El PP ‘retrata’ al PSOE, que se opone a la moción contra una Ley de Amnistía que beneficie al prófugo Puigdemont y demás implicados
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana Martínez Labella, “ceder al chantaje independentista convertirá a Pedro Sánchez en el mayor traidor que haya tenido nuestro país en democracia”
.– El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería ha elevado hoy al Pleno para su aprobación una moción contra la tramitación de una Ley de Amnistía “que Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar”.
Además de suponer una inconstitucionalidad “flagrante, se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado y gobernar a costa de todo exculpando a cientos de personas que han cometidos graves delitos”, ha defendido la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, rechazando como se recoge en la propuesta “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito”, y reclamando de los grupos políticos “acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.
Partido Popular y VOX, han votado a favor de la propuesta, rechazada de plano por el grupo municipal socialista –también por el grupo municipal de Podemos-lU- Verdes con Almería– “quedando retratados en un posicionamiento que cumple como se esperaba el guión, al dictado de lo que les marca el presidente Sánchez”, ha lamentado Martínez Labella.
En este sentido, ha insistido en la importancia que para los almerienses tiene “que los siete concejales del grupo socialista manifiesten, de forma clara y rotunda, sobre cuál es su opinión sobre esa posible Ley de Amnistía y el desafío independentista. Sean leales a los almerienses, no solo a quienes les votaron, cumplan con la Constitución, que juraron o prometieron, y prefieran alinearse con ese PSOE que ha salido públicamente a decir NO a una posible Ley de Amnistía”, ha pedido Martínez Labella a la bancada socialista.
Martínez Labella ha insistido en la posición de “chantaje” que supone esa estrategia, más que evidente, de ir a una Ley de Amnistía. “No nieguen la evidencia”, ha recriminado, insistiendo en que lo que se vota en esta moción es “a favor de la democracia, en defensa de la Constitución y de los almerienses; o por el contrario votan a favor de la ruptura de España,de un prófugo de la justicia, de un delincuente que chantajea a los españoles. No duden tampoco que Pedro Sánchez saltaría apenas viese la primera grieta en el barco dejándonos a todos a la deriva, dejándonos a todos a nuestra suerte”.
La portavoz municipal aseguraba que “estamos ante un momento histórico en el que la mayoría de los españoles se opone a la amnistía: dos de cada tres españoles rechazarían un acuerdo entre PSOE y Junts que atendiera el requisito impuesto por los independentistas para sentarse a negociar su apoyo a una hipotética investidura del presidente en funciones”, ha expuesto. “Si Sánchez cede al chantaje independentista será el mayor traidor que haya tenido nuestro país, al menos de la era democrática. No permitan que les arrastre a ustedes y en la historia particular de esta ciudad queden retratados como unos traidores hacia los almerienses”, ha subrayado.
Martínez Labella, que ha felicitado la respuesta de España y la calle ayer en Madrid, contra la amnistía, ha defendido finalmente “valentía y coherencia. Democracia y constitucionalidad. Almería y España. Todo lo demás es chantaje”.
Contra la amnistía
En la exposición de motivos, la moción elevada por los populares subraya que en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.
En esta línea, recuerda que en 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional, derivando en una reacción del Estado como fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcan de los instrumentos penales contra sus impulsores, sentenciados por el Tribunal Supremo con penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación.
Con posterioridad, como se recoge en la moción, la aprobación de una Ley de Amnistía, que favorecería a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, ha sido una de las condiciones expuestas por el prófugo Carlos Puigdemont para la gobernabilidad de España, cuestión esta ya planteada como iniciativa hace años y rechazada incluso por algunos ministros y ex ministros del Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmando en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Propuestas de la moción
La moción que ha presentado el PP contempla cuatro puntos diferenciados. El primero aborda el rechazo a “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier español, cualquiera que sea su delito”. En segundo término se expone que el Estado de derecho es “la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución” y anima, en su tercer punto, “a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a condiciones ilegales pretendidas por los partidos independentistas”.
Termina proponiendo dar traslado de estos acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.
