El PP pide al Gobierno abordar de manera coordinada e “informando previamente” el traslado de migrantes
Apoya además a los abogados mutualistas en sus reclamaciones e insta al Gobierno a la apertura de una ventana o pasarela de traslado al RETA
El concejal de Integración, Participación Ciudadana y Distritos, Oscar Bleda (PP), ha insistido hoy en denunciar la actitud “desleal” del Gobierno de España ante la decisión de trasladar inmigrantes de unas zonas de España a otras, decisión que a su juicio debe abordarse “de manera coordinada e informando previamente a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas”.
“Este tipo de cosas hay que hacerla de manera coordinada y con máxima cooperación” recalcaba Bleda, pronunciado así después de que el Gobierno de España trasladara la pasada semana a Almería en torno a 500 migrantes rescatados en aguas del Atlántico cuando intentaban arribar a Canarias en cayuco. Una “improvisada” medida de la que el Ayuntamiento fue conocedor “solo dos horas antes de que fueran alojados en un hotel de El Toyo un grupo de más de 300 personas. Una situación que deja poco margen para una reacción del Consistorio al objeto de establecer el operativo necesario para atender la situación sobrevenida, no sólo en el momento, sino en los días posteriores para habilitar los servicios que a diario pueden demandar un grupo tan numeroso”,
Ante esta situación, y a pesar de haber sido abordada con posterioridad en varias reuniones en las que ha participado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción ante el Pleno de la Corporación, a la que no se han sumado PSOE y Podemos, votando en contra, ni Vox, absteniéndose, instando al Gobierno de España a establecer un protocolo coordinado con todas las administraciones para el traslado de migrantes entre territorios.
“Trasladar a miles de personas al resto del territorio nacional ha sido la opción escogida. Y a priori la salida puede entenderse como acertada, por el principio de solidaridad y colaborar con la situación. Pero sin duda, su preparación y ejecución ha sido nefasta, ya que toda esta gestión, que no se articula en pocos días, se ha llevado a cabo sin la colaboración, diálogo y consenso necesario con los territorios involucrados, entre ellos, el Ayuntamiento de Almería”, ha denunciado Bleda.
“Esta situación no crean ustedes que viene dada por color político, se trata tan sólo de gestión, de coordinación y colaboración. Tanto es así que incluso en ayuntamientos donde gobierna el Partido socialista como el ayuntamiento coruñés de Sobrado dos Monxes, con su alcalde a la cabeza Lisandro Santos, se han negado ante la falta de información y una vez más de coordinación”, ha explicado el edil popular.
Tras el único encuentro que se ha mantenido con el Gobierno para abordar esta situación, Bleda se ha preguntado si “esa coordinación para atender esta situación se queda en eso…¿ya está?, ¿habrá más reuniones?, ¿cuál será su periodicidad?, ¿se van a dar más acciones de grandes movimientos?, ¿se va a informar periódicamente?, ¿durante cuánto tiempo se dará esta situación?, ¿cuál es la estrategia una vez llegan?”, ha insistido.
“Almería es tierra de acogida. Es la nuestra una ciudad con una amalgama de culturas que vive desde la preocupación y la solidaridad esta crisis humanitaria. Pero decisiones como la adoptada por el ejecutivo de la nación precisan del necesario consenso, coordinación y colaboración con los territorios involucrados”, recoge en su texto la moción. “Requiere – se indica en la exposición de motivos de esta moción – de la imprescindible lealtad institucional, precisa de un ejercicio profundo de transparencia, desde la requerida buena gobernanza que exigen los ciudadanos a sus gobernantes”.
Apoyo abogados mutualistas
También a instancia del Grupo Municipal Popular, el Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno de España a la apertura de una ventana o pasarela de traslado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a los abogados mutualistas.
Respaldo político a las reivindicaciones de los abogados mutualistas, aprobado por unanimidad, que vendría a beneficiar a unos 4.500 letrados en Almería, según ha explicado la portavoz popular, Ana Martínez Labella. En síntesis, la propuesta elevada a Pleno plantea tres demandas en favor de los profesionales de la abogacía en Almería.
En primer lugar, que se permita la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al RETA las cantidades cotizadas en las mutualidades profesionales, “computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilaciones incluida; en todo caso, previa ponderación de las cantidades ingresadas y los periodos cotizados”. Asimismo, piden que se apliquen complementos a las pensiones de los mutualistas pasivos “hasta alcanzar el importe de pensión mínima”.
En segundo lugar, instan a evitar la equiparación fiscal de las aportaciones realizadas en las mutualidades al sistema alternativo al RETA con un plan de pensiones o ahorro complementario. Y, por último, hacen un llamamiento a mejorar, en sentido amplio, las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la abogacía.
Junto a las peticiones concretas de esta moción, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Almería ha explicado que, desde hace meses, una buena parte de los profesionales de la abogacía de Almería se ha unido al Movimiento J2, una iniciativa a nivel nacional que surge para denunciar las pensiones irrisorias y la falta de cobertura que sufren todos ellos, al haber quedado atrapados en el sistema de las mutualidades.
Ha recordado que, hasta 1995, los profesionales no podían darse de alta en el sistema público de trabajado autónomos, y se les obligaba, como única opción posible para ejercer su actividad, a adherirse a un sistema privado: las mutualidades.
A partir de ese año se introdujo la alternatividad, esto es, la posibilidad de que la protección social se realizase con la mutualidad de la abogacía, o mediante la afiliación al RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
Optar por el RETA suponía renunciar a las aportaciones económicas realizadas, ya que después de una corta o larga carrera de aportación, la mutualidad no les permitía rescatar los fondos acumulados, ni siquiera para destinarlas al sistema público. Las cotizaciones permanecían cautivas. Tampoco se les computaba el tiempo a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público.
Por lo tanto, abandonar la mutualidad y escoger el sistema público implicaba el comienzo desde cero en la cotización, sin tiempo, en muchos casos, para generar el derecho a la prestación por jubilación, impidiendo la posibilidad de la jubilación en edad ordinaria, por lo que provocaba la pro longación de la actividad profesional más allá de lo razonable y deseable.
Aproximadamente 4.500 letrados almerienses se encuentran en esta situación, tan injusta como real, “aunque son los que actualmente se encuentran más cercanos a su jubilación los que miran con pavor como después de una vida de ejercicio se les plantea un retiro irrisorio”, censuraba la portavoz popular.
