de Huelva Guadi-Odiel, Cuenca Minera de Riotinto y Sierra
de Aracena y Picos de Aroche); en Jaén, siete (Campiña Norte de Jaén, Condado de
Jaén, La Loma y Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra Mágina y Sierra
Sur de Jaén); en Málaga, seis (Antequera, Axarquía, Guadalteba, Sierra de las Nieves
y Serranía de Ronda, Territorio Nororiental de Málaga y Valle del Guadalhorce); y en
Sevilla, ocho (Aljarafe-Doñana, Bajo Guadalquivir, Campiña y los Alcores de Sevilla,
Corredor de la Plata, Osuna, Estepa y Sierra Sur de Sevilla, Gran Vega de Sevilla,
Serranía Suroeste Sevillana y Sierra Morena de Sevilla).
Cada GDR debe contar con una Estrategia de Desarrollo Rural (Leader), que reúne el
conjunto de operaciones previstas para alcanzar sus objetivos y dar respuesta a las
necesidades locales de su zona de actuación. Para la elaboración de estas
planificaciones, los grupos ponen en marcha procesos participativos que garantizan la
inclusión de medidas encaminadas a satisfacer realmente los intereses locales.