EL MUNDO.- Investigan una nueva modalidad de saqueo de ayudas en el ‘caso UGT’
La supuesta trama diseñada por la federación andaluza de UGT para desviar subvenciones para financiarse de forma irregular es un pozo de sorpresas. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del caso UGT, que instruye el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, están analizando lo que parece una nueva modalidad para saquear, presuntamente, ayudas públicas: las facturas rectificativas o correctivas.
Este tipo de recibos se encuentra entre la abundante documentación contable que el juez Juan Jesús García Vélez requirió a los proveedores de confianza de UGT, que están acusados de confeccionar facturas irregulares al dictado del sindicato parajustificar las subvenciones y de contribuir al polémico bote que iba engordando cada vez que se inflaba una factura que luego se colaba a la Junta de Andalucía.
Varios proveedores de UGT han enviado al juzgado facturas rectificativas o correctivas que incluyen todo tipo de cantidades. Desde los 600 euros hasta los casi 300.000 euros, según refleja el sumario del caso de las facturas falsas al que tuvo acceso EL MUNDO, que acumula ya más de 4.000 folios.
Entre los proveedores que han remitido los recibos que suponen una nueva modalidad de saqueo de subvenciones está la sociedad madrileña de artículos publicitarios y de empresa Publicar D&M, la misma que hizo las facturas de los 700 maletines falsificados en fábricas de Asia que el sindicato regaló a los asistentes al congreso regional celebrado en Sevilla en 2009 en el que Manuel Pastrana salió reelegido secretario general.
Esta es la empresa que envió un correo a UGT interceptado por la UCO en el que pregunta: «¿Queréis una factura por su importe real, o por otro?», recoge el email remitido por la administrativa Diana Corredera a la entonces responsable del departamento de compras de UGT, Lola Sánchez, como informó este diario. Ambas fueron detenidas y están imputadas en la investigación que sigue García Vélez.
Publicar D&M, ahora sin actividad, hizo una factura por un importe de 352.719,07 euros por la «publicidad del plan intersectorial» del expediente 7001CI/10, que incluye cursos de formación dirigidos a ocupados y que cuenta con financiación de la Junta y de la Unión Europea. En virtud de este expediente, UGT recibió 11.702.774,50 euros.
‘Incumplimiento de contrato’
La factura está fechada el 28 de junio de 2012. Curiosamente, un día después, emite otro recibo «rectificativo» -ambos reproducidos en esta página- en virtud del cual abona 281.563,07 euros a UGT «por incumplimiento de contrato» fechado el 1 de julio de 2011.
Esta factura rectificativa está vinculada al recibo sobre la publicidad del plan intersectorial superior a los 350.000 euros que, posiblemente, el sindicato presentó ante la Junta para justificar la subvención de casi 12 millones que había recibido para impartir los cursos de formación.
¿Presentó UGT la factura rectificada ante la Junta? ¿O sólo adjuntó la primera para justificar la subvención? Estas preguntas son las que tratan de responder ahora los investigadores, ya que lasposibilidades del supuesto fraude son varias. Casualmente, este expediente está entre los analizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía en el demoledor informe de fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la Formación Profesional para el Empleo, correspondiente a 2009 y 2010.
Los auditores detectaron numerosas incidencias en el expediente 7001/CI/10 de UGT, como que no constaba alguna de la documentación acreditativa de no ser deudor de ingreso de derecho público (Seguridad Social, tributos y reintegro); retraso en el inicio de los cursos; y ausencia de justificación parcial, entre otras irregularidades. Las fuentes del caso consultadas por este diario están convencidas de que la factura rectificativa de Publicar D&M y otras «correctivas» remitidas al juzgado por la empresa Chavsa -proveedora de mobiliario para UGT y adjudicataria de la obra de un centro de formación en Huelva del sindicato- son fraudulentas.
Por ello, estas facturas correctivas habría que sumarlas junto a las mordidas camufladas de «rápel» que abonaban al sindicato sus proveedores de confianza o los botes de facturas falsas que UGT acumuló tras sisar fondos de las subvenciones. La central empleó eldinero del bote en actividades que no podía pagar con subvenciones, como autobuses para protestas, pancartas o viajes para sus dirigentes.
Las mordidas iban del 4% al 20% y aparecen reflejadas en la contabilidad interna de los proveedores como «abonos», «comisiones» o «rápeles», es decir, descuentos que aplicaban a UGT por compra de material, pero que no se reflejaban de las facturas originales. Por ello, cuando el sindicato cargaba dichas facturas a subvenciones para cursos de formación o prevención de riesgos laborales, en realidad estaba aplicando gastos irreales.
Eran ficticios porque posteriormente los proveedores emitían una factura con saldo negativo a favor de UGT y le ingresaba al sindicato esos «rápeles» o descuentos. El pago de estas comisiones era una «condición ineludible o indispensable» y una «obligación impuesta» por UGT a sus proveedores si querían trabajar con el sindicato. Así lo declaró ante el juez el imputado José Luis Casas, de Siosa, también detenido en la última redada del pasado mes de junio
