La actuación municipal prevista para las Casas de los Maestros responde al interés general y no obedece a ningún “desahucio masivo”
El Ayuntamiento de Almería ha negado, como se ha publicado, que haya iniciado “un “proceso de desahucio masivo” respecto a la situación de las conocidas como “Casas de los Maestros”, aclarando que la actuación municipal respecto a este asunto responde a un acuerdo unánime, adoptado por el Pleno municipal celebrado el pasado mes de agosto, por el que se encomendaba a la Empresa Municipal de la Vivienda, Almería XXI, el desalojo de las 22 viviendas municipales que se encuentran, en su mayoría, ocupadas ilegalmente. Desde el Equipo de Gobierno se ha recordado que “la decisión municipal responde a un interés general con la intención de llevar a cabo un proyecto de rehabilitación y urbanización en el entorno de la Plaza de Toros y zonas adyacentes, ampliando el espacio público. La determinación de actuación sobre estas viviendas está avalada por informes técnicos que concluyen que estas viviendas no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad para ser habitadas, con riesgo para sus ocupantes y para terceros”.
Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que las viviendas son municipales y están ocupadas, la gran mayoría, ilegalmente. Desde su construcción, hace más de sesenta años, estos inmuebles han estado afectos al servicio de la enseñanza, habiéndose cedido el uso a maestros dependientes del Ministerio de Educación, mientras éstos estuvieran en servicio activo desempeñando su actividad docente. Actualmente, los fines y destino que motivaron su afectación al servicio de la enseñanza han desaparecido y la totalidad de las viviendas que integran los inmuebles están calificadas como bienes patrimoniales de propiedad municipal, desafectadas al uso público para el que fueron destinados, como así lo ha determinado también la Junta de Andalucía.
Lamenta el Equipo de Gobierno Municipal la utilización partidista realizada sobre este asunto por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Almería, recordando que el acuerdo plenario facultaba a la Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI a la ejecución material del desalojo, así como el ejercicio de todas las acciones legales que implique el mismo. “En ningún caso se ejecuta un desahucio ni se quebranta ningún derecho, como denuncia y pretende hacer ver la Plataforma. Se trata de viviendas ocupadas ilegalmente, la mayoría, y que el Ayuntamiento, dada la situación actual de las mismas, pretende recuperar y dar solución a un problema urbanístico pero también de tipo social. No han sido pocas las peticiones vecinales en este sentido”, han recordado fuentes municipales, añadiendo que “el objetivo final de todas estas actuaciones es que en las fincas donde hoy se encuentran las referidas “Casas de Maestros” se construyan nuevos edificios destinados principalmente a viviendas, siendo éste el objeto social de Almería XXI, con especial atención a las de protección oficial”.
Desde el Ayuntamiento se quiere insistir en la situación de los inmuebles, de acuerdo con los informes técnicos realizados en su día, y que muestran una radiografía actual de su estado, “por lo que era necesaria esta decidida intervención”. Esos informes desvelan que “las viviendas, sobre todo en las plantas bajas, padecen humedades generalizadas, los muros de su estructura han sufrido numerosas perforaciones y se aprecia una defectuosa estanqueidad en cubiertas un carpinterías exteriores”.
Las deficiencias estructurales detectadas alertan del “peligro de desprendimientos y caídas en elementos como antepechos de balcones y cubiertas. Las acometidas a la red municipal de abastecimiento de agua están realizadas sin contador alguno y las instalaciones de electricidad están conectadas a la red de suministro sin contador ni cuadro de conexión”, cita el informe municipal.
La intención del Ayuntamiento es la de “resolver la situación en la que se encuentran los inmuebles municipales de la Avenida de Vilches, después de conocer, tras un trabajo exhaustivo, la situación de las personas que ocupan estas viviendas, en la mayor parte de los casos de manera ilegal, así como el estado de conservación, salubridad y seguridad de las viviendas”.
