El PSOE logra que el Gobierno tenga que adaptar el proceso de acceso a la nacionalidad a las personas con discapacidad

El PSOE ha logrado que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a revisar la normativa de acceso a la nacionalidad por residencia y a adaptar los procedimientos que conlleva a las necesidades de las personas con discapacidad a través de una iniciativa impulsada por la diputada socialista por Almería Gracia Fernández, después de que, a finales del año pasado, se conociera el caso de un residente en la provincia, con discapacidad psíquica, al que se le denegó la nacionalidad española por no poder superar una entrevista. Para Fernández, “el PP tiene que tomarse en serio su trabajo a favor de la igualdad y no puede favorecer actitudes discriminatorias como esta cuando, simplemente, se puede solucionar el asunto revisando y adaptando la normativa en cuestión para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que el resto”. Para la socialista almeriense, “es un motivo de satisfacción que nuestra proposición no de ley haya hecho reflexionar sobre el tema al resto de partidos que forman parte de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y que, finalmente, todos hayan aprobado nuestra propuesta”. En ese sentido, la también viceportavoz socialista en la Comisión ha instado a la diputada nacional por el PP almeriense Carmen Navarro, encargada de representar a ese partido durante el debate por este tema, “a que, a partir de ahora, ponga todo su empeño en realizar un seguimiento a su Gobierno y le recuerde su obligación de cumplir con el compromiso alcanzado”. La proposición no de ley del PSOE exige, literalmente, que el Gobierno “revise la normativa de acceso a la nacionalidad por residencia para adaptarla a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, evitando la discriminación que puedan sufrir”. Para ello, prosigue el texto, “se realizarán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la nacionalidad por residencia mediante los ajustes razonables que les permitan acreditar su buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española en igualdad de condiciones que los demás”. En la exposición de motivos para defender su propuesta, desde el PSOE han recordado que la mencionada Convención de la ONU obliga a los estados que la hayan ratificado, entre ellos España, “a prestar apoyo a las personas con discapacidad para que alcancen la plena igualdad jurídica” y han incidido en que esta “debería de garantizarse en cualquier procedimiento administrativo” como es el de acceso a la nacionalidad española. Postura sobre el caso En ese sentido, los socialistas han lamentado que esa garantía “no se haga siempre efectiva” y que en la práctica sean muchas las personas con discapacidad, especialmente psíquica, las que tienen dificultades para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Es el caso del joven ecuatoriano residente en Almería al que se le denegó la nacionalidad española al que, para los socialistas, se le sometió a una entrevista “en la que la no se había realizado la adaptación necesaria para garantizarle el ejercicio de sus derechos, vulnerando la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU”. “Si este ciudadano no realizó satisfactoriamente las pruebas establecidas se debe a la falta de ajustes razonables que la administración está obligada a aplicar y no a su falta de integración en la sociedad”, han sostenido desde el PSOE. Asimismo, han explicado que el Código Civil sólo exige “buena conducta cívica” y “suficiente grado de integración en la sociedad española” como requisitos legales para el otorgamiento de la nacionalidad en el supuesto almeriense y han considerado que la interpretación realizada de que no existe ese grado de integración -cuando la discapacidad psíquica impide retener determinada información sobre la que se le cuestiona o expresarla verbalmente- “es, sencillamente, una discriminación intolerable que vulnera el principio de igualdad constitucional y una interpretación de la norma que no puede aceptarse ya que ofende a las personas y a las familias de todas aquellas con discapacidad”. Para concluir, desde el Grupo Parlamentario Socialista han lamentado que la sentencia de la Audiencia Nacional que deniega la nacionalidad a este ciudadano, plenamente integrado y que vive junto a su familia desde hace 6 años en la capital almeriense, “no haya tenido en cuenta lo que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la obligación de prestar apoyo a las mismas en los procedimientos administrativos que tienen los estados que la han ratificado” ni que “la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece que las administraciones públicas deben velar por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar al colectivo”.