El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo conlos sindicatos para la mejora de empleo público

El acuerdo de Mesa General estará vigente hasta diciembre de 2030 y es un punto de inflexión en la transformación de la administración

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado el 12 de noviembre de 2025
en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y
Laboral por la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO
para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en desarrollo
de la Ley de Función Pública de Andalucía. Se trata de un gran acuerdo institucional,
alcanzado desde el consenso y la apuesta común por el futuro, que permite consolidar
y acelerar la modernización de la administración pública andaluza y la construcción de
un modelo de gestión más eficaz, ágil y orientado a la ciudadanía.
Este acuerdo se convierte en una auténtica guía estratégica para los próximos años,
alineada con los retos sociales, tecnológicos y económicos que afrontará Andalucía y
supone la mayor transformación del empleo público en décadas. Fija, además, para los
próximos cinco años un marco robusto para avanzar hacia un empleo público moderno,
estable y motivador; a la vez que supone una palanca de transformación para avanzar
en los objetivos clave en materia de personal, para responder eficazmente a los retos
derivados de las demandas sociales y del crecimiento económico, siempre en beneficio
de la ciudadanía. Su alcance económico será de 250 millones de euros con un horizonte
de cinco años.
Asimismo, el acuerdo no sólo supone un punto de inflexión en la transformación de la
Junta de Andalucía, sino que sienta las bases para recuperar la senda de la negociación
colectiva de carácter general, que periódicamente establezca compromisos entre la
administración y los representantes de los trabajadores para avanzar en la mejora de
las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la
Administración General de la Junta de Andalucía. Su aplicación será para todo el
personal funcionario y laboral de la Administración General, de las entidades
instrumentales del sector público andaluz y al personal de la Administración de Justicia
cuando se establezca expresamente.
En primer lugar, impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de
evaluación del desempeño, un instrumento objetivo y transparente que permitirá
reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la
Junta de Andalucía. En este sentido, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación

de la Administración General de 10 noviembre de 2025 de la carrera horizontal, la
evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de
carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la
base para el futuro decreto que regule estos conceptos.
Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la
progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de
puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación
y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia
interna del modelo. Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio
Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que
incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales
como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional.
Temporalidad, riesgos laborales y unidades compartidas
Todo ello se articula en paralelo a una planificada estrategia de empleo que permitirá
reducir de manera sostenida la temporalidad estructural, situándola por debajo del 8%
mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público, un modelo estable
de cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso de la duración
temporal de los contratos y nombramientos.
Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos
técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la
reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y
efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, la adecuada distribución y
dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo. Y, por
último, también recoge la creación de unidades administrativas compartidas que
permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o
temporales.
En coherencia con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de
Recursos Humanos 2023-2030, su orientación es clara: situar a Andalucía en la
vanguardia de la gestión pública mediante una administración que actúa como motor
económico, que facilita la inversión, que atrae talento y que se adapta a la revolución
digital con estructuras flexibles, eficientes y centradas en las personas.
El personal empleado público es el verdadero eje de esta transformación, ya que su
labor, profesionalidad y compromiso constituirán el factor decisivo que permitirá avanzar
hacia un modelo de servicios públicos más accesibles, eficaces y humanos. El acuerdo
reconoce este papel y crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera
profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la

ciudadanía. Esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre
la ciudadanía y mejorar la capacidad de la administración pública para asistir a personas
con reducido nivel de destrezas digitales.
La modernización de la administración pública andaluza es esencial para impulsar el
desarrollo económico y social de los territorios, ya que actúa como motor de
transformación y mejora la competitividad. Una gestión pública ágil, eficiente y centrada
en la ciudadanía facilita la atracción de inversiones, la creación de empresas y la
captación de talento, al tiempo que reduce barreras burocráticas y promueve
ecosistemas innovadores, sostenibles e inclusivos.
Una vez ratificado por el Consejo de Gobierno, el acuerdo estará vigente al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se extenderá
hasta el 31 de diciembre de 2030.