El Tribunal Supremo puede impedir la ley de amnistía
El futuro de la Ley de Amnistía no depende del Congreso, ni del Senado. En ambas cámaras las mayorías son claras y no van a cambiar su parecer político. La Ley de Amnistía saldrá adelante o se detendrá en los órganos judiciales. En este caso en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Porque el Tribunal Supremo, ante la clara inconstitucionalidad de la ley, puede preguntar al TJUE si la Ley de Amnistía cumple con el Derecho Europeo.
Y si el TJUE ratifica que no lo hace, la ley quedará eliminada y Puigdemont no podrá venir a España sin ser detenido y juzgado. Es necesario que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque al día de la fecha es el mejor método institucional para detener esta ley inconstitucional que quiebra el Estado de Derecho.
La intención de Puigdemont es volver a España en julio según algunos medios de comunicación, en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Amnistía. El Congreso de los diputados este jueves día 14 de marzo, en el aniversario de la declaración del Estado de Alarma inconstitucional, acaba de aprobar la Ley de Amnistía al dictado de su mayor beneficiado: Carles Puigdemont. Ahora Puigdemont, que ya tiene la Ley de Amnistía que quería, confirma que será candidato a las elecciones europeas e igual también lo es a las elecciones catalanas recién convocadas para mayo.
Solo nos queda un camino para reestablecer el Estado de Derecho y no dar el siguiente paso, que sería el referéndum de la autodeterminación: acudir al Tribunal Supremo para que interponga una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anule la Ley de Amnistía. El Tribunal Supremo, con el Magistrado Llarena al frente, está investigando a Puigdemont por posibles delitos de terrorismo al sospechar que el líder separatista pudo estar detrás del movimiento Tsunami Democràtic.
Tienen que ser ellos, el Tribunal Supremo, quienes acudan al TJUE con una cuestión prejudicial para preguntar si una ley que amnistía posibles delitos de terrorismo, alta traición e intentos de desestabilización de una democracia europea con la ayuda exterior, es contraria al Derecho Europeo o no. Esta es la manera más eficaz de frenar la Ley de Amnistía, a Puigdemont y por ende, ante el engaño sistemático lograr que convoquen elecciones generales ante la traición a España y los casos de corrupción que están asolando al gobierno de la Nación que han perdido todo norte de respeto en las instituciones democráticas, convirtiéndolas en una entelequia al servicio de los intereses partidistas en vez de propugnar las virtudes de la honestidad, la transparencia y la justicia.
Lo más grave de este asunto es que en la propia Ley de Amnistía, PSOE y Junts intentan evitar las medidas cautelares que se activarían con la cuestión prejudicial, atacando a los jueces en caso de no amnistiar a Puigdemont. No cabe mayor argumento sobre la ilegalidad de una ley que de principio a fin es inconstitucional. Por eso, el Tribunal Supremo debe preparar, desde ya, esta cuestión prejudicial y presentarla en el TJUE en el momento mismo en el que se apruebe la ley.
Sin ética, sin virtudes, las democracias caminan hacia la inutilidad y el fracaso. En España la democracia ha dejado de tener sentido cuando lo único que mueve a una parte del hemiciclo de la Cámara Baja de las Cortes Generales es el poder y no la ética, deslegitimando el sistema político constitucional al abandonar los intereses generales de la ciudadanía, el interés del bien común, el proyecto común de convivencia. Paz y Bien.
Rafael Leopoldo AGUILERA MARTÍNEZ
