El PSOE critica que el PP reduzca el sueldo a los empleados públicos de baja por enfermedad
El PSOE de Almería ha exigido este lunes al Gobierno del PP que deje de recaudar “impuestos” a costa de la enfermedad de los empleados públicos, a los que ha obligado por Ley a una considerable reducción de sus sueldos cuando se encuentran de baja temporal por enfermedad. En ese sentido, la diputada nacional Gracia Fernández ha dado a conocer la presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados con la que instan a los populares a restituir la normativa para que “puedan volver a percibir el cien por cien de sus retribuciones” cuando se encuentren de baja por incapacidad temporal.
Esta situación fue recogida en la publicación del RD Ley 20/2012 de 13 de julio de 2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria y se hizo efectiva el 15 de octubre de 2012. Con este texto, el PP decidió, como si se tratase de un impuesto más, eliminar un derecho de los trabajadores de forma que cuando se encuentra de baja laboral durante los tres primeros días se le reduce un mínimo del 50% de su sueldo, y desde el tercer día hasta el vigésimo se le reduce un 25%.
Fernández ha asegurado que “de todas las medidas que está imponiendo el PP, hay muchas en las que ha puesto el foco sobre los empleados públicos”. Pero esta medida, especialmente, “supone la pérdida de derecho a una baja por enfermedad” y “no solamente afecta a los empleados públicos, que perjudican muchísimo su salud” ya que “también puede suponer riesgos para terceras personas” si se ven obligados a acudir al trabajo por no poder permitirse una reducción de sus ingresos.
Y es que, como ha ejemplificado la socialista, son muchos los casos en los que se pone en peligro la salud pública ya que los profesores pueden contagiar a alumnos –ya se conocen casos de espacios de aislamiento para que acudan a los centros pero sin estar en contacto con otros docentes y estudiantes-; los médicos a pacientes; trabajadores de residencias a ancianos o conductores a pasajeros.
La privatización
Para el PSOE, “son muchas las personas que se ponen en riesgo por esta decisión que ha tomado el Gobierno del PP por ahorro o, simplemente, por ataque a los profesionales públicos”, a los que “se ha puesto en el foco para desprestigiarlos y, una vez más, desprestigiar todos los servicios públicos tratando de conseguir con ello que se deriven todos estos casos a empresas privadas”. Pero, ha enfatizado la diputada nacional, “se trata de un derecho de los trabajadores, que están pagando un impuesto más para su salud y esto no puede permitirse”.
Junto con la salud pública, la segunda razón esgrimida desde el PSOE para dar marcha atrás con esta medida es la de la prevención de riesgos laborales ya que “las personas que acuden a trabajar cuando deberían de estar de bajar tendrán limitadas sus capacidades y, por lo tanto, tendrán riesgo de empeorar en su enfermedad y de nuevas lesiones”.
Por su parte, la diputada nacional Consuelo Rumí ha subrayado que este trato a los empleados públicos es una “agresión” del PP, que “pone también en tela de juicio a los profesionales médicos que dan las bajas y a los propios inspectores médicos que se encargan de controlar esas situaciones en el caso de que se estuviera ante alguna que no se ajustara a derecho”.
Finalmente, ha destacado el agravio comparativo que sufren los trabajadores públicos frente a los de la empresa privada en este asunto ya que “las empresas pueden complementar hasta el cien por cien las retribuciones de sus trabajadores cuando están de baja y, de hecho, se están pactando con ellos”.
