El PSOE luchará contra la nueva ley del aborto, que “sólo busca garantizarle al PP un puñado de votos reaccionarios”
El PSOE de Almería ha expresado este lunes, 23 de diciembre, su “rechazo frontal” a la reforma de la ley del aborto anunciada el pasado viernes por el Gobierno de Rajoy, por considerar que supondrá un “brutal retroceso” en los derechos de las mujeres y que ni siquiera servirá para reducir el número de abortos, sino sólo para que las mujeres sin recursos que decidan abortar “tengan que hacerlo en clandestinidad y jugarse la vida”. La diputada socialista y responsable de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del PSOE de Almería, Gracia Fernández, ha adelantado que los socialistas pelearán para frenar esta ley durante su tramitación parlamentaria, ya que “sólo busca garantizarle al PP un puñado de votos de los sectores más reaccionarios de la derecha”, aunque para ello tenga que “despojar de derechos a las mujeres”.
“Esta contrarreforma devuelve a las mujeres a la tutela, las obliga a someterse a las decisiones de otros y las considera personas incapacitadas que no saben lo que hacen, a la vez que contempla que la responsabilidad recaiga sobre otros, los profesionales, a los que colocarán en una situación de indefensión, con el único objetivo de disuadir de la interrupción del embarazo”, ha explicado.
Fernández ha advertido de que la nueva ley no servirá para reducir el número de abortos, “que además no ha aumentado con la ley actual”, sino para que las mujeres que quieran abortar tengan que volver a hacerlo en la clandestinidad, si no tienen recursos para interrumpir su embarazo en el extranjero. “Las mujeres que tengan recursos no andarán pidiendo informes, puesto que en un fin de semana ‘de turismo’ lo podrán resolver, como ocurría hace más de 30 años, mientras que las mujeres sin recursos tendrán que optar por la clandestinidad, exponiendo su salud y su vida”.
La socialista ha añadido que incluso las mujeres que decidan no seguir adelante con su embarazo y cumplan todos los requisitos de la nueva ley –violación, tras la que se podrá abortar hasta las 12 semanas de embarazo con denuncia, o riesgo para la vida y enfermedad física o psíquica de la madre, hasta la semana 22– “tendrán que recorrer un laberinto, un camino de obstáculos enormes que les dificultarán su objetivo”. Según ha explicado, el nuevo texto legal regula la objeción de conciencia de los profesionales, incluso para dar información, “de manera que puede que la mujer tenga que ir a otro pueblo y contarles a otros profesionales desconocidos su situación; después la tendrán que derivar a salud mental para conseguir dos informes médicos que digan que está enferma a causa de su embarazo y posteriormente, tendrá cita con la trabajadora social, que curiosamente parece que no podrá objetar, que informará a la mujer de los recursos que tendría a su disposición si decidiera seguir con su embarazo”. “Conseguidos todos los informes, podrá ser derivada a la clínica, y la pregunta es cuántas semanas habrán pasado mientras las mujeres cumplen en estos trámites y cuántas se quedarán sin poder conseguir estos requisitos”, ha añadido.
Gracia Fernández ha insistido en que para reducir el número de abortos “el camino no pasa por criminalizar la interrupción del embarazo, sino por garantizar el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos”.
“Las mujeres y los hombres socialistas lucharemos durante toda la tramitación de la ley para impedir que se consume este nuevo ataque a los derechos de las mujeres, para que se garantice una verdadera salud sexual y reproductiva, proponiendo medidas para el desarrollo de la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, como única medida para prevenir los embarazos no deseados y reducir los abortos”, ha asegurado, ya que “ése es el único camino si queremos ver la realidad, mientras que el que emprende el Gobierno del PP es el camino de hipocresía”.
“Las mujeres españolas que así lo decidan, y a pesar del PP, abortarán diga lo que diga Gallardón; eso sí, hasta ahora podían hacerlo con seguridad, dentro de un marco legal, y a partir de ahora tendrán que abortar desprotegidas, en la clandestinidad”, ha resumido, “y ésa será la responsabilidad de este Gobierno”.
