El Ayuntamiento de Almería aprueba una moción institucional por la mejora de las infraestructuras ferroviarias en la provincia
El Pleno insta a la Junta, con el voto en contra de PSOE e IU, a ejecutar la inversión de los fondos recaudados a través del canon de depuración de aguas
El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado este viernes, con carácter institucional, una moción en defensa de mejores infraestructuras ferroviarias en la provincia de Almería, “solicitando al Ministerio de Fomento y, por extensión, al Gobierno de España, que resuelva con urgencia y sin más dilaciones los problemas ferroviarios almerienses, sintetizados por la Mesa en Defensa del Ferrovarril de Almería, cuyas reivindicacions apoya el Ayuntamiento de Almería y a las cuales se adhiere”.
Además de ésta se han aprobado por unanimidad otras cuatro mociones relativas a un cambio de modelo en la financiación de los Ayuntamientos, a las cláusulas suelo de las hipotecas, sobre procedimientos de reclamación por ingresos indebidos en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la modificación de su ordenanza fiscal y para la puesta en marcha de proyectos de escuelas taller y talleres de empleo dirigidos a desempleados con escasa formación.
Con matices, todos los grupos han mostrado su acuerdo sobre un cambio en el modelo de financiación que garantice “una financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas y que venga acompañada de provisiones presupuestarias suficientes”, ha reclamado la responsable municipal del Área de Economía, María del Mar Vázquez.
En este sentido, Vázquez ha recordado los primeros pasos que se han dado, por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, para reformar la financiación autonómica y local dando luz verde al comité de expertos “que tendrá que elaborar una propuesta sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, que presentará sus conclusiones en seis meses”.
Del mismo modo, los grupos con representación municipal han apoyado la puesta en marcha de las medidas oportunas para ayudar a los afectados por la cláusula suelo de hipotecas, a través del asesoramiento, a hacer efectivos sus derechos recogidos en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Plusvalía
La unanimidad ha presidido también respecto de la moción presentada por Ciudadanos relativa a establecer, con urgencia, los mecanismos necesarios para devolver el dinero recaudado a través del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La concejala de Economía, María Vázquez, ha pedido “cautela” respecto a la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anulación parcial de la Norma Foral del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa, “sentencia que no es aplicable a los Ayuntamientos”, subrayaba Vázquez, al tiempo que ha recordado que ya Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “ha solicitado aclaración a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la situación actual del impuesto”.
Desde esa prudencia y para no generar falsas expectativas entre los ciudadanos respecto a este impuesto, Vázquez ha sugerido “esperar a que la reforma del impuesto venga decretada por el Gobierno y por el pronunciamiento del Alto Tribunal, que llegará”, aseguró. En este sentido, ha pedido que “para evitar contradicciones de procedimiento atenderemos la puesta en marcha de los acuerdos contenidos en la moción, es decir, disponer de medios para la reclamación de las cantidades satisfechas a través de este impuesto, así como la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora, según las determinaciones del Alto Tribunal, cuando se pronuncie, y de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública”.
Inversiones canon autonómico
Igualmente se han aprobado, en su caso con el voto en contra del grupo municipal socialista e Izquierda Unida, sendas mociones, a propuesta del Grupo Municipal Popular, instando a la Junta de Andalucía a la inversión en Almería de los casi 11 millones de euros recaudados por el canon de depuración de aguas, así como la modificación de los decretos que regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que viene a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación.
El concejal de Servicios Municipales, Juan José Alonso, ha insistido en que “el dinero que los almerienses aportan en su factura al canon autonómico (tres euros) debe reportarse para la financiación de la construcción, puesta en marcha y funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas de depuración necesarias”, entre las que se encontrarían “el nuevo digestor del Bobar, la ampliación de la EDAR Cabo de Gata, el saneamiento y depuración en la Almadraba de Monteleva, la ampliación de emisarios de Ebar o los emisarios pluviales en la playa de El Zapillo”, exigió. En este sentido, el edil popular ha denuncia el incumplimiento de las obligaciones de la Junta en cuanto a protección del medio ambiente y la pérdida de oportunidades de crear empleo.
En otro orden de cosas, la responsable de Cultura, Ana Martínez Labella, ha exigido a la Junta de Andalucía igualmente que “no se lleven a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017-2018 ni en cursos sucesivos así como proceder a la modificación de los decretos que regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y que viene a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación”.
Martínez Labella se ha felicitado por la decisión de la Junta de “dar un paso atrás respecto de la decisión de no renovar el concierto a los centros educativos. Almería cuenta actualmente con 21 centros educativos concertados, 15 de ellos escuelas católicas, cuatro más laicos, cooperativas docentes y dos colegios de educación especial, más de 10.000 plazas, que hasta ayer mismo estaban en el aire”. La edil considera “anormal” que tras constituirse la comisión de seguimiento encargada de abordar la renovación de los conciertos, en diciembre y el anuncio de la Consejera de Educación de que no se realizarían nuevos conciertos, “fuera precisamente ayer, y a través de la plataforma Séneca, cuando se comunicara la renovación de todas las plazas”.
