El PSOE exige a Amat que cumpla con su responsabilidad legal y arregle de inmediato el Hospital Provincial
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha lamentado este jueves, 27 de febrero, en el Pleno de la institución el uso “propagandístico” que el equipo de Gobierno del PP está haciendo del mal estado en el que se encuentra el edificio del Hospital Provincial, convirtiéndolo en un “instrumento de confrontación contra la Junta de Andalucía” ante la cercanía de unas elecciones. La portavoz socialista, Esperanza Pérez, ha lamentado que el PP pretenda “confundir a los almerienses sobre quién es la administración que debe reparar los daños e incluso se permita dilatar la resolución del problema, acudiendo a la vía judicial, a sabiendas de que esa estrategia puede conllevar que ese edificio histórico se siga deteriorando”.
Pérez ha cuestionado que exista una “preocupación sincera” del equipo de Gobierno por la conservación del Hospital Provincial, como lo demuestra que el equipo de Gobierno haya tardado varios meses en reaccionar y ahora se niegue a “atajar” el problema y haya preferido “dilatar la solución, poniéndolo en manos de la Fiscalía”.
La capilla nunca fue cedida
Por otra parte, la portavoz socialista también ha insistido en que la Diputación Provincial es la propietaria del inmueble y, por lo tanto, la administración responsable de su conservación. En este punto, ha recordado que el Ayuntamiento de Almería ha ordenado el desalojo de la capilla del Hospital, ante el peligro que supone su evidente deterioro, y ha subrayado que “esa parte del edificio jamás fue cedida al Servicio Andaluz de Salud, ni oficial ni extraoficialmente”, lo que demuestra que “los daños en el Hospital no son responsabilidad de la Junta de Andalucía”.
En base a ello, la portavoz socialista ha instado al presidente de la Diputación a que “deje de echar balones fuera y cumpla con su obligación”, que es “poner todos los medios a su alcance para evitar que se pierda un edificio único, que es propiedad de la Diputación y que es patrimonio de todos los almerienses”.
Apoyo a los regantes
En el Pleno de esta mañana también han sido votadas dos mociones presentadas por el Grupo Socialista. Una de ellas, en apoyo de los regantes y contra el ‘tarifazo’ eléctrico promovido por el Gobierno de Rajoy, ha conseguido el apoyo unánime de la Corporación, algo de lo que se congratula el Grupo Socialista.
Con la aprobación de esta moción, la Diputación de Almería se compromete a solicitar al Gobierno de España la adopción de una serie de medidas que corrijan “el castigo” que ha supuesto para los agricultores el encarecimiento de la factura eléctrica decidido por el Ministerio de Industria. La moción recuerda que, en los últimos siete años, el regadío ha soportado un incremento de la factura eléctrica cercano al 100% y los costes eléctricos representan ya más del 40% de los costes totales del agua de riego, “haciendo inviable económicamente la economía de muchas explotaciones”.
Ante esta situación, la Diputación de Almería solicitará al Gobierno de España que facture por potencia real registrada, y no por la potencia teórica contratada, para evitar que los agricultores paguen todo el año, aunque no rieguen. Además, la Diputación también pedirá al Gobierno que permita a los agricultores hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses, que fomente la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo y que aplique un IVA reducido a las comunidades de regantes.
Contra la reforma del aborto
El PSOE en la Diputación ha celebrado el apoyo de los diputados del PP a la moción sobre el ‘tarifazo’, pero ha lamentado que no hayan mostrado “la misma valentía” a la hora de posicionarse sobre la reforma de la ley del aborto que está impulsando el Ministerio de Justicia. La portavoz socialista ha lamentado que el PP “no haya querido entrar en el debate” de un anteproyecto de ley que “afectará gravemente a toda la sociedad, y especialmente a las mujeres”, al convertir en un delito lo que hasta ahora era un derecho.
Pérez ha recordado que la criminalización del aborto “no servirá para reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, algo que tiene que venir de la mano de una mayor educación sexual”. Según ha dicho, “lo único que conseguirá la nueva ley será poner en riesgo la vida de las mujeres que quieran abortar y no tengan el dinero suficiente para pagarse la intervención en otro país”.
