El desmadre de las autonomías

Un sector de la prensa extranjera está haciendo injustas e injustificadas críticas a España, sin valorar el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno para sacar al país del hoyo profundo en que la dejó la incuria socialista. Las motivaciones pueden ser diversas, pero el resultado no deja de ser muy negativo para nuestro país, por más que apunten a cosas que son totalmente ciertas: ahí está, por ejemplo, el primer puesto que ostenta España en el consumo de cocaína. Pero quienes seguimos con asiduidad la prensa extranjera, sabemos de una práctica bastante habitual en los periodistas/visitantes de ciertos medios de otros países: Se dan una vuelta por Madrid de tres o cuatro días, hablan con tres o cuatro personas no siempre bien escogidas y largan a su medio un reportaje a toda página plagado de tópicos, frases sacadas de contexto y buscando siempre la espectacularidad de lo más negativo y lo más acomodado que se pueda a aquella manida y vieja afirmación que cantaba que “España es diferente”. El toreador y la pandereta no han desaparecido de algunos informes que tratan de presentarse como rigurosos análisis económicos. Se va dibujando así una imagen a cuya configuración final contribuyen las reticencias de ciertos medios bruselenses, con fuente conocida o no, malintecionada o no pero que, en cualquier caso, producen efecto en los mercados que, por definición, son miedosos y desconfiados. A algún alto personaje se le ve el plumero nacional, como al presidente del BCE, el italiano Draghi que, con su frase de hace unos días, consigue poner a España en el fatal punto de mira de esos mercados, al tiempo que aleja a su Italia natal del indiscreto proscenio.

Tampoco ha ayudado mucho Sarkozy que, en el fragor de la campaña electoral por su reelección, ha hecho una cosa buen y otra menos buena. La buena ha sido recordar a los franceses adónde conducen las políticas socialistas, con el pavoroso y apabullante ejemplo de Zapatero, capaz de arrastrarnos de la prosperidad a la ruina en poco más de un lustro. Poner en guardia a los franceses de los planes de Hollande —que, entre otras lindezas, quiere establecer la jubilación a los 60 años y renegociar el pacto fiscal europeo ya firmado por el Gobierno francés- es una medida de higiene política. Hollande, que estuvo en el gabinete de Mitterrand, parece que quiere volver a 1981 cuando éste, con su primer ministro Mauroy como ejecutor, arruinó a Francia en unos pocos meses, aplicando una política de estricto socialismo de libro. En 1984 cambió de rumbo pero el mal ya estaba hecho. Lo que no es lógico, lo que le ha faltado a Sarkozy es recordar a sus conciudadanos que en España ya no gobiernan los socialistas y que aquí se están poniendo las bases para que la recuperación sea una realidad en unos meses, porque remedios milagrosos no existen.

Si analizamos las causas profundas del miedo y la desconfianza de los mercados debemos reconocer que, aparte de las irresponsables frases de algunos, desde aquí, se ha echado leña al fuego por las actitudes y el funcionamiento del sistema autonómico y de sus dirigentes, que no entienden ni ajenos ni propios. La idea de las autonomías, que implica la redistribución territorial del poder, es en sí misma buena y algunos las hemos defendido desde antes de que se aplicara en España. Y no se trata de una fórmula para resolver el caso de algunas regiones más o menos levantiscas o imbuidas de ensoñaciones nacionalistas/soberanistas, sino un método de gobierno general propio de países modernos y civilizados que puede hacer más auténtica la democracia, como ocurre en Alemania, Suiza o los Estados Unidos, que la practican en la modalidad federal. Es una buena idea, pero a condición que se respeten una serie de fundamentos comunes políticos y jurídicos, como la existencia de una única Nación, una indispensable lealtad institucional entre los diferentes niveles de poder, grandes partidos nacionales y un sólido marco jurídico común, por definición superior y, más que supletorio, prioritario respecto de las normas regionales.

Tenemos que reconocer que nada de eso ha sucedido en España. Los fundamentos de la Constitución son claros y no admiten equívocos, aunque algunas formulaciones de su título VIII no sean demasiado felices, por no hablar de la inconsecuente introducción del término “nacionalidades”. Pero lo peor ha sido la deriva anti-constitucional disimulada pero constante y eficaz que se viene produciendo desde el principio al socaire de unas defectuosas normas electorales y de unas aberrantes prácticas parlamentarias. Y en derecho se conoce muy bien “la fuerza normativa de lo fáctico”.

A todo eso podemos añadir el auténtico desmadre fiscal congénito y secular en España que, a doscientos años de su promulgación, no ha sido capaz de hacer realidad el sabio mandato del artículo 339 de la Constitución de 1812: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Un poco más adelante el artículo 345 establecía: “Habrá una tesorería general para toda la Nación…”. Algo más de un cuarto de siglo después el progresista Espartero firmaba el Convenio de Vergara, para poner término a la carlistada y en la Ley del 39 se confirmaban los fueros vasco navarros “sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”, frase esta que de nada ha servido, Como escribe el historiador González Antón, refiriéndose a aquel episodio, “nuestro pacato liberalismo retrocede hasta posiciones que resultan incongruentes, más que conciliadoras”. Y ahí seguimos dos siglos después.

Es la imagen de esta España de los nacionalismos soberanistas, de las autonomías sumidas en continuos escándalos de corrupción y nepotismo; en las que cualquier alcalde se permite decir que tal o cual ley se la va a saltar porque le sale de donde le salga; donde circula un concepto tan inadmisible como el de las “balanzas fiscales”; donde supuestos hechos diferenciales se utilizan para mantener un continuo desafío al imperio de la Ley y a las normas básicas del Estado; esta España en la que la hipocresía y el cinismo de ciertos gerifaltes periféricos da náuseas al más avezado; esta España que, más que decimonónica parece medieval por las “supervivencias feudales o señoriales” con las que nuestro “pacato liberalismo” quería terminar ya hace ahora doscientos años. Es esta España del desmadre autonómico la que proyecta una imagen de desconfianza y la produce el miedo en los mercados. Y así seguirá dando hasta que no se haga una reforma a fondo del sistema y de su funcionamiento.

Hay signos suficientes para afirmar que tanto los mercados como Bruselas, es decir la UE, confían en Rajoy y en su Gobierno y que valoran positivamente lo que ha puesto en marcha en solo tres meses. Pero no se fían de nuestra periferia. No se fían de que en Andalucía siga gobernando el socialismo, ahora con el apoyo de los comunistas, que proponen un programa leninista; no se fían, no se pueden fiar de que en Cataluña y en el País Vasco los nacionalistas hablen sin rebozo de que aspiran a convertirse en “Estados en Europa”, porque quienes lo dicen no son insignificantes grupos minoritarios sino partidos que gobiernan o pueden gobernar en sus regiones. (“¡Éramos pocos…”, dirán algunos ante esta perspectiva de una Europa de enanitos). La recuperación tiene que enfrentarse a muchos obstáculos, pero ese soberanismo irresponsable y desmadrado es uno de los más serios, Quizás el más serio de todos, porque si la autonomía puede ser muy positiva, autonomía más nacionalismo es un brebaje mortal, que está envenenando a España. No olvidemos la severa advertencia de Stefan Zweig: “El nacionalismo es el camino más corto del hombre a la bestialidad”.

-Alejandro Muñoz Alonso-

Catedrático de Opinión Pública de la Universidad Complutense