Gallardón (PP): “Los grupos antisistema buscan en las protestas causar daño”
La manifestación convocada en Barcelona por los estudiantes que se quejaban de los recortes en educación acabó en cargas policiales, quema de contenedores y vehículos. Una revuelta que coincidía con el Congreso de Móviles y que ha congregado a muchos profesionales del sector tecnológico. Alberto Ruíz Gallardón, en declaraciones a Herrera en la onda afirma que la revuelta de ayer perjudica seriamente la imagen de una ciudad que se ha volcado en este Congreso. El ministro declara respetar el derecho a la protesta y a la discrepancia pero advierte a los estudiantes de los grupos antisistema que se cuelan en estas manifestaciones solo buscan causar un daño importante.
Manifestación 11-M
Gallardón invita a los sindicatos a que reconsideren el ensayo general de la huelga el próximo 11-M ya que considera que es de una insensibilidad difícil de comprender: “Cada 11-M hacemos un homenaje a las víctimas y lo hacemos con respeto a su memoria y a los que se quedaron y sufren daños y no es un día ni para confundir ni para hacer cosa distintas que no sea recordar las víctimas del 11-M”.
Sentencia a Arnaldo Otegi
Gallardón discrepa de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que obliga a pagar a Arnaldo Otegi 20.000 euros de las arcas del Estado. Una sentencia que Gallardón afirma tendrán que acatar y ejecutar aunque lo hacen con disgusto. Gallardón afirma estar más conforme con las jurisdicciones españolas ya ratificadas por el Constitucional pero “cuando un estado firma un convenio internacional y asume estar sometido a una jurisdicción supranacional tiene que hacer uso de sus obligaciones y derechos tanto si le gustan las resoluciones como si no le gustan”. Gallardón prefiere pensar que “no ha habido un conocimiento tan exacto y tan extenso como tiene la jurisdicción española pero el disgusto no puede llevar a la descalificación de los miembros del Tribunal”.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confirmado este jueves que el Gobierno acatará “con disgusto” la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por considerar que se vulneró su derecho a la libertad de expresión al condenarle por injurias al Rey.
En una entrevista en Onda Cero, Gallardón ha explicado que la postura del Gobierno ante la sentencia es de “discrepancia” pero a la vez de “acatamiento” porque “el respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo” para que el Ejecutivo pueda manifestar su “discrepancia con las decisiones”.
“Discrepancia y acatamiento. Esa es la postura del Gobierno. Discrepamos la sentencia en si misma, ya lo hicimos en su día, discrepamos que se haya impuesto una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi, pero la acatamos”, ha confirmado.
En este sentido, Gallardón ha aclarado que el Gobierno debe respetar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque “esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional”, porque es su obligación no quebrantar los convenios internacionales firmados por España por los cuales el Estado asume estar sometido “a una jurisdicción supranacional, tanto si le gusta como si no”.
“No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como si lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal”, ha señalado.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado que el PP “siempre defendió la equiparación de derechos” entre las uniones de personas del mismo y de distinto sexo y que su partido “jamás ha discutido” que tengan los mismos derechos, incluidos los económicos.
En declaraciones a Onda Cero ha afirmado que él “siempre ha manifestado su opinión en este tema” y que la discusión que ha tenido lugar en el seno del PP es por la denominación porque “hay quien entendía que mejor que la palabra matrimonio era la palabra de uniones de hecho”.
En este sentido, ha explicado que “queda rotundamente clara la postura del partido y del Gobierno, que es la aprobada en el Congreso de Sevilla, y que esperarán a que decida el Tribunal Constitucional” para legislar.
“Si el TC entiende que la ley es adecuada la mantendremos y si entiende que no es una palabra que refleje la figura jurídica y hay que buscar otra, entonces la modificaremos”, ha afirmado.
ACUSA AL PSOE DE APROBAR LA LEY DEL ABORTO PARA DISTRAER LA ATENCIÓN
Por otro lado, el ministro de Justicia ha acusado al anterior Gobierno de aprobar la ley del aborto vigente para distraer la atención de la crisis económica. “Cuando por razones políticas para distraer la atención de una crisis económica que ya aparecía y que lo que se pretendía era que se hablara de otra cosa se hace una modificación unilateral del anterior consenso cuando pretendemos volver a ese consenso no se puede decir que eso sea regreso”, ha afirmado.
De este modo, Gallardón ha lamentado que el Gobierno anterior “desautorizara” una ley vigente en los Gobiernos de Felipe González, Aznar y los primeros cuatro años de Zapatero “que tenía el consenso social para regular situaciones difíciles” y que lo hiciera sin incluirlo en el programa electoral.
En este sentido, ha declarado que “no se puede ni se debe caer en la trampa dialéctica al que un sector de la izquierda pretende llevar cuando identifica determinadas posturas como más progresistas, y otras como más conservadoras” porque, a su juicio, en España “lo más progresista es defender la Constitución”.
Así, ha señalado que cuando la Constitución y el Tribunal Constitucional establecen unos criterios, “profundamente avanzados y comprensivos con el dramático conflicto y situación que se produce cuando una mujer cuando está considerando interrumpir el embarazo, lo que no se puede hacer es que suprimir directamente uno de los dos derechos que entran en conflicto, que es lo que hizo la última ley del PSOE”.
