Detenido por simular un robo en su vivienda para cobrar el seguro ante su precaria situación
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años de edad acusado de simular un robo en su domicilio, un chalet situado en la urbanización de Retamar en Almería, con la intención de cobrar el seguro ante su precaria situación económica. En su denuncia, manifestaba que una persona o personas habían accedido a su vivienda saltando el muro del patio y forzando la puerta de la cocina, de forma que le sustrajeron numerosos efectos como televisores, ordenadores portátiles, maquinaria, varios electrodomésticos y accesorios de vehículo.
Según informa la Comisaría en una nota, el hombre manifestó que todos los objetos que le habían sustraído se encontraban perfectamente empaquetados, dado que en el momento del supuesto robo se encontraba realizando una mudanza de su antiguo domicilio.
Los investigadores identificaron ciertas contradicciones en la declaración de la supuesta víctima que llevaron a pensar en la falsedad de la denuncia, hecho que se constató con la inspección ocular realizada por la Policía Científica, que llegó a la conclusión de que no se había producido tal robo ya que los daños que presentaba la puerta de la cocina eran antiguos y se debían al mal estado de la misma.
Ante las pruebas presentadas por los agentes, el detenido reconoció la falsedad de la denuncia y manifestó que el motivo de la misma se debía a su precaria situación económica, puesto que su intención era la de cobrar el seguro. Posteriormente los investigadores llevaron a cabo diversas gestiones con la compañía aseguradora, pudiendo comprobar que al detenido no le había dado tiempo a ponerse en contacto con ellos para cobrar la indemnización.
La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo V de la Brigada de Policía Judicial en colaboración con la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Almería. El detenido ha pasado a disposición judicial. La Policía ha recordado que la simulación de delito está tipificada en el Código Penal como un delito contra la administración de Justicia. Las penas pueden ir de seis meses a dos años de prisión y una multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave. Con una pena de multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave. Y, por último, con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.
