Izquierda Unida en la provincia de Almería muestra su compromiso con el agua como derecho humano

Izquierda Unida ha escenificado este martes su compromiso con el agua como derecho humano y contra la privatización de este servicio y a favor de su remunicipalización con un acto en el que han participado cargos públicos de la organización, encabezados por la coordinadora provincial de IULVCA y candidata al Parlamento andaluz por Almería, Rosalía Martín.

El acto ha tenido lugar en Almería, en Puerta Purchena, junto a la fuente del Cañillo (que no tenía agua), donde se ha repartido el manifiesto del Pacto social por el agua, de Iniciativa agua 2015, y Martín ha expresado, en nombre de la organización, “el compromiso de IU en la provincia de Almería para defender la garantía como derechos inalienables e inviolables de las personas de la disponibilidad y el acceso individual y colectivo a recursos potables, teniendo en cuenta  la calidad de la misma  para el consumo humano, así como la aplicación de principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social para su acceso”.

Asimismo, “reclamamos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general”. En este sentido, Rosalía Martín ha mostrado el compromiso de IU por remunicipalizar el servicio en los ayuntamientos donde gobiernen, “por una mayor transparencia y 7una mayor humanidad también. Porque mostramos este compromiso además en un día en el que han salido los datos del paro y vemos cómo en Almería sigue creciendo el número de desempleados, y eso significa más familias en situación de pobreza o en riesgo, más familias que no pueden  pagar servicios básicos como la luz y el agua, y desde IU trabajaremos para que todas las familias andaluzas tengan garantizados unos mínimos vitales”.

Martín argumentó que las administraciones tienen que evitar “que las familias más afectadas por la crisis sufran cortes de agua, pero frente a eso, en Andalucía el 48 % de las administraciones tienen privatizado el servicio, en la provincia de Almería las grandes poblaciones como Almería, Roquetas, El Ejido o Adra benefician a la empresa privada con esas adjudicaciones, convirtiendo un derecho en un negocio, donde la empresa gana y el vecino y vecina lo sufre”.

Porque entre otros casos, en Almería capital se producen al año unos 3.000 cortes de agua a familias que no pueden pagarlo, en El Ejido, ante la falta de información por parte del Ejecutivo del PP, los propios trabajadores de ElSur venían denunciando también decenas de cortes al mes. También ha habido cortes de agua a familias en Berja, donde con Aqualia los vecinos pagan el recibo al triple que hace unos años: el coste del metro cúbico de agua de uso doméstico ha aumentado un 216,43% desde 2008, según han denunciado colectivos sociales. En Roquetas de Mar, además de cortes de agua, la calidad del agua presenta una excesiva dureza y cloración y en numerosas ocasiones los análisis han dado con valores por encima de lo permitido, algo que ha pasado también en Turre, donde nuestro concejal denunció que el agua salía del grifo marrón. En Adra, donde también está privatizado el servicio (Hidralia), los vecinos llevan más de un año denunciando que se corta el suministro a determinadas horas y que apenas sale con presión.  Los sucesivos cortes han provocado roturas de electrodomésticos, y en zonas como La Alquería los vecinos sufren graves carencias en el abastecimiento de agua potable.

Frente a todo esto quiso luchar Izquierda Unida desde la Junta de Andalucía, con el decreto-ley de garantía de mínimos vitales que garantizaba una moratoria para que se impidan cortes en los suministros vitales a familias que no puedan hacer frente al pago de estas facturas. “Pero el PSOE lo ha dejado sobre la mesa al romper el acuerdo de Gobierno. Con una simple modificación de dos artículos de la Ley andaluza del agua se hubiesen impedido los cortes de agua en Andalucía, pero el PSOE no ha querido. Impulsaremos la prohibición de esos costes desde la administración andaluza y a nivel local, nos comprometemos a fiscalizar a las empresas adjudicatarias de los servicios en los municipios para lograr la remunicipalización y respetar el servicio desde lo público, para que el beneficio no se lo lleven las empresas sino que se beneficien los ciudadanos y ciudadanas”, anuncia Martín.