CSIF denuncia que Educación contrate monitores privados en los colegios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia a la Delegación provincial de Educación que se subcontraten a través de empresas externas monitores para la realización de labores administrativas y para la atención de alumnado con necesidades educativas especiales, mientras que la bolsa de trabajo de la Junta de estas dos categorías se mantienen repletas.
En esta línea, CSIF critica que la Administración vaya a gastar 1.269.450 euros en la provincia de Almería con estas contrataciones, cuando son labores propias del personal público, colectivo que ha visto la oferta de empleo en su sector sin renovación desde 2011.
Para el sindicato es lamentable que las medidas para la reducción del déficit público se establezcan en la congelación de las Ofertas Públicas de Empleo y la de la tasa de reposición de efectivos cero, pero sin embargo se está apostando en contrataciones privadas para el ejercicio de servicios públicos.
Herminia Martínez, presidenta provincial del sector de Administración de la Junta de Andalucía, ha señalado que es “totalmente incomprensible que se reduzca un 10 por ciento en la jornada del personal laboral temporal e interino, y al mismo tiempo se contrate personal privado”. Martínez ha añadido además, que las funciones de dicho personal contratado como ‘monitor administrativo’ y como de ‘apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales’, corresponden a ‘monitor escolar’ y ‘monitor de educación especial’, respectivamente. Así, la presidenta provincial destaca que sendas categorías pertenecen al VI Convenio que accede al empleo público a través de concursos reglados en convenio y que se rigen por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Por otro lado, desde el sindicato también denuncian que este personal desarrollará un compendio de funciones que no deberían “caer en manos externas y empresas privadas”, por tratarse de datos que requieren una estrecha privacidad y que sólo deberían ser manejados por empleados públicos amparados por la ley.
“Las licitaciones publicadas corroboran que la privatización de la Administración andaluza sigue su curso, así como la pretensión y objetivo del Gobierno”, ha destacado Martínez.
Asimismo, la presidenta ha recordado que este sistema de contratación encarece desorbitadamente los costes, ya que el presupuesto se reparte entre diferentes empresas, gerentes y subcontratas, quedando minimizada la nómina de los monitores contratados.
“CSIF mantendrá una postura firme ante las externalizaciones de la Función Pública y continuará con su lucha ante los tribunales en defensa de los derechos de los Empleados Públicos vulnerados por el Gobierno de Andalucía”, ha concluido Martínez.
