Diputados a peonadas

La pobre valoración que de los políticos hacen los ciudadanos y la circunstancia de que sean vistos como un problema en sí mismo según las encuestas del CIS y causantes de otros muchos problemas como las cuestiones identitarias están llevando a que surjan voces populistas que asumen este discurso antipolítico incluso dentro de las instituciones del Estado. Hay motivos objetivos para que los ciudadanos no tengan mucha confianza en los representantes que han elegido democráticamente porque un día sí y otro también aparecen casos de corrupción; porque la bronca es constante entre los distintos partidos y parecen incapaces de alcanzar consensos en cuestiones que preocupan a la mayoría; porque plantean problemas que la gente no ve como tales mientras continúan sin dar una respuesta adecuada a la crisis económica y social y siguen empeorando las cifras macroeconómicas, lo que se traduce en un empobrecimiento de muchas personas concretas.

Hay radios, televisiones y medios de comunicación escritos en los que este discurso antipolítico es su base editorial, pero lo más llamativo es que desde los propios grandes partidos surjan iniciativas que asumen sin demasiada reflexión esta retórica. El ejemplo más reciente lo tenemos en la propuesta de María Dolores de Cospedal, quien ha planteado que los diputados regionales no tengan sueldo. Aunque esto depende en último término de la Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta, el proyecto presupuestario que se va a discutir prevé un recorte que se traduciría en la aplicación de dicha medida ya el próximo ejercicio. Es discutible que si así se hiciera, no sufriese un duro revés en los tribunales, incluido en su día el Constitucional, porque afecta a derechos adquiridos y provoca una enorme inseguridad jurídica. El planteamiento sería distinto si se aprobase para la próxima legislatura, antes de que se celebrasen las elecciones y, por lo tanto, sin que hubiese diputados que hubiesen adquirido ya unos derechos. Como bien sabían los antiguos griegos que teorizaron por primera vez la ciencia política, la estabilidad de la ley es fundamental para la justicia. Imagínense que a la señora De Cospedal, que al parecer disfruta de varios sueldos y numerosas dietas, todos provenientes directa o indirectamente del erario, se le ocurriese actuar retrospectivamente contra otros derechos adquiridos como el de los funcionarios a su sueldo, el de los pensionistas a sus pensión…

Más allá de la legalidad de una norma que violaría otras y algunos de los principios fundamentales del derecho si se aplicara el año próximo, está el ideario político que se barrunta detrás de esta iniciativa. Lo primero que hay que señalar es la tremenda ignorancia histórica de la presidenta de Castilla La Mancha, que desconoce el logro que supuso no sólo en España sino en todo el mundo la consecución de un sueldo para los diputados. Durante todo el siglo XIX, los partidos progresistas lucharon para que los diputados tuviesen un salario que les permitiese dedicarse profesionalmente a la política. Esta medida fue clave para contrarrestar la fuerza del caciquismo y permitió que la dedicación a la política estuviese en el horizonte de gentes que no gozaban ni de una posición social ni de una estabilidad económica. Hasta entonces, los partidos obreros, por ejemplo, pagaban a sus propios diputados por medio de las cotizaciones de sus militantes.

Lo segundo que hay que indicar es que la señora De Cospedal confía poco en el trabajo de los diputados, incluidos los propios, pues pretende que cobren sólo las dietas por asistir a los plenos o las comisiones. Es como volver al sistema de peonadas de los viejos terratenientes manchegos. La elaboración de las proposiciones de ley o el ejercicio del control al Gobierno, como bien sabe la presidenta, no son sólo cuestión de una mera discusión durante unas horas en el hemiciclo o en las comisiones sino que requieren un enorme trabajo previo de estudio, de análisis, de reflexión, de debate, de escritura. Valorar el trabajo de los diputados sólo por su presencia en la Cámara es absurdo, y a muchos nos gustaría pensar que los diputados están cumpliendo también la misión encomendada por los ciudadanos cuando no están presentes en la Cámara, por ejemplo, mientras intentan conocer directamente los problemas de los ciudadanos.

Si se suprime el sueldo a los diputados sólo podrán dedicarse a la política aquellos que tengan garantizados ingresos por otras vías, o tendrán que ser los propios partidos los que acaben pagando el sueldo a sus representantes, lo que agravaría el problema de la financiación de los partidos, ya de por sí grave. Detrás de este planteamiento se oculta la crítica a una generación de “profesionales de la política” que no ha hecho otra cosa en la vida que carrera dentro del partido. Son un número importante, pero sin duda no el más significativo porque entre los diputados siguen predominando los funcionarios que tienen garantizada su reincorporación laboral al abandonar la política. El mundo ha tendido a profesionalizarse y no tiene sentido criticar que haya profesionales de la política, lo que hay que criticar es que haya “malos” profesionales, como en cualquier otro sector social: no que haya médicos profesionales sino que haya malos médicos; no que haya políticos profesionales sino que haya malos políticos. Respecto a la conveniencia de que los políticos ejerzan otras actividades privadas que les produzcan algún beneficio, es discutible y ahí está la ley de incompatibilidades, pero lo que debería ser menos controvertido, en un mundo complejo como el de hoy, es que la gestión de lo público necesita para funcionar bien de verdaderos y buenos profesionales de la política a tiempo completo. Si además tienen experiencia previa en otros ámbitos, miel sobre hojuelas castellanomanchegas.

-Javier Zamora-