CSIF sólo concibe un Registro Civil Público, de gestión pública y con empleados públicos de Justicia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se ha concentrado este jueves, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, junto al resto de sindicatos, contra la privatización del Registro Civil que pretende llevar a cabo el Ministerio de Justicia. A este respecto, el sindicato ha señalado que sólo concibe un Registro Civil público, de gestión pública y atendido por empleados públicos de Justicia.
A juicio de CSIF, estos trabajadores son los únicos que cuentan con la formación, experiencia y potencial necesarios para asumir las funciones que requiere este servicio público. En esta línea, la central sindical considera que el Registro Civil debe estar centrado en las personas, con una organización interna moderna, descentralizado en su demarcación y aprovechando la red de Juzgados de Paz y los partidos judiciales. Para CSIF también es fundamental un registro civil único en su gestión a través de un sistema informático que interconecte todos sus centros. De esta manera y en numerosas ocasiones, el sindicato ha trasladado hasta el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, todas estas pautas necesarias para el correcto funcionamiento de un servicio público que no debe ni puede ser privatizado.
Así, CSIF ha recordado que lleva oponiéndose a esta privatización desde el año 2012 y ha promovido y participado en decenas de concentraciones con el resto de sindicatos del sector Justicia y ha apuntado, en boca de su presidenta provincial, María Angustias Serrano, que lo seguirá haciendo ya que están en juego más de 3.000 puestos de trabajo y las garantías de un servicio público fundamental.
Por otro lado, Serrano ha subrayado otros aspectos de la campaña emprendida al respecto por el sindicato, en la que también se están manteniendo reuniones bilaterales con los grupos parlamentarios explicando el motivo de este rechazo o se ha trasladado a los grupos parlamentarios autonómicos la necesidad de que, desde esas instancias, se posicionen contra la pretendida privatización.
Y por supuesto, apunta la presidenta provincial, se ha reiniciado una campaña por la que se está informando a los funcionarios destinados en los Registros Civiles, del peligro que corren más de 3000 plazas que se pueden ver afectadas, y la merma de derechos de promoción interna, minoración de próximas Ofertas de Empleo público, la amortización de plazas y despido de personal interino, sin indemnización, que en esta provincia, podría afectar a casi 60 puestos de trabajo.
Por último, Serrano ha destacado la información que están ofreciendo a los ciudadanos, a través del propio registro civil, de la perdida de garantías de independencia que supone la privatización del Registro Civil.
