CSIF reclama, tras el aumento presupuestario, su Plan de Adecuación a la Nueva Oficina Judicial
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha solicitado mediante escrito a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, la ejecución de su Plan de Adecuación a la Nueva Oficina Judicial, tras el aumento presupuestario en este sector. El sindicato también ha exigido que se incluya la reducción de la pendencia para disminuir el actual retraso de la Justicia andaluza.
En esta línea, y tras la lectura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012, la cantidad destinada al pago de las retribuciones al personal de Justicia, con respecto al pasado 2011 ha aumentado en 14.562.291 euros. Desde CSIF se desconoce aún cual será su aplicación, pero a priori, esta cantidad sólo puede destinarse a las retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Es por este motivo, que CSIF considera que este aumento en la partida puede servir para que se tome en consideración el Plan de Adecuación de la Nueva Oficina Judicial, e igualmente, dirigirlo a reducir la pendencia. Para todo ello, el sindicato propone el Plan de Tardes Fijo Específico, una alternativa similar al actual plan de accesibilidad del Registro Civil, pero con asistencia del funcionario dos días al mes en horario de tarde, en lugar de los cuatro días del dicho plan de accesibilidad. Así, los funcionarios harían un total de cinco horas al mes estableciendo un específico aproximado de 130 a 150 euros al mes. El coste total anual rondaría los 12 millones de euros aproximadamente. Esta opción iría enfocada a hacer desaparecer la pendencia y el retraso actual, de cara a la Nueva Oficina Judicial, lo que se traduciría en que la Justicia en Andalucía funcionara al día, siendo así, pioneros en España.
Con todo, el Sector Justicia de CSIF Andalucía mantiene ciertas dudas sobre cómo se va invertir este incremento presupuestario en cuanto a la aplicación en un incremento de plantilla, o de planta judicial, ya que no es lo que indica el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, donde se prohíbe la incorporación de nuevo personal durante el año en curso para todas las administraciones. Además, en esta normativa también está exento el nombramiento de interinos como refuerzo, así como una posible subida salarial.
