En libertad con cargos el fundador de Obrascampo tras el pago de 150.000 euros de fianza
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha decretado la puesta en libertad con cargos para Antonio Pérez, el empresario y fundador de la ya extinguida empresa de construcción Obrascampo, después de que el pasado día 13 abonara 150.000 euros de fianza; una cuantía que se ha reducido a la mitad desde que ingresara en prisión a finales de noviembre del pasado año.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que el mismo día en el que se depositó la cuantía exigida por la instructora se dio orden para su excarcelación. Previamente, ya habían quedado en libertad sus colabores Israel M. y Francisco Miguel N., para quienes también se impuso una fianza.
El juez les imputa a todos ellos los presuntos delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los tres fueron detenidos en el marco de una investigación dirigida desde la Agencia Tributaria desde hace más de un año, acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
Las detenciones practicadas se realizaron tanto en la sede de la empresa que conduce Antonio Pérez como en domicilios. Entre los indicios detectados sobre los acusados, la investigación tratará de aclarar si se ha producido delito fiscal, blanqueo de capitales y fraude.
El empresario hizo un intento de presentar su vivienda habitual en Níjar como aval para el pago de la fianza, pero fue rechazado por la magistrada por un problema relacionado con los títulos de propiedad, según indica este miércoles ‘La Voz de Almería’.
Además de las detenciones, se practicaron dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.
MODUS OPERANDI
Según la investigación de la Policía Nacional, la operación ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que posteriormente se transfería a Marruecos, donde habrían establecido una base empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria.
Así las cosas, el entramado, formado por unas 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la Hacienda Pública.
Tras una laboriosa investigación de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello, negociaron con las entidades bancarias hipotecantes “daciones en pago” entregando los bienes hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA.
El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la Hacienda Pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos.
Posteriormente, el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.
