El Pleno rechaza la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno de España y defiende una política migratoria ordenada y acorde a la empleabilidad y capacidad de acogida de cada territorio
Góngora: “Desde El Ejido apostamos por políticas de integración e inmigración ordenadas, basadas en la legalidad, el control, vinculadas a la empleabilidad, a la capacidad de acogida, a la cohesión y a nuestro modelo de convivencia”
El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hoy, con los votos a favor de PP y Vox, una moción con la que se rechaza la medida de regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha señalado que “rechazamos la permisividad del Gobierno de España que lejos de llevar políticas migratorias serias de retorno, fomenta el efecto llamada y alquila hoteles reconvirtiéndolos en centros de internamiento y eso no es sostenible bajo ningún concepto”. “Nos preocupa la política migratoria del Gobierno ya que no se ha valorado el impacto económico de esa regularización masiva, ni su impacto sobre los servicios públicos, además de poner en riesgo la seguridad ya que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes policiales y penales”. “No queremos una inmigración masiva de efecto llamada descontrolada que viene en narcolanchas”.
“Lo que Sánchez hace nos afecta y a El Ejido le afecta mucho porque soportamos una presión migratoria muy elevada. Somos demandantes de mano de obra pero no a cualquier precio”.
“Desde El Ejido apostamos por políticas de integración e inmigración ordenadas, basadas en la legalidad, el control, vinculadas a la empleabilidad, a la capacidad de acogida, a la cohesión y a nuestro modelo de convivencia”. “Nosotros favorecemos un modelo de interculturalidad.
Además, “El Ejido hace un esfuerzo extraordinario ofreciendo empleo, pero también fomentando la integración y la cohesión y combatiendo la marginalidad”. “El reto migratorio masivo si no se gestiona bien es un problema para el municipio de El Ejido. Por ello exigimos políticas de integración, cohesión y mucho orden en los servicios públicos”.
“Es un tema serio, complejo, se debe abordar en profundidad y con responsabilidad, ya que los ejidenses tenemos derecho a tener un modelo de convivencia sostenible y de bienestar y con las políticas migratorias de Sánchez no va a ser posible”.
Por todo ello, según se ha puesto de manifiesto durante la sesión esta realidad tiene consecuencias directas y muy concretas en municipios como El Ejido, donde la población extranjera representa un porcentaje muy relevante y donde la presión sobre los servicios públicos, el acceso a la vivienda, el mercado laboral, la convivencia vecinal y cohesión social es especialmente intensa.
Con esta moción el Pleno ha rechazado la medida anunciada por el Gobierno de la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España y denuncia que el Gobierno sigue utilizando el BOE como herramienta electoral para una operación de rentabilidad política y clientelismo con ausencia de consenso político.
Por todo ello se exige al Gobierno el refuerzo de los controles en frontera y de un incremento de medios humanos, técnicos y materiales, para evitar que la irregularidad siga siendo la puerta de entrada.
Asimismo, se insta a la aplicación de programas de retorno ordenado, coordinados con la Unión Europea y con garantías jurídicas, así como a la expulsión de nacionales de terceros países que cometan delitos graves, reincidan o incurran en fraude documental, conforme a la legislación vigente.
También pide implementar una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral y exige al Gobierno la puesta en marcha de políticas de integración real con los inmigrantes que se encuentran legalmente en España.
Se solicita suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a al país vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen y revisar los criterios de concesión de subvenciones a fin de asegurar que no se financien entidades que, de forma acreditada mediante resolución firme, participen, promuevan o colaboren en actividades constitutivas de infracción o delito relacionadas con la inmigración irregular o el tráfico de personas, instando asimismo al endurecimiento de la respuesta penal frente a las mafias y sus colaboradores.
Se ha hecho hincapié en que es necesario acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
