Fiscalía acusa a líderes del ‘procés’ de “orillar” la ley para obligar a España a aceptar la separación de Cataluña
Los dos escritos de conclusiones provisionales por los que la Fiscalía solicita condenas por rebelión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’ separatista en Cataluña incide en que con su actuación todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y “obligar al Estado a aceptar la separación” de este territorio.
“Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”, según se destaca en una nota de prensa hecha pública este viernes por la Fiscalía General del Estado.
Así se señala en ambos escritos presentados este viernes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el primero de ellos se acusa a varios de los miembros de exGovern de Carles Puigdemont, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixar (Ómnium Cultural) de delito de rebelión agravada con malversación de caudales públicos.
Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y uno de organización criminal por el que fue procesado.
El relato de hechos de ambos escritos de conclusiones se enmarca en un “contexto fáctico común”, constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados “a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social”.
MOSSOS, UN CUERPO POLICIAL ARMADO
El plan secesionista, según subraya la Fiscalía en sus escritos, contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación.
Para ello se valieron de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas “instigadas y promovidas” por los propios líderes independentistas y, por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra.
En este punto, el Ministerio Público destaca que este cuerpo policial, armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, acataría según mantiene en sus escritos exclusivamente las instrucciones de los acusados “como así sucedió”, y se preveía que llegado el caso podría “proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.
En base de los hechos que se recogen en ambos escritos de conclusiones provisionales, los delitos por los que la Fiscalía formaliza la acusacion sonl os de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a la autoridad.
No obstante, en una nota hecha pública este viernes el departamento presidido por María José Segarra como fiscal general del Estado advierte que el acto central de depuración de las responsabilidades penales será el juicio oral, y que tras la práctica de la totalidad de las pruebas propuestas por todas las partes y a resultas de las mismas será cuando los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza fijen su posicón acusatoria definitiva.
La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para Junqueras, 11 y medio para los exconsejeros y 8 para los Jordis.
La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, según el escrito remitido este viernes al Tribunal Supremo.
Para los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.
En cuanto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión. Un año menos, 7, es lo que se reclama para los exconsejeros Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) por malversación y desobediencia grave.
El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.
El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El documento consignado por los Servicios Jurídicos del Estado en el alto tribunal distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que a juicio de esta acusación jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. A seis de ellos –el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)– se les acusa de sedición y malversación.
Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir que, según el abogado del Estado, la presunta malversación –el desvío de fondos públicos para fines ilegales– fue el medio necesario para cometer el delito más grave del que les acusa, el de sedición, consistente en alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o el cumplimiento de “resoluciones administrativas o judiciales”.
NO PUDO HABER SECESIÓN SIN MALVERSAR FONDOS
“Es una obviedad decir que el proceso descrito (*) es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera”, relata el escrito.
Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen el castigo más grave por su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno”.
Por esas dos infracciones penales, para Junqueras se solicitan 12 años de cárcel mientras que los otros cinco afrontarán una petición de 11 años y medio de reclusión. Al mismo tiempo se reclama la inhabilitación absoluta de todos ellos por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.
En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados –Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)– la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública.
El primero, por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos”; y el segundo, por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional.
Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.
Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Gobierno también acusados de la misma infracción.
Por esa razón, el Abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.
LOS JORDIS LIDERARON LA MOVILIZACIÓN
Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron “actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales”.
*
Por último, el tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva, estuvo formado, según el Servicio Jurídico del Estado, por los antiguos cargos del Parlamento catalán procesados. Para la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición.
Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat acusados, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos.
FORCADELL DEBÍA HABER FRENADO PROPUESTAS CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN
Sobre los exparlamentarios, los Servicios Jurídicos del Estado inciden en que todos ellos “debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional y, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad”.
Las iniciativas más relevantes tramitadas gracias a esos miembros de la Mesa fueron la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, según destaca esta parte, que no encuentra el requisito de violencia necesaria para acusar por rebelión a ninguno de ellos.
