CSIF denuncia una posible prevaricación en una resolución irregular de la Consejería de Justicia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, denuncia una posible prevaricación en una resolución irregular de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. El pasado 21 de noviembre, el BOE publicó una resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior por la que se resolvía el concurso de traslados, aunque los interinos eran despedidos antes de la toma de posesión de los nuevos titulares, algo contrario a la norma.
La resolución del concurso establece que los funcionarios interinos o de carrera, con adscripción provisional, cesarán como consecuencia de la posesión del titular. También, el artículo 12 de la Orden de Interinos establece (en su letra c) que el cese se producirá cuando se cubra por funcionario titular un puesto vacante desempeñado por interino.
A pesar de ello, CSIF ha podido conocer que se han dado instrucciones para que se proceda al cese de los interinos afectados por el concurso de traslado el mismo día en el que tienen que cesar los titulares en su destino de procedencia, y antes de su toma de posesión en el nuevo destino otorgado en dicho concurso de traslados.
Por ello, CSIF ha denunciado el hecho mediante un escrito presentado al consejero, instándole a que dé las órdenes oportunas a fin de que se reponga a los interinos cesados el pasado día 26 de noviembre y los cesados el día 3 de diciembre a su estatus anterior. Igualmente, se le ha recordado al consejero, en su condición de Fiscal, el contenido del Artículo 404 del Código Penal, que establece que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Para el sindicato, es un tema de bastante gravedad, por lo que se le ha trasladado a la Asesoría Jurídica de CSIF, a fin de que se inicien las acciones legales que pudieran derivarse de los hechos descritos, sin perjuicio de ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la investigación de los mismos.
