Exitosa protesta frente al juzgado ante la “privatización” del Registro Civil
Los sindicatos del sector Justicia (UGT, CSIF, CCOO y STAJ) se han vuelto a concentrar, este jueves, ante el Palacio de Justicia de la capital, en protesta por el inminente privatización del Registro Civil, que deja en el aire las condiciones laborales de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional. Durante la concentración, se ha exhibido una pancarta de denuncia elaborada por un grafitero, se ha representado un entierro y se han recogido firmas de apoyo entre la ciudadanía “para que el Registro Civil continúe siendo un Servicio Público Gratuito y de Calidad y en contra de la entrega del Registro Civil a los Registradores”.
Como ha explicado la portavoz de las organizaciones convocantes, Elisa García Sánchez, representante de UGT, “se van a cerrar los registros civiles de toda España, cuyas funciones serán entregadas a los Registros de la Propiedad, lo que supondrá un coste económico a los usuarios por cada trámite que realicen, así como la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo”, asegurando que “cuando se lleve a cabo esta privatización, el 21 de julio de este año, en la provincia de Almería, calculamos que se pueden perder unos sesenta puestos de trabajo, y entre cuatrocientos y quinientos a nivel regional”.
Además, la representante sindical ha denunciado que “el cierre de los registros civiles, va a suponer el pago de trámites tan cotidianos como las fes de vida, las partidas de nacimiento, los matrimonios o los expedientes de nacionalidad, y que cualquier ciudadano o ciudadana quiera realizar un trámite tenga que trasladarse al registro de la propiedad más cercano, lo que le supondrá también un gasto económico de desplazamiento”.
Así mismo, Elisa García Sánchez ha destacado que con esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil “perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales”.
Finalmente, ha manifestado que “nos oponemos a esta privatización, ya que entendemos que el Registro Civil es un servicio público y esencial del que no se puede prescindir, cuya gestión ha de realizarse por medio de una Administración que preste un servicio de calidad a la ciudadanía”.
