¡Cuidado con el terrorismo!

Catón decía de los augures romanos: “ No pueden mirarse sin reírse”.y yo, ingenuamente, me pregunto que les pasará a los miembros del TC cuando se miran los unos a los otros, cuando han vuelto a rectificar una sentencia del TS, en la que se prohibía que los presos etarras se matriculasen en las universidades del País Vasco. Me imagino que habrán puesto las mismas caras que pusieron cuando, meses atrás, les hicieron el mayor favor que se les podía hacer a los terroristas de ETA, legalizando a la banda de sus representantes genuinos, que se presentaba bajo las siglas de BILDU. Y es que hay que reconocer que, desde que preside el TC – aquel que tiene por misión defender la Constitución y hacer que se cumplan sus preceptos según la correcta hermenéutica y no inventárselos ni interpretarlos de una forma laxa o claramente favorable a un determinado sector político de la sociedad –, el magistrado don Pascual Sala, parece que esta estancia de la Justicia se ha convertido en algo parecido a una sucursal de un determinado partido político, hoy felizmente enviado a la oposición, cuando utiliza, de forma poco entendible, su misión de hacer cumplir la Carta Magna en una especie de estancia superior al Supremo, ante la cual se pudieran recurrir todas las decisiones de éste, estuvieran o no comprendidas en sus competencias de vigilante de la constitucionalidad de las actuaciones judiciales y de las leyes de la nación..

Da la sensación de que, el TC, tal y como está formado en la actualidad, estuviera en la línea de las tesis de AMAIUR y compartiera la idea de que, con la banda terrorista, más vale no extremar las exigencias y permitir que, la culpabilidad de quienes han estado matando, extorsionando y torturando durante cuarenta años, intentando justificarlo en una supuesta injusticia contra el País Vasco, (basada en una más que discutible teoría de un señor llamado Sabino Arana de que los vascos, como los nazis, eran una raza superior y, por tanto, con el derecho a regirse por ellos mismos sin estar “sometidos” al resto de España) se vaya extinguiendo con el transcurso del tiempo; en aras a una paz temporal; porque los etarras no se van a conformar con una autodeterminación y exigirán la independencia, permitiendo la prescripción de los delitos y la reinserción de los criminales sin que les importe, en absoluto, el dolor de los familiares de las víctimas y de aquellos que sufrieron en sus carnes sus métodos expeditivos.

Es evidente que se hace urgente una remodelación, en profundidad, del TC y establecer un nuevo método de elección de sus componentes; de modo que todos ellos deban pertenecer a la carrera judicial; que la designación no le corresponda a ningún gobierno, sino que sean los propios órganos de la judicatura los que, de entre los jueces más solventes e independientes, se escojan los que deberán formar parte de la alta institución; garantizando con ello que no haya sectarismo, favoritismo ni tendencia política que pueda interferir en la imparcialidad de todos los componentes del tribunal. No es, solamente, una exigencia de las víctimas del terrorismo, que se sienten ofendidas por las decisiones de un tribunal que, evidentemente, no está a la altura de sus responsabilidades; no se trata de que sea un gobierno de izquierdas o derechas quien decida la forma de elección; tampoco debe ser algo que arbitrariamente pueda decidirse por el Consejo del Poder Judicial; no, señores, se deben establecer, por ley, las características, las cualidades, los años de ejercicio impecable de la judicatura, el grado de preparación, las publicaciones y el recto sentido de la justicia, sin contaminaciones políticas, para que, automáticamente, cuando se produzca una vacante o se deba renovar la totalidad de la institución, no haga falta que nadie decida quienes deberán ocupar el relevo, sino que baste examinar los currículos de los jueces para, por orden de méritos, se elijan, de forma automática, los nuevos integrantes.

Es penoso que, el Observatorio contra la Impunidad, creado por asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, haya denunciado que el 40% de los asesinatos etarras sigan impunes. El portavoz de Dignidad y Justicia, don Daniel Portero, ha pedido al gobierno del PP que lo primero que tiene que hacer es proceder a la renovación del TC. Ha añadido que “no paramos de recibir mazazos, tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza con la doctrina Parot, que mucho me temo que la va a tumbar el TC, y eso sería un gran mazazo para las víctimas, porque cerca de 90 presos de ETA saldrían a la calle ya y eso sí crearía una revuelta dentro de las víctimas”. Los condenados antes del cambio del Código Penal del año 95, o sea, los que cometieron los delitos previamente a dicha fecha y siguen en la cárcel, gozan de privilegios y beneficios penitenciarios. El ejemplo más reciente, debido a la sentencia del TC, es el de pueden “estudiar en las universidades del País Vasco y pueden reducir su condena” Pero para ello deben aprobar y se da la curiosa circunstancia de que todos los que han estudiado en las universidades vascas han aprobado siempre ¡será por los aires abertzales! Así fue denunciado en los años 2003, 2004, y 2005.

Lo más lacerante es que, incluso después de la amnistía del año 79, existen 314 casos de delitos de terrorismo que siguen sin esclarecer. En definitiva, se trata de que el nuevo gobierno del señor Rajoy se limite a aplicar con rigor la ley y se mantenga firme el Estado de Derecho, evitando que se sigan empleando trucos legales y ardides penitenciarios para que los presos etarras salgan favorecidos y sean las familias de las víctimas las que tengan que bajar la cabeza cuando se los encuentran en la calle o formando parte de los equipos de gobierno de algunos ayuntamientos. Ya no valen más retrasos ni hay excusa para que, el PP, tome conciencia de la gravedad de los hechos que se vienen denunciando. No se puede hablar de olvidarse del pasado o de políticas de acercamiento de presos al País Vasco, cuando existen centenares de casos, aparte de los prescritos, sin solventar y sin castigo para los culpables, como exige la Justicia.

Estamos de acuerdo en que, hoy en día, lo más urgente es solucionar los problemas de paro, económicos, fiscales y sociales que nos afectan tan duramente; pero ello no puede implicar que, temas de tanta enjundia como es el de la Justicia, la reforma del sistema judicial, la dotación de medios a los juzgados, la unificación de la red informática y de comunicación automática de datos y la despolitización de magistrados, fiscales y jueces, así como la modificación de algunas leyes, como la del aborto; se ha convertido en algo inaplazable, si es que queremos que la ciudadanía vea un cambio y comience a confiar en el sistema judicial, hoy en día, una de las instituciones más desacreditadas del país.

Sabemos que son momentos difíciles para España y reconocemos que, el nuevo Gobierno, no lo va a tener fácil; pero los españoles tenemos necesidad urgente de que se nos den muestras de que los desmanes cometidos por el PSOE van a ser rectificados y que ello va a tener lugar con rapidez. Si los ciudadanos, a los que se nos van a exigir grandes sacrificios, no tenemos el aliciente de ver que instituciones de tanto calado como la Justicia, la Judicatura, la Fiscalía y la lucha contra el terrorismo, sin contemplaciones y ateniéndose estrictamente a la ley; es probable que las ilusiones que nos ha inspirado la llegada del nuevo gobierno del señor Rajoy, se extingan antes de haber llegado a arraigar en nosotros. Cuidado pues, no vayamos a perder la ventaja que otorga una amplia mayoría. O esta es mi forma de ver esta cuestión.