El PSOE plantea a Amat nuevas preguntas sobre la obra de Hispano Almería, “un caso que cada día arroja más dudas”
El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha planteado, en el Pleno que se ha celebrado este viernes, nuevas preguntas sobre la adjudicación de una obra en Berja a la empresa Hispano Almería SA, involucrada en el presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular de Almería que está siendo investigado por la Fiscalía Superior de Andalucía. La obra, denominada ‘Otras dependencias en Berja’, fue adjudicada por el equipo de Gobierno del PP a Hispano Almería por un presupuesto de 601.500 euros, a pesar de que la empresa no se hallaba al corriente de sus obligaciones tributarias con la Diputación en el momento de la adjudicación, como ha reconocido el equipo de Gobierno en un informe.
La portavoz socialista, Esperanza Pérez, ha puesto de relieve la importancia de que el propio equipo de Gobierno “por primera vez haya reconocido que, en el momento de la adjudicación, la empresa mantenía deudas tributarias con la Diputación”, lo que a juicio del Grupo Socialista podría vulnerar lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y del reglamento de la Ley de Contratos de las administraciones públicas.
“Estamos ante un caso que cada día arroja más dudas”, ha señalado Esperanza Pérez, quien ha valorado la decisión del equipo de Gobierno de preguntar elevar una consulta sobre la legalidad de esta adjudicación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, aunque la portavoz socialista también ha sugerido que se pregunte al Consejo Consultivo de Andalucía.
Plan de caminos municipales
Al margen de esta cuestión, en el Pleno de esta mañana también han quedado desestimadas, con los votos de los diputados del PP, las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista al Plan de Caminos Municipales, que deja fuera a 41 municipios de la provincia pequeños, con pocos recursos y que están ubicados en las zonas de la provincia más deprimidas socioeconómicamente.
La diputada socialista Rafaela Ortega ha insistido en la “injusticia” que se está cometiendo con estos municipios, “en los que la agricultura que se practica, aunque no tenga la misma productividad que en la costa, sí genera un aporte económico muy importante para la estabilidad de las familias”.
Ortega ha señalado que la “excusa” dada por el equipo de Gobierno para excluir a estos municipios, que fue que esos 41 pueblos habían percibido Fondos Feder gestionados por la Diputación para realizar infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, “no tiene nada que ver con la agricultura”, además de que “se incumple en el caso de Lucainena, además de en otros grandes municipios que pudieron obtener por su cuenta los Fondos Feder por tener mayor capacidad de gestión”.
Pese a las razones aportadas por el PSOE, el equipo de Gobierno del PP se ha negado a ampliar el presupuesto del Plan en 1,3 millones de euros, lo que habría permitido cubrir las necesidades de los 41 municipios excluidos.
Cuenta general y plan de equipamientos culturales
Por otra parte, el Grupo Socialista ha votado en contra de la aprobación de la Cuenta General de la Diputación correspondiente a 2013, por entender que los dos millones de euros destinados a la construcción de una nueva residencia asistida, un proyecto del que el equipo de Gobierno del PP terminó desistiendo, podrían haberse destinado a los ayuntamientos, algo que no sucedió. La portavoz socialista también ha recordado su desacuerdo con el modelo adoptado por el equipo de Gobierno del PP para el reparto discrecional de ayudas, además de señalar que el estado de ejecución del Presupuesto “deja mucho que desear”.
En cuanto al Plan Provincial de Equipamientos de Espacios de Uso Cultural, el Grupo Socialista ha votado en contra, aunque Pérez ha precisado que “para ser el primer plan de este tipo aprobado en los más de tres años de mandato del PP”, la cantidad de 150.000 euros le parece demasiado baja.
Finalmente, la portavoz socialista ha lamentado que el PP haya intentado “instrumentalizar” el problema de los agentes locales de promoción de empleo, al llevar a la Diputación de Almería una moción “exigiendo su reincorporación en el Servicio Andaluz de Empleo, pero negándose a reclamarle al Gobierno de Rajoy que restituya las transferencias con las que se pagaba a esos trabajadores”.
