El alcalde de Macael entrega la auditoría realizada a la Fiscalía Provincial
El Alcalde de Macael, Raúl Martínez, este miércoles, 24 de abril, ha hecho entrega, en la Fiscalía Provincial, de la Auditoría de Cuentas y Expedientes del Ayuntamiento de Macael.
Se ha hecho entrega del Diagnóstico Económico Financiero de la Hacienda Municipal y del Diagnóstico Jurídico que auditan la gestión realizada por el anterior Equipo de Gobierno socialista durante los años 2007 á 2010.
El Alcalde, Raúl Martínez, manifiesta que es “un acto de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos de Macael ya que prometimos que la Auditoría se haría, y se ha hecho, y con los indicios razonables de unas posibles responsabilidades penales detectados mi obligación era ponerlo en conocimiento de la justicia que será la que tendrá que ver si existen responsabilidades de alguien”.
Son muchos los indicios detectados en la Auditoría y que fueron expuestos públicamente a los ciudadanos de Macael el pasado viernes.
Destacar que el Diagnóstico Económico Financiero de la Hacienda Municipal ha detectado, entre otras cosas, como la anterior corporación presentó un remanente de tesorería, de la liquidación del presupuesto de 2010, positivo en 1,392,01 € cuando en realidad, si se hubiesen aplicado los criterios aprobados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el remanente era negativo en 1.776.459,75 €, es decir, que se ha podido producir una presunta interpretación de las cuentas que no se ajustaba a la legalidad vigente y que de haberse realizado correctamente hubiese dejado claro la situación crítica que presentaban las cuentas municipales en el año 2010.
También son importantes los indicios razonables de posibles responsabilidades penales detectados en el Diagnóstico Jurídico que analiza una serie de expedientes elegidos al azar. Estos expedientes se refieren a obras o servicios contratados por la anterior corporación socialista.
Uno de los expedientes con posibles irregularidades es el de la Obra de Reforma del Ayuntamiento nuevo de la Avenida de Ronda. Esta obra, entre otras irregularidades, se contrató con una empresa por 341.000 € y al final, tras dos modificaciones, se facturó por 1.636.214,32 €. Destaca la Auditoría que las dos modificaciones se hicieron sin utilizar el procedimiento legalmente establecido ya que como se señala resulta a todas luces inaplicable el art. 141 d) del TRLCAP porque no deja de ser, en este caso, una adjudicación directa, pues se adjudica directamente a la misma empresa, por tanto, la segunda y tercera fases tenían que haberse tramitado por la cuantía de las mismas, a través de un procedimiento abierto o restringido, bajo la forma de adjudicación de concurso o subasta.
En la obra de Reforma y Ampliación del Ayuntamiento de la Plaza de la Constitución se producen similares irregularidades que en la anterior porque se adjudica la obra a la misma empresa pero después se hacen otras dos ampliaciones sin que el equipo jurídico tenga constancia de que haya siquiera habido, no un mínimo expediente de contratación (concurrencia), sino una adjudicación del contrato. Ademas, entre otras irregularidades, el contrato de la primera ampliación firmado con la empresa adjudicataria no lleva membrete, ni sello del ayuntamiento, ni aparece la figura del secretario como fedatario publico del contrato y solo esta firmado por una de las partes y ésta no parece la firma del alcalde (siendo ésto inadmisible).
En el Expediente de Iluminación del Cerro Ocará se han detectado numerosas irregularidades ya que no consta la tramitación de un expediente de contratación, ni existe en el expediente el acuerdo de inicio, ni el pliego de clausulas administrativas, ni el acuerdo de aprobación del expediente de contratación, ni las actas de la mesa de contratación, ni la publicación del anuncio, ni la constitución de la garantía definitiva, ni el documento de formalización del contrato, es decir, se prescinde total y absolutamente de todo procedimiento, existiendo vicio de nulidad radical. Se señala que podría existir un delito de prevaricación y podría, además, haberse incurrido en un delito de falsificación en documento oficial. En la reunión mantenida con los vecinos el concejal de Urbanismo informó que se había podido constatar que existen dos facturas de esta obra que superan en más de 40.000 € de euros el importe de contratación, algo totalmente irregular.
