IU propone a ayuntamientos y empresa concesionaria la creación de un fondo social para el pago de recibos del agua y alcantarillado en el Bajo Andarax
Izquierda Unida está presentando en los ayuntamientos de la comarca del Bajo Andarax una propuesta para la creación de un fondo social para el pago de recibos del agua y alcantarillado en la zona, para lo que se necesitaría el compromiso tanto de los ayuntamientos como de la empresa concesionaria del servicio, aqualia.
Este lunes, 5 de agosto, representantes de las asamblea de IU en estos municipios, María Jesús Amate (Huércal de Almería) y José Enrique Martínez (Benahadux) han informado en rueda de prensa de esta iniciativa que la organización piensa expandir por la provincia “porque el agua es un derecho y debido a esta crisis hay muchas familias sin recursos que se ven en la tesitura de tener que elegir entre pagar hipoteca, luz y agua o dar de comer a los hijos debido a los escasos recursos con que cuentan. Hemos detectado que esto se está dando en nuestra comarca de una manera drástica”, informa Amate.
De hecho uno de los municipios más afectados es Huércal, donde en las últimas semanas la empresa del agua junto con las fuerzas de seguridad han cortado el suministro a muchos hogares,” y la solución no es que cojan el agua de las fuentes y se duchen en el pabellón”.
Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, de su Asamblea General reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. La Organización Mundial de la Salud estima que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua al día por persona.
Por ello, y a sabiendas de que es algo que ya realizan otras entidades con similares modelos de gestión, “proponemos la creación de un acuerdo de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, ya que es el órgano competente en dicha materia, y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua Aqualia para crear un Fondo Social destinado al pago temporal del coste del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para las familias que acrediten la situación de emergencia”.
IU quiere dejar muy claro “que se trata de una medida que deben estudiar los Servicios Sociales y que en ningún caso se subvencionaría el desperdicio de agua, sino necesidades reales, para primeras viviendas y para personas que cumplan determinados requisitos en cuanto a renta y necesidades. No sería como en Benahadux, que se están dando 100 euros en ayudas para rehabilitar viviendas a cualquier persona, aunque se lo puedan permitir”, argumenta Martínez.
Los beneficiarios de dicho fondo social deben de ser familias con valoración desde el Servicio Provincial de Asuntos Sociales y las cuales tengan necesidades relacionadas con la falta de cobertura de las necesidades básicas. Este fondo cubriría el pago de los recibos de agua y alcantarillado, los cuales se encontrasen dentro del consumo doméstico de agua medio por habitante. Y de acuerdo con las recomendaciones internacionales, debe asegurarse la disponibilidad de la cantidad básica necesaria de agua en función del tamaño de la unidad familiar, favoreciendo así un uso racional de este recurso.
Las ayudas se concederán a los titulares del contrato con el servicio de abastecimiento de agua, Aqualia y debe de ser del consumo de la vivienda habitual y residencial.
Este Fondo Social estaría conformado por recursos económicos aportados por ambas partes. La empresa detraería de su beneficio anual mostrando así su solidaridad con la situación de sus usuarios y la Mancomunidad podría incluirlo en su canon anual y negociar el pago de este incremento a lo largo de los próximos 5/10 años.
