El Colegio Profesional de Educadores Sociales muestra en un encuentro con IU su disconformidad con la nueva ley de Servicios Sociales
La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, y el coordinador provincial del área de Servicios sociales, Juan José M. Crisol, además educador Social; han mantenido una reunión con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores de Andalucía (CoPESA) en Almería, representado por Isabel Pilar Agüera Parra y Remedios Marín Fernández -responsable provincial- , en el marco de los encuentros que está manteniendo la formación de izquierdas en su campaña ‘Diez razones para decir NO a la ley de Servicios Sociales de Andalucía’, en la que va a explicar a colectivos de la provincia su postura sobre el proyecto de ley de Servicios Sociales en Andalucía presentado por el gobierno andaluz y al que IU ha presentado una enmienda a la totalidad.
Se explicó que IU ha presentado esa enmienda con propuesta de devolución. Y que posteriormente en el proceso, Izquierda Unida pretende ir presentando todas aquellas enmiendas que le trasladen los colectivos profesionales, sindicatos y entidades implicadas en este campo.
Mostraron un gran interés en comparecer como Colegio profesional de Educadoras y Educadores de Andalucía en el trámite parlamentario para hacer ver cuáles son sus desacuerdos con la ley.
Y es que ambas partes coinciden, tal y como se vio en el encuentro, en que en su momento se permitió a colegios y asociaciones hacer algunas alegaciones pero solo fueron atendidas mínimamente y no en los elementos esenciales y más importantes de la ley.
Por ejemplo destacaban cómo la Ley que quiere defender el PSOE no se acompaña de memoria económica, por tanto no se sabe ni con cuanto ni como se podrá desarrollar. Es por tanto necesario solicitar la confección de memoria económica anexa a la ley y a la creación de mecanismos de financiación que eliminen los graves problemas que padecen las corporaciones locales.
Tampoco estaban ambos de acuerdo en que sea una Agencia la que se encargaría del trabajo y no se hable de la propia Consejería, lo que deja entrever una privatización encubierta. La gestión y coordinación del Sistema Público deben quedar reservadas a la propia Consejería, y no delegar estas competencias a la Agencia, tal y como da a entender el artículo 48.
Incluso llegaron a señalar, desde el propio Colegio profesional la necesidad de reformar la Constitución e incluir los Servicios Sociales como un derecho universal, como lo es la sanidad o la educación. Igualmente señalaron que el catalogo de prestaciones de servicios sociales garantizados está muy por debajo de la ley del 88, siendo en este aspecto realmente una ley mucho mas regresiva y asistencialista que la anterior
“Y eso que el gobierno andaluz ha tardado 28 años en hacer una nueva ley de Servicios Sociales, pero tal y como decimos en nuestro hashtag en la campaña que estamos realizando en redes sociales (#28AñosPaNA), son 28 años para nada, porque la nueva ley se salta el Estatuto de Autonomía porque no garantiza el acceso a los Servicios Sociales, no da respuesta a las necesidades que tiene Andalucía, ya que hablamos de una comunidad que cuenta con un 42,3% de sus habitantes en riesgo de pobreza y exclusión social”, argumenta la coordinadora provincial, Rosalía Martín.
En el encuentro además se destacó que falta concretar una mayor participación de la sociedad de una forma real y obligada que garantice la participación ciudadana efectiva, que la ley incluya la obligatoriedad de un Consejo Provincial y otro Local por cada Zona de Servicios Sociales que incluyan a los colectivos ciudadanos y a los movimientos sociales en los mismos.
Además tanto Izquierda Unida como el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales coinciden también en la necesidad de hablar de ratios de población que deben de atender los distintos profesionales de los Servicios Sociales. Y la existencia de equipos multidisciplinares donde queden recogidas las figuras profesionales de trabajo social, psicología y educación social como figuras obligatorias en los equipos de intervención social.
