El juez de caso ‘Poniente’ imputa a cinco funcionarios de Obras Públicas de El Ejido
El juez instructor del caso ‘Poniente’, que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) bajo mandato del exalcalde Juan Enciso entre los años 2002 y 2007, ha citado a declarar como imputados a cinco funcionarios del Área de Obras Públicas, así como a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa ‘Urdial-Maryya’.
El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso y prolijo informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa en febrero de 2014.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que los indicios apuntan a que la empresa ‘Urdial-Maryya SL’ subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como “eje” de la presunta trama corrupta y “único cliente” de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.
En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que, fruto de sus pesquisas, se desprende que esta empresa, detrás de la que estarían estos funcionarios, “sólo contrató con Elsur” una serie de obras y servicios “sin justificación”, por lo que habrían recibido dinero público “sin ningún tipo de justificación también”.
El auto cita al jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.
La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron supuestamente con más de 250.000 y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente
El titular Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, mantiene aún abierta la instrucción a la espera de iniciar la fase intermedia en una causa que explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán.
Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama en seis clanes y el Grupo Abengoa y apunta que supuestamente obtuvieron unos “superbeneficios no justificados” de Elsur a través de las subcontratas con “precios inflados” y una “sobrefacturación”.
En el marco de estas diligencias previas investigan la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental, se ha analizado un ‘terabyte’ de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida durante la operación policial.
Además de la documentación en soporte papel, se tuvo que analizar por parte del equipo de auxilio judicial de la AEAT toda la información contenida en los soportes informáticos incautados, casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
CONCLUSIONES PROVISIONALES
Los informes de avance y conclusiones provisionales contenidos en el sumario de la causa indicaban que la cuantía “más importante” de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado ‘Grupo Amate’, que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como “individuo aglutinador” en torno a quien se gestó un “grupo criminal perfectamente estructurado”.
Aseguraban que la “finalidad” presunta era “retraer dinero proveniente” del Ayuntamiento “sirviéndose” de la empresa municipal y articulando “una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar”.
Sostenían que el “desvío patrimonial” desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon, tras que experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una “facturación innecesaria” y usando métodos para “ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo”.
Los informes analizaban también el denominado ‘Grupo Galán”, también principal en la presunta trama y vinculado al empresario Juan Antonio Galán, y apuntan de manera provisional que habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros “teniendo como principal fuente de facturación” el Ayuntamiento de El Ejido.
La AEAT hablaba también de un proceso de “despatrimonialización de Elsur” por parte de las empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, “no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital”.
Otro de los informes incluido en las diligencias y ahora ampliado hac��a constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros mientras que recogían que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban “importantes cantidades” al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.
El Ejido dice que lo que se imputa a cinco funcionarios en caso ‘Poniente’ ha prescrito administrativamente.
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha indicado este miércoles que los servicios jurídicos municipales han determinado que los hechos por los que han sido imputados en el marco del caso ‘Poniente’ cinco funcionarios del área de Obras Públicas están “prescritos a nivel administrativo” y ha emplazado a la vía penal para que se “determinen las posibles responsabilidades”.
En un comunicado, señala que así se desprende del informe emitido en diciembre de 2014 por los citados servicios, a los que el equipo de gobierno encargó informe técnico a raíz del informe de la Agencia Tributaria (AEAT) incorporado a la causa judicial y que señalaba que, mediante la empresa ‘Urdial-Maryya’, habrían obtenido presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público entre los años 2004 y 2009.
“Prescrita la vía administrativa, será el juez instructor en vía penal quien tenga que determinar las posibles responsabilidades”, remarca. Los cinco funcionarios, así como la esposa e hijo de dos de ellos, tendrán que declarar los días 20, 21 y 23 imputados por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociación prohibida a funcionarios.
En el comunicado, el equipo de gobierno que ahora lidera Francisco Góngora (PP) ha pedido la “máxima celeridad” para que se resuelva “cuanto antes” este procedimiento, que, según subraya, se “enmarca en la etapa más negra que vivió este Ayuntamiento”.
El juez instructor del caso ‘Poniente’, que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido bajo mandato del exalcalde Juan Enciso entre los años 2002 y 2007, ha citado a declarar como imputados a cinco funcionarios del Área de Obras Públicas, así como a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa ‘Urdial-Maryya SL’ ya que, mediante esta, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público.
El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso y prolijo informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa a principios de 2014.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que los indicios apuntan a que la empresa ‘Urdial-Maryya SL’ subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como “eje” de la presunta trama corrupta y “único cliente” de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.
En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que, fruto de sus pesquisas, se desprende que esta empresa, detrás de la que estarían estos funcionarios, “sólo contrató con Elsur” una serie de obras y servicios “sin justificación”, por lo que habrían recibido dinero público “sin ningún tipo de justificación también”.
El auto cita al jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.
La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron supuestamente con más de 250.000 y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente.
Presidenta de la Audiencia, “preocupada”, pide un “esfuerzo a operadores jurídicos” para concluir caso Poniente
La presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, ha trasladado este miércoles su “preocupación” por la tramitación del conocido como caso ‘Poniente’ que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) bajo mandato del exalcalde Juan Enciso.
Molina, quien ha presentado en rueda de prensa la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondiente a 2014, ha asegurado que espera que “se haga un esfuerzo” en los próximos meses “por parte de todos los operadores jurídicos” para que concluya de manera “definitiva”.
“No es de recibo que un proceso que se inició hace cinco años no haya terminado aún la fase de instrucción”, ha indicado a preguntas de los periodistas tras reconocer que la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Almería desde que explotó en 2009 con la intervención del Ayuntamiento y la detención de 20 personas, entre ellas el exregidor, “se ha alargado en el tiempo”.
Molina ha remarcado que la conclusión “ya depende” de este órgano, que esperó casi dos años el informe pericial definitivo de la Agencia Tributaria (AEAT) para cuantificar el presunto saqueo a las arcas municipales de El Ejido, y ha advertido de que los plazos, una vez se “dicte auto de procedimiento abreviado”, para alcanzar la apertura de juicio oral y señalamiento “llevan mucho tiempo”.
“Tiene que hacer un esfuerzo el juzgado y tienen que hacer un esfuerzo todas las partes implicadas en la causa”, ha concluido.
Las declaraciones de la presidenta de la Audiencia se han producido poco antes de que se hiciera público que el juez instructor ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco funcionarios del área de Obras Públicas del Ayuntamiento ejidense, así como, a la esposa y al hijo de dos de ellos, por su relación con la empresa ‘Urdial-Maryya S.L.’ ya que, mediante esta y según los indicios, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público.
