El presunto asesino de la bebé tiene cuatro juicios pendientes que suman penas de más de nueve años
El presunto asesino de la bebé tiene cuatro juicios pendientes que suman penas de más de nueve años Jonathan Moya salió de prisión a finales de julio tras cumplir una pena por estafa.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha sido condenado entre 2008 y 2010 en cuatro ocasiones a penas que, en total, ascienden a dos años de cárcel, en su mayoría por planear y ejecutar operaciones fraudulentas de compraventa de vehículos y turismos siempre con el mismo ‘modus operandi’.
Su última detención, en junio y por la que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acordó revocar la libertad condicional que se le había concedido y decretó ingreso en prisión, ha derivado en un procedimiento judicial, aún sin señalar, en el que el fiscal va a solicitar tres años de cárcel por, presuntamente, apropiarse de una moto y no pagar la cuantía de 4.200 euros pactado con el vendedor
El auto de apertura de juicio oral por esta causa se le notificó una vez ingresó en el centro penitenciario de El Acebuche el pasado día 30 por presuntos delitos de detención ilegal y asesinato debido a que sobre él pesaba una orden de localización de paradero al constar en el juzgado instructor que Moya González residía en Salamanca.
Las mismas fuentes han precisado que la última de la sentencia firme, en la que se le impusieron seis meses de cárcel por estafa y multa de diez meses por simulación de delito, se remonta a diciembre de 2010. En este caso, se acordó la suspensión condicional de la pena aunque esta fue revocada en segunda instancia. Tres meses antes, había sido condenado a seis meses por otra estafa.
Los otros dos fallos se dictaron entre 2008 y 2009. En concreto, se le condenó por primera vez a 42 días de trabajo en beneficio de la comunidad por delito de hurto de uso de vehículo y conducción sin permiso. Ya en 2009, se le impuso la pena de un año de cárcel por una estafa aunque obtuvo los beneficios de la suspensión condicional de la pena el día 10 de junio por tiempo de dos años.
Según las mismas fuentes, Jonathan Moya, de 25 años, debía haber sido enjuiciado en marzo de 2012 aunque la vista oral, en la que se enfrentaba a dos años y seis meses de prisión por apropiarse presuntamente del turismo de una pareja a la que prometió pagar 10.000 euros en un acuerdo verbal de compraventa, fue suspendida y está pendiente de un nuevo señalamiento por parte del juzgado de lo Penal en el que ha recaido.
JUICIOS EN FEBRERO
El imputado por el rapto y la muerte de la bebé, actualmente en régimen de prisión comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que mantiene decretado el secreto de sumario sobre las diligencias, debe afrontar, asimismo, dos juicios en el mes de febrero por sendos delitos de estafa.
En el primero, previsto para el día 18, la Fiscalía Provincial va a solicitar 18 meses de cárcel por adquirir supuestamente de manera fraudulenta un vehículo de alta gama de segunda mano y venderlo por 5.000 euros a una tercera persona en mayo de 2008. El Ministerio Público interesa, asimismo, que indemnice al comprador del vehículo con 5.000 euros en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press.
El día 25 se enfrenta a otra pena de dos años y seis meses de cárcel por otra presunta estafa en la compra de un vehículo con el mismo ‘modus operandi’. En este caso, se sentará en el banquillo con un segundo acusado, para el que el fiscal interesa un año de prisión. El Ministerio Público sostiene en su escrito de calificación, consultado por Europa Press, que ambos engañaron presuntamente al vendedor de un vehículo, de que se apropiaron después de formalizar una compraventa por 4.000 euros cuya tranferencia no abonaron.
Según informó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., el otro de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
A Raúl R.F., en prisión provisional comunicada y sin fianza por el asesinato de la bebé Miriam desde el pasado día 29, le consta además otra condena en firme previa por agredir de “forma brutal” a un joven en el interior de una discoteca de la capital almeriense de madrugada. En este caso, el Juzgado de lo Penal número 1 le condenó en 2010 a la pena de seis meses de cárcel y al pago de 4.000 euros a la víctima por las lesiones causadas.
El segundo de los imputados por el crimen de la bebé Miriam fue detenido horas después de que se produjese el arresto del principal imputado por su rapto y muerte, su amigo Jonathan Moya.
SECUESTRO
La niña de 16 meses, que permaneció en paradero desconocido durante ocho días tras ser raptada por el que entonces era el compañero sentimental de su madre, fue encontrada sin vida el pasado día 28 en una balsa de riego ubicada junto a una vía de servicio de la A-92 y a apenas 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado Jonathan Moya.
Según los datos del informe preliminar de la autopsia realizada por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), la bebé falleció de, al menos, un “golpe en la cabeza” en un periodo comprendido de “dos a cinco” atrás desde del hallazgo del cadáver, por lo que se remitieron muestras de tejido hasta el Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar el momento exacto en el que se produjo la muerte.
Jonathan Moya González indicó a los agentes de la Policía Judicial en el transcurso del interrogatorio tras su detención dónde se encontraba la menor aunque no facilitó datos sobre cómo y cuándo se produjo su muerte.
La madre de la bebé interpuso en Gérgal la denuncia por el presunto secuestro a las 20,00 horas del 20 de diciembre y relató a los agentes que su pareja sentimental, a la que señaló como Jonathan Moya, se había llevado “todas sus pertenencias” y a su hija de 16 meses tras mantener una “fuerte” discusión. Se activó entonces un amplio operativo, integrado más de un centenar de agentes con apoyo de medios aéreos y terrestres de la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de la menor.
Molina ve “dentro de pautas” suspensión de ingreso en prisión de imputado por muerte de la bebe y pide cautela.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha asegurado este jueves que la suspensión del ingreso en prisión de Raúl R.F., imputado por la muerte de la niña onubense de 16 meses, acordada por el Juzgado de lo Penal número 4 se “adoptó dentro de las pautas de comportamiento” para este tipo de casos si bien ha indicado que ha existido “evidentemente retraso” en la tramitación, un extremo que ha achacado a que en ese órgano existen “cerca de 2.000 ejecutorias”.
En declaraciones a Europa Press, Molina ha descartado en esta línea que proceda comparar este caso con el crimen de Mari Luz Cortés y ha demandado “cautela” en relación a lo dicho por el abogado que ejerce la acusación particular de la familia de la víctima, quien ha lamentado la “lentitud” de la Justicia y ha exigido “explicaciones técnicas” de porqué Raúl R.F. no se encontraba cumpliendo la pena de dos años y tres meses a la que fue condenado en firme por malos tratos a su novia menor de edad.
“No se puede anticipar y hacer una valoración apresurada de estas situaciones porque causan gran alarma”, ha trasladado al tiempo que ha abogado por “estudiar cuál ha sido el proceso que ha seguido el asunto y las incidencias que se han producido durante su tramitación para ver si ha sido la adecuada o ha habido negligencia”. “Por un hecho desgraciado no vamos a cargar las tintas sobre la persona que ha resuelto”, ha apuntillado.
Molina, quien ha insistido en que no le parece “vía adecuada” hacer “comparación” entre los casos de la bebé y de Mari Luz Cortés, ha afirmado que el “retraso” es un “mal” que están “padeciendo todos” los órganos judiciales y ha hecho referencia al plan de refuerzo de los juzgados de lo Penal implantado en Almería “y que se ha prolongado hasta marzo después de un informe demoledor” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En esta línea, ha señalado que los inspectores “quedaron sorprendidos” del “cúmulo de trabajo” que soportaban estos órganos en la provincia “pese al esfuerzo, según destacaron, de magistrados, funcionarios y secretarios judiciales”. “Los datos están ahí, son palpables e incontestables”, por lo que, ha añadido, “existe una gran carencia de medios para soportar un control exhaustivo de cada una de las ejecutorias pese al ímprobo esfuerzo”.
“DESAFORTUNADA E INJUSTA”
Tras remarcar que centrar la atención mediática en este caso particular sin atender al contexto resulta, a su juicio, “desafortunada e, incluso injusta”, ha recordado que la ley “no impone” en caso de recurso de amparo la suspensión del procedimiento ya que “se abriría de esa forma el camino a dilaciones indebidas y sistemáticas”.
Molina ha destacado que “no se pueden establecer criterios generales” y ha indicado que cada juez “valora en cada caso particular y concreto” las “posibilidades” que tiene de prosperar un recurso. “Los criterios los marca el juez moviéndose en los límites legales que marca el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según ha ahondado para subrayar que, en el caso de Raúl R.F., “la suspensión no se prolongó más de un mes, lo que no es un plazo excesivo”.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., uno de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
Según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el auto dictado por la jueza Marta Inés Sierra, quien ordenó el inicio de los trámites para la ejecución en noviembre de 2011, es un resolución “habitual” cuando las penas no superan los tres años de cárcel.
Así, el TC inadmitió a trámite el recurso de amparo de Raúl R.F. a “finales del pasado mes de noviembre” y el traslado de la decisión no llegó al Juzgado de lo Penal número 4 hasta “mediados de diciembre de 2012”. Cabe recordar que la bebé fue secuestrada el día 20 de ese mismo mes por Jonathan Moya y que su cuerpo sin vida fue recuperado del interior de una balsa de riego el día 28.
Según la cronología remitida por el TSJA, la Fiscalía Provincial pidió en enero de 2012 los antecedentes penales de Raúl R.F. y, en marzo, “una vez recabados los antecedentes”, informó negativamente a una posible suspensión o sustitución de las penas que se le impusieron como autor de delitos de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la mujer y de lesiones. “Es mismo mes, el condenado presentó el recurso de amparo”, apuntilla.
La titular del Juzgado de lo Penal número 4 dictó en agosto un nuevo auto en el que, en la misma línea que el Ministerio Público, denegaba la suspensión y sustitución de la pena y en aras de continuar la ejecución para su ingreso en prisión solicitó informe al TC para que comunicase cuál era el estado del recurso, que finalmente resolvió en noviembre.
